El fallo de las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas fue contundente respecto a la recuperación de activos obtenidos de manera ilícita. Bajo el amparo de los Artículos 23 y 305 del Código Penal, el Tribunal Oral Federal N°2 dispuso el decomiso de bienes que reflejan el nivel de enriquecimiento de la familia Bento a lo largo de todo el tiempo en el que funcionó una organización criminal que cobraba coimas a cambio de favores procesales en la Justicia Federal y que tenía al ex magistrado Walter Bento -condenado a 18 años de prisión– como máximo organizador.
El jueves (un día antes de la sentencia), Diego Velasco -de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)- argumentó el pedido de la Fiscalía:
“Entendemos que varios de los bienes han sido derivaciones directas de los delitos cometidos en el delito de lavado de activos y en uno de los hechos de cohecho”. Y enfatizó que el objeto es organizar la “percepción de las rentas originadas vinculadas a los delitos. Si estas rentas no son controladas, estaríamos propiciando la continuación del delito”.
El imperio inmobiliario afectado
La lista de inmuebles sujetos a decomiso es extensa y se concentra en algunas de las zonas más exclusivas de Mendoza y alrededores. La Fiscalía hizo una serie de pedidos. Algunos fueron considerados y otros desestimados. Para dar cuenta de los bienes que pasan a manos de la Justicia, aparecen:
- Villa Palmares: el tribunal afectó múltiples unidades en las Torres Eugenia y Carolina. Entre ellas, el departamento de la Torre Eugenia donde residía Nahuel Bento. Se trata de un departamento, una cochera y y una baulera ubicados en la calle Paul Harris s/n, Torre Eugenia, Villa Palmares. Departamento Unidad 150, décimo primer piso, Baulera Unidad 33, segundo subsuelo. Cochera Unidad 31, segundo subsuelo.
- Dos departamentos, dos cocheras y dos bauleras ubicados en calle Paul Harris s/n, Torre Carolina, Villa Palmares: departamentos U 154 y U 170. Bauleras U 131 y U 132. Cocheras U 55 y U 56.
- Complejo Vista Cruz: se incluyó un departamento en el Piso 9 del Edificio 1, con su respectiva cochera, en el complejo ubicado sobre Avenida San Martín Sur.
- Locales comerciales: la Justicia decomisó siete locales en el Fideicomiso Il Mercato (Maipú). ubicado en 25 de mayo oeste y Ozamis Sur, comprende los locales L3, L4, L5, L15, L19, L20 y G2.
- Tres departamentos con cochera en el Fideicomiso Bosques de Mayo. Unidades habitacionales 47, 48 y 49 con cochera. Ubicados frente a calle Ozamis Sur 551, esquina nordeste de calle 25 de mayo.
- Otras propiedades: un inmueble en la calle Avenida España (Ciudad) y una cochera en el Edificio Puy V de calle Pedro Molina, también en la Capital..
Una flota de lujo y dinero efectivo
Además de los ladrillos colocados, la organización sufrió la pérdida de una flota de vehículos de alta gama que incluye:
• Dos modelos de Audi. Uno, Sedan 4 puertas, S3 2.0 TFSI QUATTRO y, el otro, A3 1.4 T FSI. Además, dos BMW (X6 y 335 i).
• Una camioneta Volkswagen Amarok 2.0 TDI.
• El dinero en efectivo que fuera secuestrado originalmente durante los allanamientos en la residencia de la familia Bento en el Barrio Palmares. No es especifica el monto.
A pesar de la magnitud de la medida, el tribunal resolvió no hacer lugar al decomiso de ciertos bienes específicos.
Se trata de La casa familiar en el Barrio Palmares (calle Milán), un vehículo Audi Q5 y un local comercial en la calle 9 de julio de Ciudad.
Asimismo, se ordenó la restitución de bienes a personas que no resultaron condenadas a estas penas económicas, incluyendo a Luciano Ezequiel Bento, quien recuperará sus activos con excepción de los expresamente decomisados en la sentencia. Luciano Bento fue absuelto este último martes por falta de acusación fiscal.
En el caso de la casa en Palmares, el tribunal hizo lugar a los planteos de la defensa en relación a que en esa propiedad vive Facundo Bento, hijo del matrimonio que posee una encefalopatía crónica no evolutiva. Ese inmueble no será decomisado.
Custodia y administración: el rol de la Corte
Para asegurar que estos bienes no pierdan valor ni se deterioren mientras la sentencia es apelada, el tribunal tomó una decisión operativa clave: requerir al Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la designación de un interventor judicial o administrador
¿Cómo funciona el interventor y qué sigue? Fuentes judiciales consultadas por El Sol deslizaron que la figura del interventor se utiliza para actuar sobre sociedades por lavado de activos en términos de la Ley de Sociedades, aunque en este caso es distinto. Las juezas requirieron a la Corte un administrador judicial y, de esta forma, los bienes dejan de estar en esas manos oficialmente.
Resta que pasen los 40 días que dispone el tribunal para dar los fundamentos y así obtener más detalles de este aspecto de la sentencia. Es decir, hay que ver cómo se materializa. Las rentas de, por ejemplo, los alquileres de los Bento van a ser manejados por el administrador. Todo ese dinero iría a una cuenta a nombre del tribunal. Los Bento dejan de poder actuar como dueño de los bienes, aunque cabe aclarar que ya se había dispuesto el embargo preventivo antes de la elevación a juicio.
Otro interrogante: ¿habrá secuestro de autos? Lo cierto es que en la sentencia no se específica, pero se podría proceder al secuestro de bienes muebles sí así lo fundamenta el tribunal.
Un punto clave que explicaron en los pasillos de la Justicia es que no es necesario decomisar un bien a efectos de pagar las multas que pesan sobre Walter Bento, Nahuel Bento y Marta Boiza. La multa es una obligación del condenado. En este caso es una medida más y es accesoria. Desde el viernes a la ejecución, el monto se actualiza. Ocurre que Argentina tiene la particularidad de que todo se calcula con depreciación monetaria en base al momento en el que se cometió el ilícito. Por ello se termina actualizando. La camioneta Amarok decomisada había sido solicitada para “decomiso por multa” por parte del Ministerio Público Fiscal.
A través de la Acordada 22/2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que la información contenida en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal (BBSD) con el fin de otorgar mayor transparencia al sistema.
Si no amerita la subasta de bienes muebles y pudieran tener una utilidad inmediata y concreta para la comunidad, el magistrado interviniente podrá disponer mediante resolución fundada su entrega a las autoridades nacionales, provinciales o municipales o, en su defecto, a entidades de bien público debidamente registradas, con el objeto de que se destinen prioritariamente a programas vinculados con la asistencia a víctimas, educativos, de salud, reinserción social o contención de personas en situación de emergencia o vulnerabilidad.
En lo que respecta a bienes inmuebles, la Corte podrá afectar y asignar, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura de la Nación aquellos bienes inmuebles que hubieran sido decomisados, a los fines de su utilización por parte del Poder Judicial de la Nación.