La detención de Facundo Leal, el mendocino exfuncionario nacional y con casi dos décadas de carrera dentro del Estado, puso bajo la lupa no sólo la investigación judicial que lo involucra sino también la evolución de su patrimonio. Las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción muestran un crecimiento sostenido de sus bienes entre 2020 y 2025, aunque los montos oficialmente declarados plantean interrogantes frente a los más de US$2,4 millones en efectivo encontrados durante los recientes allanamientos realizados en Buenos Aires y Mendoza.
De acuerdo con la documentación oficial, Leal pasó de declarar un patrimonio de $38,5 millones al inicio de 2020 a informar bienes por $528 millones al asumir la presidencia del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en junio de 2025. El incremento acumulado fue de casi $490 millones, equivalente a un crecimiento nominal superior al 1.270%.
La evolución patrimonial muestra una curva ascendente prácticamente constante. Durante 2020, cuando ingresó como director de ARSAT, cerró el año con bienes por $58 millones. En 2021 alcanzó los $78,9 millones; en 2022 llegó a $118,2 millones; y en 2023 registró el salto más significativo al declarar un patrimonio de $340,8 millones, casi tres veces superior al del año anterior.
Ese crecimiento estuvo impulsado, según las declaraciones juradas, por ingresos provenientes de una explotación unipersonal, rentas y la revalorización de activos. En 2023, por ejemplo, informó ingresos netos por más de $161 millones. También declaró un incremento en el valor de su empresa unipersonal, que pasó de unos $24 millones a más de $90 millones, además de una diferencia de valuación de activos superior a los $102 millones.
Al momento de asumir en el ORSNA, Leal informó poseer siete inmuebles en Mendoza, una empresa unipersonal valuada en más de $220 millones, depósitos bancarios, dinero en efectivo, vehículos y bienes del hogar. Entre los activos declarados figuraban casas, departamentos, terrenos y una camioneta Volkswagen Amarok Black Style V6 adquirida en 2022.
Sin embargo, el aspecto que hoy concentra la atención de los investigadores es la diferencia entre los activos declarados y el volumen de efectivo secuestrado durante los procedimientos judiciales.
En sus últimas declaraciones juradas, Leal informó efectivo y depósitos por algo más de $61 millones, incluyendo una cuenta en dólares.
La principal diferencia radica en la composición de los bienes. Las declaraciones juradas muestran que gran parte del crecimiento patrimonial se explica por propiedades, participaciones empresarias y revalorizaciones contables. Por el contrario, el dinero hallado durante los allanamientos se encontraba disponible en efectivo. Sólo entre los procedimientos realizados en Buenos Aires y Mendoza se secuestraron más de USD 2,4 millones, una cifra que equivale a miles de millones de pesos al tipo de cambio actual.
Una investigación que derivó en un hallazgo inesperado
Paradójicamente, la causa que terminó con la detención de Leal no había comenzado investigándolo.
El expediente se inició a partir del robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, la empresa estatal responsable de administrar la Red Federal de Fibra Óptica y los satélites argentinos. La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez.
A medida que avanzaron las medidas de prueba, los investigadores detectaron posibles irregularidades vinculadas a contrataciones dentro de la empresa estatal. Esa línea derivó en una serie de entre 12 y 15 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.
Uno de los domicilios allanados fue el departamento que Leal ocupaba en el barrio porteño de Palermo. Allí los investigadores encontraron más de USD 650.000 en efectivo, además de divisas de distintos países, casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de éxtasis, cocaína, una balanza de precisión, bolsas tipo ziploc y diversos dispositivos electrónicos.
En paralelo, la Policía Federal realizó tres procedimientos en Mendoza. El más importante se desarrolló en un edificio ubicado en Boulogne Sur Mer y Sargento Cabral, en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza, donde fueron hallados cerca de USD 1,7 millones en efectivo.
También se efectuaron allanamientos en el barrio Dalvian y en otro barrio privado mendocino, donde se secuestró documentación y distintos elementos considerados relevantes para la investigación.
Un funcionario que atravesó distintos gobiernos
La figura de Leal también llama la atención por su permanencia dentro del Estado nacional. Abogado mendocino de 52 años y especialista en Derecho Económico, desarrolló gran parte de su carrera en organismos vinculados al transporte, la aviación y las telecomunicaciones.
Uno de sus primeros pasos relevantes fue por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), donde coincidió con el exgobernador mendocino Rodolfo Gabrielli.
Posteriormente se incorporó a ARSAT y fue escalando posiciones hasta convertirse en presidente de la empresa estatal entre 2022 y junio de 2025. Durante ese período estuvo al frente de una de las compañías estratégicas del Estado argentino, encargada de la infraestructura satelital y de telecomunicaciones.
Lejos de abandonar la administración pública tras el cambio de gobierno, continuó ocupando cargos de relevancia. En junio de 2025 fue designado por Javier Milei al frente del ORSNA, el organismo encargado de regular y supervisar el sistema aeroportuario nacional.
A ese puesto llegó luego de ser convocado por otro mendocino, Luis Pierrini. El empresario del sector seguros había llegado en mayo de 2025 a ser secretario de Transporte de la Nación de la gestión mileísta, pero su experiencia duró meses, puesto que renunció en enero de este año, en medio de otro escándalo: el supuesto desvío de $30.000 millones en subsidios a través del sistema SUBE en el área metropolitana de Buenos Aires.
El nombramiento de Leal fue formalizado mediante el Decreto 390 y tuvo carácter ad honorem debido a que ya percibía ingresos provenientes de otra función estatal. Permaneció en el cargo hasta enero de 2026.