La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pide que la Justicia provincial ordene al Gobierno a suspender las clases presenciales por el lapso de dos semanas.
A través una acción de amparo, el organismo solicitó que “se ordene una medida evidentemente necesaria para desacelerar la propagación de la pandemia”.
Para la APDH, el gobierno de Rodolfo Suarez “incurre en una conducta arbitraria cuando omite tomar medidas restrictivas temporarias a la presencialidad a la luz de los alarmantes datos sobre la segunda ola de COVID 19″. También menciona que publicaciones científicas internacionales “señalan el rol de los establecimientos escolares en la cantidad de personas infectadas y decesos”.
La presentación judicial destaca que Mendoza se encuentra técnicamente en situación de “alto riesgo sanitario” y por lo tanto en condiciones epidemiológicas que ameritan “adoptar medidas de limitación de la circulación”.