El debate sobre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) sumó un nuevo capítulo en Mendoza. Legisladores que responden al diputado nacional Luis Petri, presentaron este viernes un proyecto para adecuar la normativa provincial a los cambios impulsados por el Gobierno nacional y avanzar hacia una desregulación del sistema que incluye talleres habilitados, plazos de vigencia y, principalmente, el esquema tarifario.
La iniciativa, impulsada por el diputado Gustavo Cairo junto a otros referentes del petrismo, propone modificar la Ley de Tránsito provincial para incorporar de manera automática las reformas establecidas por el Decreto Nacional 196/2025.
Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de los valores mínimos y máximos fijados por el Estado para la RTO, de modo que los precios pasen a ser determinados por la competencia entre los prestadores.
Actualmente, Mendoza regula el valor del trámite a través de un sistema vinculado a unidades fiscales y actualizaciones periódicas asociadas al precio de los combustibles.
Este año, la tarifa acumuló incrementos superiores al 43% y desde abril la revisión cuesta $58.600 para automóviles particulares y $64.700 para camionetas. Para las motos, los valores oscilan entre $21.700 y $40.500 según la cilindrada.
Según los fundamentos del proyecto, la reforma nacional establece que las autoridades jurisdiccionales no podrán fijar tarifas obligatorias ni limitar la cantidad de talleres habilitados para realizar las revisiones técnicas. Los autores sostienen que la apertura del mercado permitirá una mayor competencia entre prestadores y podría derivar en una reducción de costos para los usuarios.
Extención de plazos
Otro de los puntos centrales es la extensión de los plazos de vigencia. El proyecto adopta el criterio nacional que establece que los vehículos 0 kilómetro realicen su primera revisión a los cinco años de patentamiento, en lugar de los tres años actuales.
Además, los vehículos particulares de hasta diez años de antigüedad tendrían una vigencia de 24 meses entre controles, mientras que los más antiguos continuarían realizándolos de manera anual.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores argumentan que Mendoza ya asumió en su ley de tránsito el compromiso de mantener criterios de uniformidad con las normas nacionales en materia de revisión técnica. Por ello, proponen que los cambios introducidos por Nación sean incorporados de pleno derecho al régimen provincial, incluyendo la desregulación de talleres habilitados y del esquema tarifario.
La iniciativa abre una nueva discusión sobre el rol del Estado en la regulación del servicio. Mientras el sistema vigente permite que la Provincia determine los valores de la RTO, el petrismo apuesta a que sea la competencia entre empresas la que defina los precios que deberán pagar los automovilistas mendocinos.