El acuerdo del Gobierno con las distribuidoras eléctricas para que desestimen un reclamo millonario y la implementación de un plan de obras que será pagado por los usuarios son los temas que “calentarán” la audiencia pública que se realizará este martes para debatir un nuevo incremento en la boleta de la luz.
En el encuentro se debatirá un ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), único ítem de la tarifa que le corresponde a la Provincia. Pero esta vez, el encuentro tendrá un condimento especial.
Es que la Secretaría de Servicios Públicos explicará los detalles del convenio firmado que extendió la concesión del servicio por 20 años a Edemsa, que a cambio renunció a una deuda de $146 mil millones por ingresos no percibidos durante varios periodos.
La presentación por parte del Ejecutivo estará a cargo del coordinador de Gabinete de la Secretaría, Manuel López González. De acuerdo con el organismo estatal que conduce Natalio Mema, será una “exposición sobre los aspectos más relevantes” del acuerdo.
Desde las entidades defensoras de los derechos de los consumidores señalaron que la presentación del Gobierno será una “puesta en escena” más que un intento de explicarle a los ciudadanos las condiciones del convenio.
El encuentro convocado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) comenzará a las 9.30, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, de Guaymallén, también se realizará de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. La audiencia no es vinculante, es decir que la decisión sobre el ajuste del VAD para el primer semestre del año quedará en manos del gobernador Rodolfo Suarez.
Este año, tras varios meses de negociaciones, el Gobierno cerró un acuerdo con la firma de Vila-Manzano para no tener que pagar los $146 mil millones que reclamaba la empresa por ingresos no percibidos durante la convergencia tarifaria que se aplicó en el segundo mandato de Cristina Fernández Kirchner, cuando se congelaron los aumentos.
Al mismo tiempo, firmaron una prórroga de la concesión por 20 años, la disminución del canon que paga la empresa para alimentar el Fondo Compensador de Tarifas (actualmente es de 10% y bajará al 6%), entre otros puntos.
El acuerdo incluye una inversión en la infraestructura eléctrica, con un plan de obra de $17.000 millones, a realizar en 10 años, que formará parte de la tarifa que pagan los usuarios, quienes podrían ver en sus facturas un incremento del 3%. Una especie de canje de multas por obras. Este es otro de los puntos que genera enojo entre los defensores de los consumidores que asistirán a la audiencia.
“Hay un desmanejo total, en algo que termina siendo un negocio entre empresas e impacta en el valor de la tarifa. Hay que ver cómo van a incluir en la boleta el ítem que se destinará para obras, lo pueden englobar en la tarifa o puede implementarse con una resolución específica”, afirmó Romina Ríos, directora de la Asociación Protectora.
“Van a tratar de hacer la exposición rápido y no hacer foco en eso, por las críticas que genera. Vamos a plantear las falencias que tiene el servicio y los incumplimientos que existen por parte de las empresas. El canje por obras que firmaron afectará a los bolsillos de los usuarios“, agregó.
En la audiencia también se discutirá el acuerdo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación con las empresas, celebrado en el marco del Régimen Especial de Regularización de Obligaciones, que incluye la condonación de parte de la deuda de Edemsa, Edeste y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Aumento
Los estudios del EPRE determinaron que el aumento para los usuarios residenciales debería ubicarse entre el 11,3% y el 19,4%, según la categoría y el nivel de ingresos.
En tanto, las compañías pidieron una suba del 48,4%, en promedio, lo que tendría un impacto para los consumidores de alrededor del 19,9%.
Edemsa, la mayor distribuidora en Mendoza, argumentó que necesita “recomponer su situación económica y financiera”, y que en los montos de ajuste deben tenerse en cuenta “los aumentos salariales acordados y las variaciones de precios reales”.
El último aumento del VAD se aplicó en diciembre y tuvo un impacto promedio de 14,3%. En aquel entonces hubo un ajuste en el Costo de Abastecimiento, componente de la tarifa de jurisdicción nacional. Por eso, el incremento final promedio fue de 24% para los usuarios de altos ingresos (N1), de 12% para los de bajos ingresos (N2), y de 15% en el caso de los residenciales de ingresos medios (N3).