La histórica sentencia que halló culpable a la red de beneficios judiciales liderada por el ex juez federal Walter Bento tuvo un fuerte impacto en las filas de la seguridad local. Tras conocerse el veredicto del Tribunal Oral Federal Nº2, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, salió a marcar una postura tajante respecto a los dos efectivos condenados, José Gabriel Moschetti y Martín Bazán Guerra.
La funcionaria fue enfática al despegar a la institución de las conductas de los sentenciados: “No representan a la Policía de Mendoza, a la que tengo en alta consideración”, afirmó en diálogo con El Sol, buscando encapsular el daño provocado por quienes utilizaron el uniforme para blindar el crimen organizado con Bento a la cabeza.
Respecto a la situación administrativa de los involucrados, Rus detalló una hoja de ruta que termina en la expulsión definitiva. El ex comisario Moschetti ya se encuentra en baja obligatoria desde 2023 por haber superado el límite de días inactivos, perdiendo su estado policial de forma previa al fallo.
Por su parte, el oficial principal Bazán Guerra, quien se encontraba en actividad, fue pasado de inmediato a disponibilidad. Sin embargo, la ministra advirtió que el proceso administrativo no se detiene en estas medidas cautelares: “Cuando quede firme la sentencia, procederemos a la exoneración de ambos para garantizar que no puedan volver nunca más al Estado”, aseguró, marcando el carácter irreversible de la sanción.
El “Moncho” Moschetti: el comisario que informaba a delincuentes
El perfil de José Gabriel “Moncho” Moschetti (49) tuvo peso en el debate. Con rango de comisario y un pasado como jefe regional de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) en el Valle de Uco, su rol fue clave como la “pata policial” de la banda.
Para los investigadores, Moschetti no mantenía una relación típica de informante con el ex despachante de aduanas asesinado, Diego Aliaga -nexo de la banda asesinado en 2020- ni con el narco Walter Bardinella Donoso.
Por el contrario, eran Aliaga y Bardinella quienes aprovechaban la posición estratégica de Moschetti para obtener información sobre investigaciones de narcotráfico y contrabando, permitiendo incluso fugas masivas antes de los allanamientos.
Como contó El Sol, la traición al uniforme quedó documentada en episodios de gran audacia delictiva. Apenas tres días después de que Bardinella Donoso fuera detenido en el sur provincial con más de 200 kilos de marihuana en marzo de 2020, Moschetti se presentó en el área de Medios Técnicos de la PCN.
Según la instrucción, el comisario pretendía llevarse el teléfono secuestrado al narco, cambiarlo por otro aparato o acceder a sus archivos para borrar pruebas incriminatorias. Además, su estilo de vida no coincidía con sus ingresos: se le comprobó la compra de una moto Yamaha de 20.000 dólares y, en un allanamiento doméstico, su ex mujer encontró escondidos en una de sus camperas la cifra de 200.000 dólares en efectivo, tal como revelaron informes internos de la propia fuerza.
Por estos hechos, el Tribunal lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por ser miembro de la asociación ilícita comandada por Bento. Moschetti había recuperado la libertad en mayo de 2024, luego de que el Tribunal Oral Federal Nº2 hiciera lugar a un pedido de cese de su prisión preventiva con la condición de presentarse a todas las audiencias del juicio, entre otros puntos.
Bazán Guerra: el oficial de los nexos judiciales
En el caso de Martín Bazán Guerra (45), la condena fue de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el delito de cohecho activo. Con más de 12 años en la fuerza y rango de oficial inspector, Bazán Guerra también tuvo un paso por áreas sensibles como la PCN y la Policía Vial. Su vinculación con la trama de Bento se dio a través de sus relaciones con abogados ya condenados en el proceso, como Martín Ríos, y otros sujetos vinculados al mundo delictivo local.
En el juicio se comprobó que Bazán Guerra operaba como un facilitador de nexos ilegales, utilizando su conocimiento de la fuerza para aceitar los engranajes de la red de coimas a cambio de beneficios judiciales.