Mientras la Fiscalía de Estado analiza la donación de un terreno del Gobierno a una de las una de las empresas madre de Edemsa, Inversora Andina de Electricidad (Iadesa), desde la administración de Rodolfo Suarez defendieron el parque solar que se prevé instalar en Uspallata, Las Heras.

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Según explicaron desde el Ejecutivo, se trata de una central generadora de energía limpia, que tiene como objetivo “mejorar el servicio en alta montaña y reemplazar gran parte del abastecimiento eléctrico de esa villa cordillerana, que actualmente se realiza a partir de combustible fósil y grupos generadores”.

Parte de la demanda de la villa se abastece por una central térmica con generadores a gasoil, con una potencia de 3,4 MVA. Con este proyecto, se apunta a reemplazar esa generación por energía limpia y renovable alcanzando 4 MVA. En concreto, los paneles permitirán abastecer el consumo anual promedio de 1.800 viviendas.

“Se trata de un largo reclamo de la comunidad que vive en esa zona, de los comerciantes y emprendedores turísticos del distrito”, explicaron desde el Gobierno de Rodolfo Suarez.

Por el momento, el proyecto se encuentra en etapa de estudios e ingeniería.

En análisis

En un primer momento, cuando se hizo el traspaso de las tierras de la DGE al Gobierno, la administración realizó las consultas correspondientes a la Fiscalía de Estado, que aprobó esa cesión. Sin embargo, no hubo consulta cuando se oficializó el decreto de la donación al privado y es por eso que probablemente el próximo miércoles el fiscal de Estado, Fernando Simón, emita un dictamen al respecto.

El cuestionamiento se generó porque el organismo recibió el expediente un día después de que se publicara el decreto Nro. 143 con la cesión de unas 10 hectáreas- que pertenecen a la Dirección General de Escuelas (DGE)- a la firma de Vila-Manzano.

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Se espera que el Ejecutivo tenga que hacer algunas correcciones a la normativa para que el organismo que conduce Simón la apruebe y pase a la Legislatura provincial para su sanción definitiva.

Según se especifica en el decreto Nro. 143, el Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública (HCAEP), perteneciente a la DGE, sugirió en un primer momento la venta del terreno a través de un proceso de subasta pública y desaconsejó la figura de comodato. 

“Está todo perfecto y está previsto ir a la Legislatura como corresponde”, insistieron desde el Ejecutivo.