El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le dio la razón a la Provincia de Mendoza y dejó sin efecto el reconocimiento que habían obtenido tres comunidades de presuntos mapuches para ocupar territorios en el Sur de Mendoza, y que fue obtenido durante la gestión anterior.
La decisión del organismo a cargo de Claudio Avruj se condensa en tres resoluciones -9, 10 y 11- que revocan los reclamos hechos por Lof El Sosneado, Lof Limay Kurref y Lof Suyai Levfv, ubicadas en los departamentos de San Rafael y Malargüe.
En diciembre del año pasado, el organismo había derogado un decreto que establecía la emergencia en tierras consideradas como propiedad indígena. Con esa decisión, permitió que se pudieran agilizar los desalojos en lugares conflictivos.
En septiembre de 2023, el Gobierno de Mendoza impugnó el reconocimiento que el INAI había hecho, argumentando que la Provincia no fue debidamente consultada ni tuvo participación efectiva en los procedimientos, lo que vulnera su autonomía y las competencias compartidas establecidas en la Constitución Nacional.
En sus planteos, el Ejecutivo local sostuvo que la falta de intervención provincial afectó el debido proceso y el respeto a la administración de justicia local. Luego, recurrió a la Corte Suprema de la Nación para solicitar la inconstitucionalidad de las resoluciones del INAI, alegando arbitrariedad y extralimitación en sus competencias.
Hoy, en el Boletín Oficial de la Nación, se publicó la resolución que revoca los fallos arbitrarios del INAI, que en 2023 intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado.
— Hebe Casado (@hebesil) February 5, 2025
Gracias a la acción administrativa de… pic.twitter.com/px9MYpIgUE
El Instituto de Asuntos Indígenas resolvió anular decisiones anteriores en los que se reconocían derechos territoriales de esas supuestas comunidades y reconoció que se había vulnerado la autonomía de Mendoza. Por ello, consideró medidas que garanticen la efectiva participación de la Provincia en los procedimientos administrativos y judiciales. La decisión también fue comunicada a la Corte Suprema y a las partes involucradas.
En sus fundamentos, el organismo nacional destacó la importancia de articular acciones con las provincias para asegurar el cumplimiento de los derechos indígenas dentro del marco del federalismo concertado.
Este conflicto pone en evidencia las tensiones entre Nación y las comunidades que se autoperciben mapuche en materia de reconocimiento territorial indígena. Mientras las comunidades afectadas han manifestado preocupación porque sus reclamos han sido rechazados, en el Gobierno de Mendoza celebran la decisión como una victoria en la defensa de su autonomía y administración de tierras.
El desenlace de esta disputa dependerá en gran medida de la resolución de la Corte Suprema, que deberá definir el alcance de las competencias nacionales y provinciales en la implementación de la Ley 26.160, que regula el relevamiento territorial indígena en el país.