Luego de la polémica del pacto de confidencialidad entre el Gobierno provincial y la minera Aguilar, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié presentó en la comisión de Hacienda y de Economía de ambas cámaras de la Legislatura el decreto de compra-venta y la cesión de derechos de acciones de Potasio Río Colorado. El proyecto se debatirá primero en Diputados.
El encuentro se extendió por aproximadamente una hora y media y los diputados y senadores provinciales no realizaron grandes planteos sobre el acuerdo con la minera propiedad de José Luis Manzano. Previo a la reunión, en el Ejecutivo existía cierto nerviosismo ante la posibilidad de que se cuestionara el vínculo entre el ex ministro menemista y el estudio de abogados contratado por la empresa estatal PCR S.A.U. Sin embargo, no hubo preguntas al respecto.
Acompañado por el gerente General de PCR, Emilio Guinazú, el responsable de la cartera económica de la provincia presentó en la sala de Diputados, ubicada en calle Espejo, 14 biblioratos para que los legisladores puedan observar con precisión la información sobre el comienzo del proyecto, todo el inventario de la mina ubicada en el límite entre Neuquén y Malargüe, sobre el proceso de licitación y de las empresas mineras que se presentaron y de los estudios de impacto ambiental, entre otros.
Vaquié comenzó su exposición haciendo un recorrido histórico desde el momento que el Ejecutivo provincial se hizo cargo de los activos de la mina de Potasio, que estaba bajo la concesión de la minera canadiense, VALE. Luego, el funcionario destacó en estadísticas lo que producirá PCR y los beneficios que tendrá para la provincia.
“La inversión es de 1039 millones de dólares. Calculamos una extracción de 1.4 millones de toneladas anuales de Potasio. Se calcula la creación de más 2.000 empleos directos y de 4.500 empleados de manera indirecta”, detalló Vaquié.
Entre los acuerdos del Gobierno y la minera Aguilar, se encuentra que la Provincia se queda con un 12% de las acciones de la explotación del mineral y obliga a la compañía a realizar una serie de inversiones durante el lapso de sus cinco años de concepción.
El primer año, la minera Aguilar se comprometió a invertir 100 millones de dólares y 25 millones de la moneda extranjera para la creación de una planta piloto, que según las autoridades, podría empezar a producir dentro de 18 meses.
La presentación del decreto firmado entre la Provincia y la minera forma parte de un cronograma acordado entre las partes que tiene como meta agilizar los procesos administrativos para comenzar con la explotación de la mina. El ministro de Economía reveló que el siguiente paso con el que tiene que cumplir el Ejecutivo provincial es que se trate el acuerdo en la Legislatura.
“Nosotros lo que tenemos es un plazo fijado en el contrato desde la firma del convenio firmado por el gobernador y por las empresas privadas para que cada parte traiga lo que falta para concluirlo. A la provincia le falta la aprobación de la ley y a la empresa lo que le falta, es que nos traigan las garantías de las ofertas que hicieron que para el primer año, que son 100 millones de dólares de inversión”, deslizó Vaquié.
Respecto a la polémica del pacto de confidencialidad en la negociación entre la minera Aguilar, cuyo principal accionista es el empresario José Luis Manzano y el Estado provincial, Vaquié minimizó los reclamos por parte de la oposición y resaltó que todo el proceso fue transparente y regulado bajo las normas de Ley de Sociedades y en la Ley de Administración Financiera.
“En un proceso de subasta pública como el que hicimos, se ampara en el Código de Comercio de Argentina, en la Ley de Sociedades y en la Ley de Administración Financiera. Hay artículos que exigen una confidencialidad para que el gobierno gane dinero. ¿El motivo? Porque las empresas no tienen que saber cuántas participan, ni qué oferta cada uno para que el proceso de competencia entre ellos crezca”, afirmó.
El ministro de Economía señaló que los pactos de confidencialidad son “moneda corriente” en negociaciones de estas magnitudes, ya que son normas por el cual el mercado se rige.
“La confidencialidad de la oferta es para que compita mejor dentro del mercado. Esto es como jugar al truco con los oferentes. En las negociaciones no se dan todos los detalles porque la competencia se aprovecha de eso. El Estado no tiene que ser un bobo frente al privado”, finalizó Vaquié.