Un choque en el Acceso Sur terminó revelando una situación inesperada: el vehículo involucrado había sido retirado de una playa de secuestros de la Ciudad de Mendoza y ahora el procedimiento utilizado para su entrega quedó bajo investigación. El conductor Pablo Nuñez manejaba con 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre.
Según información proporcionada por el Poder Judicial, Pablo Antonio Núñez se presentó ante el juzgado con la documentación correspondiente del rodado y un poder firmado ante escribano público, certificado por el Colegio Notarial.
Entre la documentación presentada figuran el título del automotor, la Cédula de Identificación del Vehículo (cédula verde), un acta extrapoder de autorización para conducir emitida el 27 de enero de 2025, además del seguro vigente y los comprobantes del plan de pago de deuda de ATM. En la documentación consta que la entrega del vehículo quedó formalizada el 19 de junio de 2025.
Tras la polémica generada, desde la Justicia solicitaron la intervención de la Oficina de Inspección Notarial para analizar la actuación de la escribana que intervino en la firma del poder y la documentación del Chevrolet Corsa. Asimismo, informaron que el vehículo permanecerá bajo custodia al ser considerado prueba dentro de la investigación penal en curso.
En medio de las repercusiones que generó el caso, surgieron versiones que vinculaban el episodio con una supuesta subasta pública del rodado. Sin embargo, la martillera pública María Manucha, encargada de los remates oficiales de la Ciudad de Mendoza, descartó de plano esa posibilidad.
“Ese caso no tiene nada que ver con un remate. En una subasta judicial el comprador adquiere derechos mediante un acta de remate y luego se realiza la transferencia correspondiente. Lo ocurrido con ese vehículo responde a otro procedimiento completamente distinto”, explicó la profesional.
Manucha detalló además que, en los remates judiciales o administrativos, existe una trazabilidad específica que impide que un vehículo sea entregado a través de un poder otorgado por un tercero. “Cuando un bien es subastado, quien tiene los derechos sobre ese vehículo es el comprador que resultó adjudicatario y abonó el importe correspondiente. Después se realizan los trámites de verificación y transferencia ordenados por la Justicia. No funciona de la manera que se describió en este caso”, sostuvo.
La martillera agregó que los procedimientos de subasta están regulados por normas específicas y cuentan con controles judiciales y administrativos. Por esa razón, insistió en que la situación que hoy se investiga no guarda relación con ninguna subasta pública realizada por el municipio ni con los mecanismos habituales utilizados para la disposición de vehículos secuestrados o bienes del Estado.