El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura de dos proyectos de ley que buscan establecer un régimen de regalías mineras y crear un Fondo de Compensación Ambiental.
La medida apunta a dar mayor previsibilidad a la distribución de los ingresos generados por la actividad extractiva y a fortalecer los mecanismos de control y reparación ambiental.
El anuncio fue realizado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, durante la presentación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II).

La funcionaria cornejista, que estuvo acompañada por la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; y los intendentes Celso Jaque (Malargüe) y Francisco Lo Presti (Las Heras), destacó que la presentación marca un nuevo hito dentro del proceso de desarrollo minero provincial.
“Esto no es el fin de nada, sino un paso más dentro de una política pública que se construye entre el Ejecutivo, la Legislatura y los municipios”, resaltó.
Un vacío normativo
Latorre sostuvo que Mendoza “no cuenta con una ley específica de regalías mineras” y que la iniciativa “busca saldar esa deuda pendiente, estableciendo criterios claros de recaudación, distribución y fiscalización de los recursos generados por la actividad”.
El nuevo Régimen de Regalías Mineras prevé la participación de distintos niveles del Estado en el control y administración de los fondos. Según explicó la ministra de Energía, la intención es “dar transparencia al manejo de los aportes que generan los proyectos mineros, garantizando que se destinen a obras y acciones que beneficien directamente a las comunidades donde se desarrollan las actividades”.
Fondo de Compensación Ambiental
El segundo proyecto presentado crea el Fondo de Compensación Ambiental, que se aplicará a todas las actividades extractivas, no solo mineras. Su objetivo será financiar políticas de prevención, mitigación y restauración ambiental frente a eventuales impactos derivados de la explotación de recursos naturales.
“Queremos que la provincia cuente con un instrumento permanente para asegurar la reparación ante posibles daños ambientales y, al mismo tiempo, fortalecer las tareas de control”, indicó Latorre.
El fondo estaría integrado por:
- Multas, tasas y tributos vinculados a normativa ambiental provincial.
- Indemnizaciones judiciales por daños ambientales.
- Aportes exigidos en declaraciones de impacto ambiental.
- Subsidios, donaciones, convenios y legados.
- Créditos nacionales o internacionales destinados a prevención, mitigación o restauración ambiental.
- Asignaciones establecidas por leyes especiales.
- Recuperos obtenidos mediante acciones legales contra responsables de daños.
- Rentas o inversiones realizadas con los bienes del Fondo.
Asimismo, el proyecto declara la exención total de impuestos provinciales y municipales sobre los recursos y dispone su inembargabilidad para asegurar su destino exclusivo a la recomposición ambiental.
Contexto y control
Durante la presentación, la ministra recordó que las Declaraciones de Impacto Ambiental para los proyectos PSJ Cobre Mendocino y MDMO II, que necesitan aval legislativo, “no son un cheque en blanco” ya que incluyen “una serie estricta de condiciones técnicas y ambientales”, fiscalizadas por la UGA, Irrigación, las autoridades sectoriales y la Policía Ambiental Minera.
“Hemos presentado la declaración de impacto ambiental del Distrito Minero Malargüe II, que incluye 27 proyectos, y ayer ingresaron otros 71 de la Fase 3 del mismo distrito. Además, estamos presentando la declaración de PSJ Cobre Mendocino, un proyecto que atravesó un proceso ejemplar por su amplitud de participación ciudadana y transparencia institucional”, señaló Latorre.
Repercusiones en los municipios
El intendente de Malargüe, Celso Jaque, afirmó que la presentación de nuevas declaraciones de impacto ambiental “es un paso muy importante dentro de la política que venimos desarrollando junto al Gobierno provincial, para que la minería, especialmente la metalífera, pueda concretarse en Mendoza”.
Sobre los proyectos legislativos, consideró que “era necesario tener reglas claras y un fondo ambiental que garantice la reparación en caso de contingencias”.
Por su parte, el jefe comunal de Las Heras, Francisco Lo Presti, sostuvo que el tratamiento del proyecto PSJ Cobre Mendocino “se ha seguido con transparencia y participación, con miles de mendocinos involucrados”.
Afirmó que la discusión actual “ya no pasa por minería sí o minería no, sino por cómo desarrollarla de manera controlada y sustentable”.
