La Policía de Seguridad Aeroportuaria prohibió la salida del país a una pareja chilena que se presentó con una beba recién nacida en el aeropuerto El Plumerillo para embarcar un vuelo con destino a Santiago. Si bien toda la documentación estaba en regla, para los efectivos había algunos aspectos que no cerraban del todo, y decidieron darle intervención a la Justicia de Familia.

El hecho ocurrió hace poco más de dos semanas en la sala de embarque internacional. Los pasajeros ya habían pasado con éxito los trámites de Migraciones y, aun así, fueron abordados por los policías.

Hubo tres puntos que llamaron la atención: se trataba de una pareja entre personas del mismo sexo (eran dos hombres) con una recién nacida; el permiso firmado por la supuesta mamá de la criatura no establecía fecha de regreso, sino que era irrestricto, y, por último, quien aparecía en la partida de nacimiento como padre no tenía vuelo de regreso.

La pareja chilena, al ver que la situación se tornaba complicada, llamó a un abogado que había tenido de contacto en Mendoza. Su nombre era Juan Pablo Rojas Pascual, conocido últimamente por promocionarse como director de una agencia que ofrece servicios para aquellas personas que buscan tener un hijo a través del método de reproducción asistida de gestación por sustitución, comúnmente llamado “alquiler de vientres”.

Rojas Pascual y su agencia se dedican, entre otros servicios, a buscar mujeres que quieran ofrecerse como madres sustitutas. Es uno de los aspectos cuestionados por la senadora Laura Montero en un proyecto de ley que encabeza para regular este tipo de técnica. De hecho, establece tipificar la conducta de los intermediarios como un delito.

Quienes tuvieron el primer contacto con el caso aseguraron que el testimonio del abogado confirmó que los efectivos de la PSA habían tomando una buena decisión: “Dijo que la bebé era fruto de un noviazgo que habían tenido quienes aparecían como padres en la partida y que ahora la llevaban a Chile para que la familia paterna la conociera. Claramente, eso no era así”.

La primera en recibir la causa fue la conjueza del Quinto Juzgado de Familia, Eleonora Sáez, y luego pasó al Octavo Juzgado, a cargo de Marisa Daniela Peralta, que tiene jurisdicción en Godoy Cruz, departamento donde vive la madre de la bebé.

Cuando fue consultada, la joven –que vive en una zona urbano-marginal de Godoy Cruz– aseguró que no había tenido ningún contacto con la nena luego de dar a luz. Incluso, confirmó que tampoco la había amamantado. Luego de tenerla, firmó la autorización para permitir la salida del país y ahí terminó su vínculo.

El siguiente paso será confirmar, a través de análisis genéticos, si los padres de la niña son quienes figuran en la partida de nacimiento. Cuando la causa se inició tenía sólo 38 días de vida.

Al ser consultado por este diario, Rojas Pascual, a través de mensajes, manifestó que por respeto profesional no habla de los clientes que representa, para luego señalar que no confirma ni deja de confirmar que él esté a cargo del caso.

Hasta hace unos meses, la agencia que representa, llamada Argentina Maternity y cuya inscripción legal no figura en ningún lado, promocionaba casos exitosos con testimonios de parejas del exterior que aseguraban haber tenido hijos a través de la gestación por sustitución tras acudir a sus servicios.

A principio de este año, hubo una investigación contra el abogado y su agencia tras el nacimiento de un bebé en el Hospital Español. En ningún momento se cuestionó la técnica de reproducción, sino que se hizo foco en el negocio que Rojas Pascual había montado a partir de la falta de regulación específica que existe.

De acuerdo con los datos que recabó en ese momento la Fiscalía de Delitos Complejos, el matrimonio pagó aproximadamente 400 mil pesos, entre los honorarios del estudió jurídico, el tratamiento médico y la cobertura de gastos de la mujer que puso su vientre.

Por lo pronto, tanto la pareja como la nena permanecen en la provincia y se intenta determinar si pudo haber existido la comisión de un delito.

Un proyecto para regular la técnica

El fallo del juez mendocino Carlos Neirotti y el riesgo claro de que esta técnica de reproducción asistida se convierta en un negocio, llevaron a la actual senadora nacional y vicegobernadora electa, Laura Montero, a impulsar un proyecto de ley para reglamentar y regular esta práctica médica. La gestación por sustitución gozaba de un articulado en el proyecto de reforma del Código Civil, pero por presión de la Iglesia católica fue borrado del texto definitivo y que entró en vigencia el 1 de agosto de este año.

Precisamente, Eleonora Lamm, la abogada mendocina especialista en bioética que fue una de las coautoras de aquel borrador, asesoró a Montero en el tema.

El objetivo es evitar que alguien pueda lucrar y aprovechar la necesidad de quienes no pueden tener hijos de otro modo y la situación de vulnerabilidad de la chicas que se ofrecen para alquilar sus vientres. Lo mismo ocurre con los médicos que ofrecen sus propias gestantes o las agencias que se promocionan para este tipo de actividad.

Esta intermediación, en el proyecto de Montero, está penada con una escala que va de 3 a 6 años de prisión, y se contempla el doble de tiempo para quien lo haga de manera habitual. 

La idea es que se trata de una práctica prolija, transparente y que priorice la defensa de los derechos del niño. Hay países en los que este tipo de conductas han sido tipificadas como trata de personas, específicamente, con fines reproductivos.