Legisladores vinculados a Luis Petri, encabezado por el diputado Carlos Ponce, presentaron un proyecto para limitar las reelecciones consecutivas de diputados y senadores provinciales. La iniciativa propone que los legisladores puedan cumplir dos mandatos consecutivos como máximo, incluso si cambian de una Cámara a otra, y que luego deban esperar cuatro años para volver a integrar la Legislatura.
El proyecto plantea una enmienda del artículo 64 de la Constitución de Mendoza, con el argumento de promover la renovación de la representación política y establecer reglas comunes para ambas cámaras. La propuesta no modifica la duración de los mandatos, sino que fija un límite a la continuidad consecutiva de una misma persona en funciones legislativas.
La iniciativa lleva la firma de legisladores radicales vinculados al actual diputado nacional y propone utilizar el mecanismo de enmienda constitucional previsto en el artículo 223 de la Constitución provincial. Para avanzar, requiere el voto favorable de los dos tercios de los integrantes de cada Cámara y luego debe ser sometida a consideración de la ciudadanía en la próxima elección de diputados.
Cómo funcionaría el límite a las reelecciones
El texto establece que los integrantes de ambas cámaras podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo. Una vez cumplidos dos mandatos seguidos, deberán dejar transcurrir un período completo de cuatro años antes de poder ser elegidos nuevamente como diputados o senadores.
La restricción se aplicaría de manera conjunta para las dos cámaras. Es decir, un legislador no podría completar dos mandatos consecutivos como diputado y luego pasar al Senado para continuar en funciones sin interrupción. La misma regla alcanzaría a quien hiciera el recorrido inverso.
Los fundamentos del proyecto sostienen que limitar la permanencia consecutiva permitiría ampliar las oportunidades de participación política y reducir las ventajas que puede generar una trayectoria prolongada en el cargo, como la visibilidad pública y la consolidación de redes partidarias. Al mismo tiempo, aclaran que la iniciativa no supone que quienes llevan varios mandatos hayan incurrido en irregularidades.
La comparación con el gobernador y los intendentes
Uno de los argumentos centrales de la propuesta es la diferencia entre las reglas de reelección que establece actualmente la Constitución de Mendoza para distintos cargos electivos.
Según los fundamentos, el gobernador y el vicegobernador no pueden ser reelegidos de manera inmediata, mientras que los intendentes pueden cumplir una sola reelección consecutiva y deben esperar un período antes de volver a postularse. En cambio, para diputados y senadores no existe un límite expreso al número de reelecciones consecutivas.
A partir de esa diferencia, los autores plantean la necesidad de incorporar una regla común para los integrantes de la Legislatura. El objetivo declarado es favorecer la alternancia y mantener abiertas las posibilidades de acceso a los cargos, sin establecer una prohibición permanente para quienes ya hayan ejercido dos mandatos.
Cuándo comenzaría a aplicarse
El proyecto establece que el cómputo de los mandatos comenzará con aquellos que se inicien después de la entrada en vigencia de la enmienda. De esa manera, la propuesta busca evitar que se contabilicen de forma retroactiva los períodos cumplidos antes de la modificación constitucional.
La iniciativa también encomienda a la Junta Electoral Provincial adoptar las medidas necesarias para instrumentar la consulta popular, en caso de que la enmienda sea aprobada por la Legislatura.
El texto no modifica los artículos 70 y 78 de la Constitución, que regulan aspectos vinculados con los mandatos de diputados y senadores, aunque sostiene que la nueva disposición deberá interpretarse de manera armónica con esas normas.
Otros proyectos incómodos
No es la primera vez que el petrismo propone cambios a legislaciones vigentes que generan ruido. Hace algunas semanas, una propuesta redactada por Girselda Petri y firmado por los integrantes de su bloque proponía un alivio fiscal con el que buscaban permitir el uso de saldos a favor de Ingresos Brutos para cancelar otros impuestos provinciales. La iniciativa apunta a contribuyentes que acumulan créditos por retenciones bancarias y pagos a cuenta, pero deben desembolsar dinero para cumplir con otras obligaciones tributarias.
El proyecto no contempla una baja de impuestos ni una modificación de las alícuotas, sino que busca agilizar la compensación entre créditos y deudas tributarias. También establece mecanismos para evitar que las demoras administrativas o fallas del sistema generen intereses adicionales para los contribuyentes y prevé resguardar los recursos que corresponden a los municipios por coparticipación.
También avanzaron con iniciativas vinculadas a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). En los últimos dos meses, desde el petrismo presentaron dos proyectos para desregular los precios del trámite y ampliar los plazos entre inspecciones, con especial atención a los vehículos comerciales, como taxis, remises y unidades de carga.
La primera propuesta busca que los talleres habilitados puedan fijar libremente las tarifas, sin los valores mínimos y máximos establecidos por el Estado, para que sea la competencia entre prestadores la que determine el costo. Además, plantea extender la vigencia de la RTO para los vehículos particulares: el primer control de los cero kilómetro sería a los cinco años del patentamiento y, para los autos de hasta diez años de antigüedad, la revisión tendría una duración de 24 meses.
La segunda iniciativa propone que los vehículos comerciales de menos de diez años realicen la RTO una vez al año y que los que superen esa antigüedad deban hacerlo cada seis meses. El cambio reduciría la frecuencia de las inspecciones, que actualmente se realizan cada tres meses para los rodados de hasta diez años y cada dos meses para los más antiguos, según los fundamentos del proyecto