Esta mañana el gobernador, Francisco Pérez, junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente firmaron el convenio para poner en marcha la implementación del servicio de monitoreo, supervisión y rastreo electrónico. Se trata de las pulseras satelitales que permitirán el control de los presos con arresto domiciliario. En total hay 320 personas que están en esta situación pero se ponen a disposición 100 pulseras electrónicas.

Este sistema de control de arresto domiciliario funciona a través de un equipo que va instalado en el domicilio del arrestado y una pulsera que lleva en el tobillo con una traba plástica. En caso de la persona se aleje del rango del domicilio, o se produzca la ruptura de la membrana o la malla plástica, o bien se quite la pulsera, se envía el alerta correspondiente.

“Es una comunicación directa con el centro de monitoreo”, explicó el director del servicio penitenciario bonaerense, Gustavo Toto. Pero además en el artículo dos del convenio que se firmó, se pone a disposición de la autoridad judicial las pulseras electrónicas para que sean utilizadas por personas que tengan prohibición de acercamiento en casos de violencia de género.

 

Para estos casos se coloca una pulsera en el tobillo del agresor con una caja receptora comunicada por celular, la mujer lleva un equipo similar con una antena de mayor dimensión pero sin la pulsera. De esta manera a la víctima se le fija un rango, que puede ser hasta mil metros, y cuando el hombre se acerca se emite un alerta y la policía recibe un reporte.

A diferencia del botón antipánico, este sistema apunta a la prevención para evitar que las víctimas sean agredidas físicamente. “Ponemos a disposición de la autoridad judicial la herramienta para que los violentos puedan tener un remedio para contrarrestar a los violentos”, indicó Rodolfo Lafalla.

También se presentaron otros proyectos para mejorar funcionamiento de la justicia. Por un lado una iniciativa para crear la justicia comunitaria y del consumidor. Es decir que se busca agilizar los tiempos para que los problemas de consumidores y de vecinos puedan resolverse en una sola audiencia. Los juzgados de paz departamentales serán quienes tendrán la potestad para resolver esas causas.

También se conformarán comisiones que van a trabajar para reformar el código procesal civil de Mendoza, para adecuarlo a los cambios que sufrió el código a nivel nacional. Por último se presentará también un proyecto de creación del expediente digital apuntando a “despapelizar” el Poder Judicial, como explicó Llorente.