“Fraude en perjuicio de la Administración Pública en modalidad de administración infiel, en calidad de coautor”. Esa es la imputación que pesa sobre el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien fue formalmente notificado sobre su complicada situación judicial este jueves.
La investigación liderada por el fiscal de Delitos Económicos, Flavio D’Amore, busca determinar si existió una defraudación a la Municipalidad de Las Heras entre 2021 y 2023, direccionando licitaciones y contrataciones para transferir fondos de manera irregular a la cooperativa de trabajo Manos a la obra.
Además del jefe comunal, la misma imputación “en carácter de coautores” recayó sobre Janina Ortíz (secretaria de Gobierno y esposa de Orozco), Hernán Matías Mostaccio (jefe de Licencias de Conducir), Mauricio Rafael Valle (director de Compras y Suministros), Carlos Arturo Nofal (secretario de Hacienda), Mauro Sebastián Homan (director de Asuntos Legales), Daniel Germán Herrera (ex subdirector de Contaduría), Osvaldo Alberto Oyhenart (subsecretario de Políticas Sociales) y Juan Pablo Pandolfi (agente municipal contratado y yerno de Oyhenart). En tanto, Adrián Alejandro Pérez (presidente de cooperativa de trabajo Manos a la Obra) fue acusado como “partícipe primario”.
¿Cuántos años puede ir preso Orozco?
La pesquisa de D’Amore determinó que los imputados “lograron percibir de las arcas del Municipio de Las Heras la suma total de $ 35.511.386,14“, monto que ingresó a la cuenta bancaria de la cooperativa de trabajo y que “lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas“.
El fiscal argumentó su medida en dos artículos del Código Penal:
- El 173, que hace referencia a los “casos especiales de defraudación”. Entre ellos figura “el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos” (inciso 7).
- El 174, que resalta que “sufrirá prisión de dos a seis años” el “que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública” (inciso 5).
Para D’Amore, los acusados direccionaron “para su exclusivo beneficio” dos licitaciones públicas y dos contrataciones directas a favor de la cooperativa de trabajo Manos a la Obra, que “al momento de los hechos se encontraba inactiva y sin funcionamiento”. El aparente objetivo eran tareas de limpieza de calles y espacios públicos, pero en realidad lo que se buscaba era “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”, destaca la imputación.
Los antecedente de Salgado y Lobos
Dos ex intendentes peronistas fueron condenados y terminaron en prisión por casos de corrupción: Sergio Salgado (Santa Rosa) y Luis Lobos (Guaymallén). Ambos están actualmente alojados en el pabellón de funcionarios (N° 6B) del penal de San Felipe.
Salgado fue condenado a cinco años de prisión en junio de 2018, además de ser inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, por concusión (usar en beneficio propio el dinero o bienes exigidos a otra persona con abuso del cargo), malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública.
Los hechos que se le imputaron fueron el manejo irregular de estacionamiento en la playa de la feria “La Saladita”, el desvío de recursos nacionales para la construcción de una planta de destete y la emisión de cheques sin fondos por aproximadamente un millón de pesos.
Estuvo siete meses detenido en 2018, fue liberado y luego volvió al penal en 2022. En septiembre pasado pidió acceder a la prisión domiciliaria, argumentando que tiene un hermano discapacitado y sus padres enfermos, pero la Justicia rechazó la solicitud.
En el caso de Lobos, fue condenado en mayo de 2019 a 4 años y 6 meses de prisión por fraude al Estado por el caso de los empleados municipales “truchos” de Guaymallén. Su ex esposa, Claudia Isgró, también fue sentenciada como “partícipe”. Además no podrán ejercer nunca más ningún cargo público.
La investigación reveló que se liquidaban y pagaban sueldos a empleados “truchos”, que nunca cobraban la totalidad del salario porque una parte quedaba para el matrimonio
En abril de 2022 ambos quedaron presos y empezaron a cumplir en la cárcel la condena a prisión efectiva, luego de que un tribunal rechazara la petición para que ambos continuaran en libertad.
Los fallos condenatorios de Salgado y Lobos fueron confirmados por la Suprema Corte de Justicia, que determinó que “los delitos graves dolosos cometidos contra el Estado que conllevan enriquecimiento –corrupción pública–, son de carácter imprescriptible”.