– Cuando yo sea ministro, ustedes van a estar bien porque yo voy a tener todo el poder.

– Cuando vos seas ministro, vas a tener el poder porque nosotros te vamos a bancar.

Ese diálogo quedó registrado en las escuchas ordenadas por el entonces fiscal especial Luis Correa Llano. Corría el año 2006 y la barra brava de Godoy Cruz quedaba en la mira de la Justicia por haber suspendido el partido debut de local del Tomba en primera, contra Arsenal de Sarandí.

El primero que habla en la escucha es Omar Pérez Botti, un histórico dirigente del peronismo godoicruceño que buscó algo de poder sumándose al gobierno de Julio Cobos. Fue miembro de la Inspección General de Seguridad, director del penal de Boulogne Sur Mer, titular de la Dirección de Inteligencia Criminal y llegó a ser subsecretario de Seguridad.

En el momento de esa grabación, Pérez Botti era el encargado de la seguridad deportiva y responsable del equipamiento de la flamante cárcel de Almafuerte. Pérez Botti (falleció en 2010) quería ser ministro. Ese era su objetivo por esos años. 

El segundo interlocutor, que responde con tono soberbio, es Daniel “Rengo” Aguilera, que mostraba hasta dónde llegaba su capacidad de negociación como jefe de la hinchada del único equipo mendocino en Primera División. Daniel y su hermano, Diego, llegaron a ese lugar unos años antes, luego de la muerte de Sandalio Arabel Rosales, ejecutado a la salida de un partido en el Feliciano Gambarte.

Aquella investigación, que finalmente quedó en la nada, salpicó a diferentes áreas del Gobierno y las esquirlas pegaron muy cerca del por entonces diputado nacional Alfredo Cornejo.

La existencia de escuchas telefónicas había generado nerviosismo en el radicalismo local. El ex subsecretario de Justicia, Alejandro Acosta, intentaba averiguar qué teléfonos estaba intervenidos, mientras funcionarios de extrema confianza de Cornejo visitaban al fiscal Correa Llano con la intención de que, a partir de una vieja amistad, lograra frenar la causa.

Ganar la guerra por el control del barrio La Gloria convirtió a Aguilera en puntero político al mejor postor.

La investigación también había tocado a Sergio Pinto, quien estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Las pruebas era contundentes: además de las escuchas, se secuestraron facturas que demostraban que esa cartera había pagado micros para trasladar a los barras a otras provincias.

Aguilera seguía amasando poder a partir de sus contactos políticos. Una vez que logró zafar de esa causa, intentó recluirse un poco. Se lo vinculó a tráfico de drogas, contrabando y tentativa de homicidio. Finalmente, fue condenado sólo por abuso de armas y logró imponerse en la sangrienta guerra contra Marcelo “Gato” Araya por el control del barrio La Gloria.

Eso lo catapultó, además, como un puntero político al mejor postor. Por eso desde el sector del PJ del Godoy Cruz que comandaba el actual ministro de Agroindustria, Marcelo Costa, se lo contactó para movilizar gente en las elecciones de medio término de 2013. Y por eso a su hermano, Diego, se lo vio en 2011 agitando y alentando en un acto que buscaba posicionar a la fórmula peronista conformada por Francisco Pérez y Carlos Ciurca.

Ese vínculo entre la política y los barras se terminó de blanquear en enero de 2012, cuando Carlos Aranda, quien se desempeñaba como ministro de Seguridad, se reunió en una estación de servicios céntrica con Rafael Di Zeo, uno de los líderes de la barra brava de Boca.

El motivo del encuentro era arreglar la llegada de “La Doce” a Mendoza para asistir a un partido frente a River que estaba por disputarse. En aquel momento, el gobernador Francisco Pérez, quien este lunes pidió a los fiscales que se pongan los pantalones largos, felicitó a Aranda por entender que no había formar de frenar a los violentos y que, la mejor solución, era negociar.