Esta será una semana movida en la Legislatura, con el tratamiento de dos proyectos clave para el Gobierno que no tendrán el consenso buscado por el oficialismo. Uno es el que busca sanear las cuentas de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP); el otro, el que habilita la explotación minera de Cerro Amarillo.
El peronismo decidió no acompañar la iniciativa presentada por el gobernador Rodolfo Suarez para establecer un nuevo esquema de aportes que aumenten la recaudación de la institución que brinda servicios de salud a los agentes estatales.
El FdT-PJ considera que esta no es la mejor manera para solucionar los problemas de financiamiento que tiene OSEP, con un déficit cercano al 5% en el último año. La postura en contra radica en que consideran que el “saneamiento” no debería buscarse a través del aumento de los aportes de los afiliados.
“Debería haber un acuerdo político y no creemos que con esto se resuelva la situación compleja”, planteó el presidente del bloque peronista, Germán Gómez.
Para la oposición este proyecto estaría más cerca de ser una medida tendiente más a recaudar que “a resolver las cuestiones de fondo” de la obra social.
Otras voces en contra
El diputado Jorge Difonso es otro de los que votará en contra. El legislador es parte del Frente Renovador-Unión Popular que funcionó como aliado de Cambia Mendoza en la Legislatura, pero en los últimos tiempos la sociedad se rompió y ya no será parte de la alianza en las elecciones de este año.
En este contexto, el sancarlino manifestó su posición: “No hay auditoría, no hay bicameral de seguimiento, no hay participación de los trabajadores aportantes. No puede ser que la única salida que plantee el Gobierno Provincial sea el aumento de la cuota y coseguro”.
El Partido Verde también mostró su descontento con el proyecto de Suarez. El diputado Emanuel Fugazzotto dijo que el Gobierno no debería trasladarles a usuarios del sistema “la inoperancia” de los últimos cuarenta años del peronismo y del radicalismo en el manejo de OSEP.
La iniciativa fue debatida en un clima caliente la semana pasada en la Comisión de Salud, que preside el radical Daniel Llaver, donde luego de las discusiones obtuvo dictamen favorable.
La propuesta modifica el artículo 22 de la Carta Orgánica de OSEP, relacionado con el aporte mensual al Fondo de Enfermedades Catastróficas. De acuerdo con el despacho, será del 0.75% por hasta 1 afiliado indirecto a cargo; 1.5% por hasta 2 indirectos y del 2.25% por 3 o más afiliados indirectos a cargo.
Por otra parte, en el artículo 24 se establece una modificación en el aporte que realiza la parte patronal, que del 6% pasará al 7%.
El Ejecutivo pretende incrementar su aporte en unos 2.634 millones de pesos más por año, que sumado a lo que aportarán los afiliados indirectos y los municipios, ubicaría a la suba de recursos en casi 6.000 millones de pesos.
Al proyecto original se le incorporaron tres artículos a pedido del PRO, espacio que se encuentra en medio de una interna con el radicalismo de cara a las próximas elecciones.
Su líder, Omar De Marchi, aseguró que sus legisladores acompañarán la propuesta para que sea sancionada, aunque advirtió que se trata de una “salida transitoria”. “Hay que concentrarse en qué hacemos con OSEP, porque si seguimos así vamos a pedir otro puntito más el año que viene”, dijo el diputado nacional.
Los cambios que se hicieron disponen que semestralmente la OSEP deberá enviar un informe con detalles sobre los avances que tenga en materia prestacional y presupuestaria a los ministerios de Hacienda y de Salud, y a las comisiones de Salud de ambas Cámaras.
También establecen la suspensión de la incorporación de personal administrativo, salvo en aquellos casos que el ingreso se origine por el reemplazo de bajas, por jubilación o renuncias, que se encuentren debidamente respaldadas.
A su vez, mejoran los sistemas de control de la conducta prestacional de los profesionales y las instituciones prestadoras de servicios, especialmente en los departamentos alejados, para evitar el cobro indebido de coseguros y asegurar el cumplimiento de los convenios vigentes.
Cerro Amarillo
El miércoles también se espera el tratamiento del proyecto minero Cerro Amarillo. Los diputados peronistas tendrán libertad de acción para votar, tal como lo hicieron en el Senado, donde algunos no acompañaron, mientras que otros se abstuvieron. Es por eso que en la Cámara Baja podría verse un PJ dividido.
Lo que se votará será la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que según el oficialismo, cumple con todas las normativas vigentes para habilitar la explotación del yacimiento ubicado en Malargüe.
Por su parte, Difonso aseguró que la normativa es “violatoria de toda la legislación ambiental nacional y provincial”.
El proyecto autoriza la exploración de pórfido de cobre, con nueve pozos para extraer material que será analizado para evaluar la potencialidad del yacimiento.
Desde el Gobierno aseguraron que, si se autoriza la explotación, las inversiones serían de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en los próximos años, con miles de puestos de trabajo.
Además, señaló que el proyecto cumple con lo establecido por la Ley 7722, ya que utiliza el sistema de perforación de Diamantina sin el uso de sustancias prohibidas por dicha ley y cuenta el mismo con sectorial de Irrigación y de Malargüe.
El martes a la tarde se confirmará si estas iniciativas llegan al recinto el miércoles, tras la reunión de labor parlamentaria.