Natalio Mema junto a Alfredo Cornejo. Credit: Gobierno de Mendoza

El Gobierno de La Pampa, respaldado por el mandatario provincial Sergio Ziliotto, formalizó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra Nación por las regalías de Los Nihuiles. La presentación judicial busca declarar la inconstitucionalidad del Decreto 982/2026 emitido por el presidente Javier Milei, el cual dejó sin efecto el histórico esquema de coparticipación del 50% y le otorgó a la Provincia de Mendoza la totalidad de las regalías generadas por las represas ubicadas sobre la cuenca del río Atuel, en el departamento de San Rafael.

Frente a esta ofensiva, la reacción del Poder Ejecutivo mendocino llegó. En diálogo con El Sol, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, respondió que “al gobernador de La Pampa se le mezclan los temas o los mezcla él a propósito”.

“Una cosa es la disputa por el río Atuel —-la cual no hay más avances que las distintas posiciones y en la cual Mendoza ha sido muy clara y ha cumplido con todas las directivas de la Corte Suprema-y otra cosa es el pago de regalías, donde toda la jurisprudencia -incluida la misma Corte Suprema- indica que le corresponde a Mendoza”, aseveró el funcionario.

“Fuegos de artificio”

Mema fundamentó la posición del Gobierno provincial recordando los antecedentes técnicos que derivaron en la firma de la normativa por parte del presidente Milei. “Habían dos dictámenes de distintos procuradores del Tesoro de la Nación dándonos la razón de que teníamos que cobrar nosotros las regalías. Por eso es que políticamente pudimos conseguir que el decreto presidencial nos dé el 100% de las regalías a partir de su publicación”, explicó.

En ese sentido, el titular de la cartera de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial desestimó la solidez del planteo de la provincia vecina y ratificó que Mendoza hará valer la resolución firme dictada por la Casa Rosada.

“Por lo tanto, son fuegos de artificio de La Pampa, que le interesa tener un reclamo activo de un tema que no tiene mucho trasfondo jurídico. No es un problema y obviamente tenemos todas las herramientas jurídicas para defender el decreto que el presidente de la Nación dio”, enfatizó Mema.

Asimismo, el ministro repasó el raid de gestiones administrativas y judiciales que la provincia sostuvo durante la última década antes de lograr el dictado del reciente decreto. “Tuvimos distintas instancias. La primera fue administrativa, de Cornejo contra el gobierno de Macri en 2016 para que pague bien. También en el 2020 y después en el 2022 con un reclamo judicial del gobierno de Rodolfo Suarez hasta tener esta instancia de poder tener el decreto como corresponde”, detalló Mema sobre el recorrido que completaron los últimos tres gobiernos mendocinos.

La arremetida judicial encarada por La Pampa busca frenar los efectos económicos de la norma, bajo el argumento de que la derogación del régimen de 1973 vulnera los derechos financieros del distrito sobre un recurso hídrico de carácter compartido.