En medio del escándalo que se desató a nivel nacional tras las denuncias de serias irregularidades en el otorgamiento del programa Potenciar Trabajo, en Mendoza se conoció que desde octubre 300 personas cambiaron de unidad de gestión, y pasaron a depender de la Provincia para no tener que pagar el “diezmo” que piden las organizaciones sociales.
Este traspaso se realizó porque los beneficiarios del programa tienen la posibilidad de cambiarse de unidad de gestión una vez al año. El trámite se puede realizar a través de Mi Argentina y de ese modo no están obligados a aportar el 10% de lo que cobran a la organización a la que pertenecen.
En mayo de este año algunos beneficiarios del Potenciar Trabajo destaparon la olla tras acusar a la agrupación kirchnerista Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) de cobrar el “diezmo” y de obligarlos a participar de las marchas y reclamos políticos, entre otras cosas.
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Lo cierto es que actualmente en Mendoza hay alrededor de 24 mil personas que cobran el plan que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De ese número, la unidad de gestión gubernamental maneja 1.900 programas y el resto le corresponde a los diversos movimientos sociales. Los datos se desprenden del área de Economía Social y Asociatividad que dirige Lorena Meschini.
“Como unidad de gestión provincial nos ocupamos de la contraprestación y cargamos la asistencia. No verificamos requisitos, no cruzamos información. Este mes detectamos que había 300 personas más cuando enviaron la planilla con los titulares”, explicó la funcionaria.
A raíz de estas nuevas incorporaciones es que desde el Gobierno provincial pidieron a la Secretaría de Economía Social de la Nación que les envíe el contacto de los nuevos beneficiarios para comunicarse con ellos para que puedan empezar a trabajar.
Irregularidades
El fiscal federal, Guillermo Marijuan realizó una denuncia penal por las incompatibilidades detectadas por la AFIP entre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y pidió la suspensión y reempadronamiento de los planes que se otorgaron de manera irregular.
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Tras el cruce de datos, se detectó el cobro irregular de más de más de 250 mil planes con varias inconsistencias; entre ellas los beneficiarios eran personas que tenían autos de menos de un año de antigüedad, titulares de jubilaciones, personas con gastos de tarjeta de crédito mayor a dos veces el importe del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y beneficiarios con ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del SMVM.
“Las liquidaciones las hace el Ministerio de Desarrollo de la Nación y la Anses paga lo que dice ese Ministerio. Además, nosotros no podemos dar bajas y altas”, añadió Meschini. Por otra parte, explicó que desde el Gobierno nacional hasta el momento no se ha realizado ninguna auditoría en la provincia.
Con todo este escándalo en marcha, la funcionaria provincial dejó en claro que la administración local no tiene manera de verificar si los beneficiarios cumplen con los requisitos del programa. Solamente se encargan de organizar las contraprestaciones.
Mientras tanto, este miércoles la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, adelantó que obligará a los beneficiarios a realizar una “autogestión de validación de identidad”.
Movimientos sociales
El titular del Movimiento Evita en Mendoza, Lautaro Cruciani, se refirió a las “supuestas” irregularidades denunciadas y, al igual que la administración local, explicó que la organización no tiene incidencia y que la Nación es la que se encarga de corroborar los datos.
Actualmente, el Movimiento Evita maneja unos 1.200 Potenciar Trabajo. “Nosotros mandamos la lista y ellos hacen el cruce con Anses, ahí se obtiene la certificación negativa y si cumplen con eso pueden ser beneficiarios”, explicó Cruciani.
Más allá de que la organización no tiene forma de verificar sobre el cumplimiento de los requisitos, Cruciani aseguró que los que ingresan son personas de “bajos ingresos”.
“Entiendo que es el `Partido Judicial´ haciendo una movida política, demonizan a los movimientos sociales”, concluyó. Por otra parte, aseguró que la asistencia a las “marchas” es voluntaria.
En la misma línea se expresó el representante del Polo Obrero, Martín Rodríguez, cuyo espacio maneja alrededor de 1.100 programas.
“Esto no corre por cuenta de las organizaciones. El Gobierno tiene todos los datos de Anses y la AFIP. Le dan de baja a los programas al que no cumple con requisitos. Uno manda el listado y el Gobierno hace la devolución”, explicó Martín Rodríguez.
Por su parte, Barrios de Pie cuenta con 2.500 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El coordinador de la organización, Adrián Bonada, señaló que previo a las altas, el Ministerio de Desarrollo hace un cruce de datos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
“Hace bastante tiempo que venimos en un proceso en que no tenemos muchas altas porque el Gobierno nacional viene realizando un ajuste importante y lo distribuye por afinidad política con las organizaciones”, explicó.
Asimismo, Bonada negó que su organización cobre un “diezmo” a los miembros.
Este medio intentó contactar a la delegada del Ministerio de Desarrollo Social en Mendoza, Sonia Carmona, pero no logró comunicarse.
Cómo cambiar de unidad de gestión
Los beneficiarios pueden cambiar de unidad de gestión a través de Mi Argentina, ingresando a la sección “Mis cobros”. Además, deberán explicar el motivo por el que piden el cambio y posteriormente se emitirá un número de trámite para que el cobro quede protegido.
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Luego, el sistema les informará que no podrán volver a cambiarse hasta después de un año.
En el caso de inconvenientes, los beneficiarios pueden comunicarse al 0800-222-3294. También se puede obtener información a través del WhatsApp de la unidad de gestión provincial comunicándose al 2615690597. Además, podrán contactarse vía mail: potenciartrabajogobierno@gmail.com.