Un peritaje técnico oficial realizado por la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional determinó que los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no son auténticos.

El estudio forense concluyó que las grabaciones presentan múltiples recortes, cambios abruptos de sonido y señales de regrabación, lo que invalida su fiabilidad como prueba directa en el expediente.

El análisis de los archivos, que habían dado origen a la investigación por presuntas irregularidades y maniobras de corrupción en el organismo, encontró además fallas sustanciales en la conservación del material antes de que llegara a manos de los peritos judiciales.

Las razones técnicas del peritaje

Los expertos forenses analizaron detalladamente las grabaciones presentadas en la causa y advirtieron que las alteraciones técnicas detectadas impiden certificar tanto la fidelidad del contenido como la autoría de las voces.

Entre los principales hallazgos del informe se destacan:

  • Cortes y edición: el estudio identificó microcortes y saltos en el flujo de audio que evidencian manipulación digital en el material original.
  • Problemas en la cadena de custodia: los peritos remarcaron que el soporte y los archivos sufrieron deficiencias en su resguardo previo, complicando la trazabilidad de las pruebas.
  • Incertidumbre sobre las voces: debido a las modificaciones técnicas encontradas, el informe técnico no pudo validar con certeza la autenticidad de los diálogos ni ratificar que correspondieran de manera íntegra a los interlocutores señalados inicialmente.

Este dictamen representa un giro clave para la estrategia de la defensa, que desde el inicio de la instrucción judicial había cuestionado el origen de las grabaciones y exigido la nulidad de las actuaciones basadas en dicho material.

El origen de la causa

La investigación judicial por las presuntas coimas y maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se originó en agosto de 2025 tras la difusión pública de grabaciones de audio que se le atribuían a su entonces titular, Diego Spagnuolo.

Aquel material filtrado señalaba la existencia de un supuesto esquema de retornos ilícitos, pagos paralelos y direccionamiento en la contratación de prestadores y en la compra de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad a través del programa Incluir Salud.

A raíz de esta divulgación mediática, la Justicia federal abrió formalmente una instrucción penal para determinar si existió una estructura montada dentro del organismo para beneficiar a determinados proveedores mediante licitaciones irregulares.

Con información de Infobae.