Jorge Daniel Murillo Tolaba llevaba casi diez meses fuera del alcance de los investigadores, pero una identificación de rutina durante un control policial terminó con su fuga. El hombre, de 32 años, fue detenido este martes por la mañana por efectivos de la UCAR de la Comisaría Novena, cuando circulaba en una Ford Ranger blanca por la zona de calles Urquiza y Bandera de los Andes, en Guaymallén.
Era uno de los tres buscados internacionalmente por el histórico secuestro de 90 kilos de cocaína en Maipú, uno de los procedimientos revelados por este diario.
El procedimiento se produjo cerca de las 10.40, cuando tres auxiliares se encontraban realizando un control de personas y vehículos con el sistema biométrico en bicicletas. Detuvieron la marcha de una Ford Ranger XLT blanca, que era conducida únicamente por Murillo Tolaba.
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La consulta a través del sistema arrojó una señal de alerta. Los policías verificaron sus datos y confirmaron que sobre el conductor pesaba una orden de captura dictada el 28 de noviembre del año pasado por la Justicia federal. Esa causa estaba liderada por la fiscal Patricia Santoni y el auxiliar fiscal Juan Manuel González.
La situación fue comunicada al CEO y, minutos después, llegó al lugar una movilidad de la UAP de Guaymallén, que trasladó al sospechoso hasta la Comisaría Novena, donde quedó alojado incomunicado. En ese momento comenzaron los llamados y pidieron reserva. El Sol consultó sobre la situación de detención y fuentes del caso solicitaron que no trascendiera porque iban a realizar allanamientos vinculados a la causa.
Finalmente, las medidas se desarrollaron y permitieron secuestrar de su casa 32 millones de pesos y 1.500 dólares más. También cuatro celulares que serán sometidos a diversos peritajes.
Murillo Tolaba quedó detenido y la camioneta fue secuestrada para quedar a disposición de la investigación. Pero el procedimiento no terminó con su traslado a la dependencia policial.
Una requisa sobre sus pertenencias permitió encontrar una importante suma de dinero, estimada en 2.150 millones pesos, dólares y cuatro chips de teléfonos celulares, además de otros elementos que serán analizados por los investigadores policiales de la PCN y del Ministerio Público Federal.
La detención tiene especial relevancia porque Murillo Tolaba no era un prófugo más. Su nombre apareció entre los principales investigados por uno de los mayores secuestros de cocaína realizados en Mendoza durante los últimos años. Su hermano Héctor y su cuñada, Sandra Nievas, también tienen pedido de detención.

El cargamento que destapó la trama
La historia comenzó a quedar al descubierto durante noviembre del año pasado, cuando una investigación de la PCN permitió llegar hasta un domicilio utilizado como punto de acopio. El procedimiento del 28 de noviembre terminó con el secuestro de casi 90 kilos de cocaína distribuidos en 92 ladrillos compactados, muchos de ellos envueltos con cintas amarillas y verdes y algunos con el sello de un delfín.
Pero la droga no fue el único dato que sorprendió a los investigadores. Durante las medidas también fueron incautados aproximadamente 140 millones de pesos, 80.000 dólares, moneda chilena, armas de fuego y otros elementos de interés para la causa. No era una medida más. Tanto es así, que la ministra Mercedes Rus llegó hasta la casa, en Maipú.
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La magnitud del operativo llevó a los policías a considerar que no estaban frente a un vendedor minorista, sino ante una estructura con capacidad para trasladar y almacenar grandes cantidades de estupefacientes. Cuando ingresaron a la propiedad, solo encontraron a una menor de 14 años.
La Justicia federal apuntó entonces contra tres personas: Jorge Daniel Murillo Tolaba, su hermano Héctor Miguel Murillo Tolaba y Sandra Nieves Portal, pareja de este último. Como ninguno había sido encontrado en sus domicilios, el juez dispuso las órdenes de detención y pidió que fueran comunicadas a Interpol para incorporar los pedidos de captura internacional.
El inicio del entramado narco
La particularidad de esta causa es que no comenzó como una investigación por narcotráfico. El origen estuvo en una denuncia por violencia de género realizada a principios de junio del año pasado contra Víctor Alfonso Soza Ramírez, un hombre que se presentaba en Rodeo del Medio como albañil y que tenía antecedentes por un homicidio por el que había sido condenado a nueve años de prisión.
La investigación de la Unidad Investigativa de Maipú comenzó a mirar con atención el entorno de Soza y detectó movimientos económicos y un nivel de vida que no parecían coincidir con la actividad laboral que decía desarrollar.
El allanamiento de su vivienda del barrio 6 de Enero terminó de cambiar el rumbo del expediente. Los policías encontraron 830 gramos de cocaína distribuidos en 73 cápsulas, un arma calibre 11.25 cargada, 25 municiones, dos cargadores, 24.200 dólares y $23 millones en efectivo. También fueron secuestrados sus vehículos: una Toyota Hilux, un Peugeot 308 y dos motos.
El análisis del teléfono celular abrió una puerta mucho más grande. Entre chats, contactos y audios fueron encontrados vínculos con otras personas que, según la pesquisa, tenían acceso a cantidades de droga muy superiores a las encontradas inicialmente.
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El caso avanzó sobre distintos domicilios y movimientos de vehículos hasta llegar a una propiedad ubicada en la zona de Rodeo del Medio y Guaymallén, donde los investigadores sospechaban que se guardaba una carga de grandes dimensiones.
La vigilancia se extendió durante horas. Incluso se utilizó un dron para controlar los movimientos alrededor de la propiedad. Cuando los efectivos irrumpieron, los principales moradores no estaban allí.
En el domicilio encontraron a una adolescente de 14 años, que quedó bajo resguardo de los equipos especializados. Sus padres, Héctor Murillo Tolaba y Sandra Nieves, no pudieron ser localizados.
La investigación continuó y permitió establecer que el inmueble tenía una función central dentro de la estructura: era un lugar de acopio de cocaína.
Una ruta que comenzaba en Bolivia
La hipótesis incorporada al expediente sostiene que la organización estaba integrada por varias personas, entre ellas ciudadanos de nacionalidad boliviana, y que tenía como actividad principal la obtención, traslado y comercialización de cocaína en la provincia. De hecho, varios panes envueltos de la misma forma y con el mismo color y fueron secuestrados con el paso del tiempo en diferentes procedimientos.
Por la información a la que accedió El Sol, la droga ingresaba desde Bolivia hacia Aguas Blancas, en Salta, continuaba luego hacia San Ramón de la Nueva Orán y desde allí era trasladada hasta Mendoza.
Los ladrillos secuestrados en noviembre tenían características similares: estaban compactados y encintados con colores amarillo y verde, y algunos llevaban un sello con la figura de un delfín. La pesquisa había detectado además que detrás de la estructura podían existir financistas y colaboradores distribuidos en distintos puntos del país.
