La Inspección General de Seguridad (IGS), que comanda Marcelo Puertas, estableció la obligatoriedad para todos los policías y penitenciarios de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. Si bien se apunta a obtener un “mayor control y transparencia”, el ojo está puesto en los servicios extraordinarios.

Estos servicios estuvieron en la mira años anteriores y durante el 2016, 16 comisarios generales fueron sumariados por irregularidades en el cobro de esas prestaciones. Este trabajo extra de los efectivos maneja millones de pesos al año, incluso además de particulares, los efectivos son contratados por organismos como Anses y AFIP y entidades bancarias, entre otros.

En torno a esto, Puertas relató que desde hace cinco años atrás venía solicitando la presentación de las declaraciones de patrimonio de los efectivos sin distinción de jerarquía y recién ahora se concretó.

“Se extiende a todas las jerarquías, desde los que ingresan hasta los más altos rangos. Esto teniendo en cuenta que muchas veces los de menor jerarquía tienen más ingresos que sus superiores por la prestación de servicios extraordinarios”, sostuvo el funcionario.

Para entender, un servicio extraordinario es el trabajo que desempeña un efectivo policial (en uso de sus horas de franco) en una entidad pública o privada que haya contratado cobertura de seguridad para un evento determinado.

Cuando un policía presta uno de esos servicios, por las vías legales, a fin de mes se les deposita el dinero correspondiente en su cuenta; dos tercios corresponde a los efectivos y un tercio para el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, en reiteradas ocasiones hubo casos donde la contratación era directa con un policía y se evadía la norma. Si bien no hay denuncias registradas en el último tiempo, la presentación de declaraciones juradas apunta a evitar este tipo de prácticas desleales.

“El que es transparente no va a tener problemas. Es un control más que se hace sobre los servicios”, sostuvo Puertas. Además, informó que en el Ministerio de Seguridad hay una oficina que audita estas prestaciones extraordinarias que realiza la policía.

Los efectivos tienen tiempo hasta el 30 de junio para presentar las declaraciones juradas con las modificaciones patrimoniales que se registran desde el 31 de diciembre de 2020, según quedó establecido en la resolución N° 344 de la IGS.

Por ahora las mismas deberán ser presentadas en un apartado que tendrá el sitio web del organismo, pero a futuro la idea es realizar un convenio con la Oficina de Ética Pública e Investigaciones Administrativas.

Bicameral de Seguridad

El presidente de la Bicameral de Seguridad, Rafael Moyano (PJ), adelantó que consultará a las organizaciones que agrupan a los policías, ya que no tienen sindicato, para conocer la opinión respecto de esta medida.

“Me parece que todo lo que sirva para transparentar cualquier sistema sirve. Vamos a convocar a los responsables de la Inspección para que nos brinden más detalles”, sostuvo el legislador.

Por otra parte, Moyano adelantó que pedirán una audiencia con el ministro de Seguridad, Raú Levrino, ante la negativa del mismo a presentarse a dar explicaciones en la Legislatura sobre diversos hechos.