El Gobierno de Mendoza espera este lunes el laudo presidencial sobre Portezuelo del Viento para definir el rumbo de los U$S 1.023 millones. La decisión de Alberto Fernández, según sus propias palabras, será la de pedir un nuevo estudio ambiental, lo que implicaría la continuidad de la paralización de los fondos que Mendoza quiere destinar a obras hídricas.

Este 22 de agosto es la fecha límite para que el mandatario nacional emita su postura de manera oficial, la que la Provincia ya conoce por declaraciones públicas de Fernández, en las que defendió un nuevo estudio de impacto ambiental, que significará un “no” para Rodolfo Suarez.

El Ejecutivo entiende que otro análisis de ese tipo no tiene sentido, ya que ya fue realizado, y que como La Pampa seguirá rechazando la obra, eso terminará en un nuevo pedido de laudo, lo que demorará no menos de dos años.

Si se confirma el fallo en contra, la expectativa del Gobierno es que Fernández habilite la posibilidad de que esos fondos sean destinados a otras obras vinculadas a proyectos hidroeléctricos, riego e impermeabilización de canales. De esta manera, el Gobierno quiere darle uso a los U$S 1.023.362.922 que en diferentes transferencias recibe Mendoza desde Nación.

Para la construcción de la central hidroeléctrica en Malargüe, las arcas provinciales ya cuentan con U$S 472.432.623 millones en el fideicomiso constituido. El último pago fue realizado el 28 de julio, por U$S 50.082.463. La próxima transferencia será el 28 de octubre, con un monto de U$S 57.594.190.

Una opción que tiene Suarez, en caso de que el presidente no laude el lunes, es presentar un pedido de pronto despacho o una medida judicial para apurar la resolución, pero esto dilataría más la situación y los fondos seguirían guardados, lo que en Casa de Gobierno quieren evitar.

“La provincia de Mendoza tiene una economía diversificada, pero se necesita una ampliación de la matriz productiva para crecer“, dijo el gobernador en 19° edición del Council de las Américas en la que participó en Buenos Aires la semana pasada.

Este pedido de laudo fue presentado en febrero pasado por Suarez, que decidió no adjudicar la obra a la UTE MalalHue hasta tener certeza de la postura presidencial y evitar una situación de inseguridad jurídica en contra de la Provincia.

El principal oponente de Portezuelo es La Pampa, una de las provincias que integra el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), junto a Neuquén, Rio Negro y Buenos Aires; que considera que la obra es “inviable”.

Otros planes

El Ejecutivo ya dijo que convocaría a distintos sectores para evaluar qué obras son necesarias para el crecimiento de la provincia y la generación de empleo.

Entre las opciones y “plan B” que aparecen como destino de los millonarios fondos está la construcción de la presa El Baqueano, que se proyecta sobre el río Diamante, en San Rafael, y Uspallata, sobre el río Mendoza. Esto aportaría 150 megavatios de energía limpia al sistema interconectado nacional, según datos oficiales.

El departamento General de Irrigación, a cargo de Sergio Marinelli, planteó la necesidad de invertir en obras que optimicen el recurso hídrico. “Para el 2039 si no hacemos obras hídricas, debido al cambio climático, estaríamos perdiendo aproximadamente 8 mil hectáreas productivas”, dijo meses atrás.

En tanto, parte del peronismo quiere que esto sea debatido en la Legislatura, y presentó allí un proyecto. La idea es que el destino no lo defina Suarez, sino que surja del consenso legislativo.

A su vez, el intendente de San Rafael, el peronista Emir Félix, cree que los fondos deben destinarse a obras en el sur provincial, como también pretende el jefe comunal de Malargüe, el radical Juan Manuel Ojeda.