El Gobierno de Mendoza comenzó a aplicar el brazo ejecutor de la Ley 9.414, sancionada en 2022, con el objetivo de frenar la urbanización descontrolada en el cordón precordillerano. Luego de que días atrás se publicara el decreto que reglamenta el régimen de sanciones, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, advirtió que la provincia no dudará en utilizar medidas extremas, como el secuestro de materiales y la demolición de obras, para quienes ignoren la zonificación.
“No buscamos ni recaudar ni obstruir, buscamos que el desarrollo sea equilibrado y que haya una disciplina real territorial“, afirmó en diálogo con la prensa. La medida surge para acabar con la clandestinidad en lotes del sector.
Inspecciones y las primeras irregularidades
Baduí confirmó que los operativos de control ya están activos en el territorio. “Estamos con inspecciones in situ y coordinadas con el Ministerio de Ambiente. Sí hemos detectado algunas cuestiones irregulares, aunque por ahora son menores desde lo administrativo y no sobre cuestiones de estructura”, explicó.
El foco de los inspectores está puesto en el cumplimiento de las pautas mínimas de urbanización. La funcionaria fue tajante respecto a las dimensiones de los proyectos: “No puede haber terrenos de 200 metros en el Piedemonte. Los lotes tienen que ser sensiblemente más grandes para respetar la fragilidad de la zona y no obstruir obras hidráulicas ni ríos secos. Sobre todo por los mendocinos que viven hacia abajo. Lo que se busca es respetar lo que dice la ley en cuanto a las pautas mínimas de urbanización que se establecen”.
Multas de hasta 100 millones
El nuevo esquema de sanciones establece una graduación según la gravedad del daño ambiental o el riesgo generado. Según contó Baduí, las multas tienen un piso de 5 millones de pesos para faltas leves, pero pueden escalar hasta los 100 millones de pesos en casos muy graves.
Sin embargo, el castigo económico no es la única herramienta. El decreto faculta a la Subsecretaría de Infraestructura a:
- Paralizar obras en un plazo de 24 horas.
- Secuestrar maquinaria y materiales de construcción.
- Ejecutar demoliciones en aquellas estructuras que contravengan la ley de zonificación.
- Inhabilitación de profesionales que participen en proyectos clandestinos.
“Lamentablemente, a veces se tiene que llegar a la multa. Para aquellos que cumplan con la ley, este decreto les será inocuo. Para quienes no lo cumplan, está previsto un régimen de sanciones severo”, concluyó Baduí.
Existe una responsabilidad solidaria que alcanza a tanto a propietarios del terreno. como a empresas promotoras, constructoras y profesionales técnicos intervinientes.
El decreto precisa que serán sancionadas conductas como la comercialización irregular de parcelas, la degradación del suelo, el daño al arbolado o a la flora y fauna, y especialmente cualquier acción que afecte los cauces aluvionales, vitales para prevenir inundaciones en el Gran Mendoza.