El estallido del conflicto en Guaymallén actuó como un espejo incómodo para el resto del Gran Mendoza. La combinación de una caída real de la recaudación en todos los niveles del Estado con decisiones presupuestarias locales terminó por detonar la paz social en el municipio más poblado de la provincia. Ante este escenario, El Sol realizó un relevamiento exclusivo con las Intendencias y referentes sindicales de la zona metropolitana para lograr una radiografía del estado de las arcas municipales y el margen de maniobra con el que encaran el cierre de año.
En el diagnóstico hay una coincidencia generalizada: la crisis económica nacional impacta de lleno en los recursos, pero la situación crítica de Guaymallén respondió a un “desorden de gestión” que llevó a recortar ingresos directamente del bolsillo de los trabajadores. Todos los actores consultados coinciden en lo mismo: lo de Guaymallén es fruto de malas decisiones, más allá de la crisis financieras que atraviesan las comunas en términos de recaudación.
Por eso, en el resto de los departamentos remarcan que no habrá despidos ni quita de adicionales salariales, aunque algunos reconocen -con resguardo- que la duda sobre un “efecto contagio” sobrevuela las mesas de negociación paritaria que restan en un contexto donde “a nadie le sobra nada”.
La chispa que encendió Guaymallén
El desencadenante en el departamento que conduce Marcos Calvente fue el fracaso de la última instancia paritaria. Ante una baja de ingresos propios y coparticipables que la comuna calcula entre el 20% y el 30% -agravada por el incendio del centro de procesamiento de datos que paralizó el cobro de tasas durante cuatro meses-, el Ejecutivo decidió dar de baja el adicional Compensación y Estímulo, que representaba unos $325.000 mensuales por empleado.
La medida afectaba originalmente a 3.500 trabajadores. Tras las primeras medidas de fuerza del gremio, la comuna dio marcha atrás parcialmente y mantuvo el beneficio para unos 500 empleados con haberes inferiores a $1.200.000, dejando el tijeretazo firme para los 3.000 restantes. Con paros y servicios resentidos, la Subsecretaría de Trabajo y Empleo debió dictar la conciliación obligatoria para encauzar una discusión que todavía quema.
Ocurre que, en los primeros seis meses del 2026, en Guaymallén se gastó casi el 74% de sueldos del año. Se “quemaron las naves” en apenas seis meses y tiene un rojo de 17 mil millones de pesos, mientras la recaudación sigue cayendo. La Provincia tuvo que salir con una inyección de dinero de la coparticipación a modo de salvavidas y, como señal política, Calvente recortó su sueldo y el de funcionarios en un 10%.
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El mapa del Gran Mendoza: austeridad, freno a la obra pública y adelantos
A pesar de las diferencias, los departamentos del Gran Mendoza comparten una misma hoja de ruta para sobrevivir al 2026: cuidar la caja al límite, no planear nuevas obras de gran envergadura, priorizar la estabilidad de las plantas de personal y congelar los salarios de los funcionarios jerárquicos para neutralizar un eventual descontento de los escalafones más bajos.
Lógicamente, cada administración declara que no se lleva adelante ningún tipo de gasto excesivo con el fin de dar señales de austeridad en épocas de vacas flacas.
Capital
El intendente Ulpiano Suarez dispuso el congelamiento de contrataciones y restricciones estrictas para el ingreso de nuevo personal. Si bien el cumplimiento en la tasa de servicios se mantiene en un 80%, la recaudación por tasa de comercio registró una contracción considerable.
Para hacer frente a compromisos asumidos, la Capital solicitó formalmente a la Provincia un adelanto de fondos coparticipables por $1.150 millones (mecanismo que se descuenta en cuatro cuotas sobre los anticipos que Nación le envía a Mendoza). Fuentes municipales aseguraron que los recursos no se utilizaron para pagar salarios de la planta, sino para cancelar certificados de obras del ejercicio 2025 que convenía liquidar por las condiciones de la tasa de interés.
De cara al cierre paritario, en los pasillos de la municipalidad se negocia otorgar un pequeño aumento en la negociación, aunque sin confirmaciones.
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Luján de Cuyo
El panorama en Luján de Cuyo muestra un respiro en el frente gremial. La comuna cerró en mayo un acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo que incluyó una cláusula de ajuste automático por inflación (cláusula gatillo) para todo el año.
“Dimos ajuste por inflación, que es lo más justo que hay”, señalaron desde el municipio lujanino, al tiempo que confirmaron que cuentan con las reservas financieras necesarias para cubrir todos los compromisos salariales sin necesidad de reabrir discusiones hasta el inicio de la nueva pauta salarial, prevista para enero o febrero de 2027.
Maipú
En Maipú describen un escenario sumamente complejo ante la baja sostenida de los recursos coparticipables desde comienzos de año. Para amortiguar el impacto, la gestión municipal ejecutó en julio un recorte del 20% en los cargos políticos y congeló los haberes de los funcionarios.
Al igual que en el resto de los departamentos, la caída de la recaudación de tasas también se dio en suelo maipucino. Además, la comuna aún tiene pendiente la última mesa paritaria del año para evaluar cómo culminar el ejercicio 2026 sin sobresaltos financieros.
Godoy Cruz
En Godoy Cruz repiten que “el modelo de Milei te exige esto”. Con una cobrabilidad de tasas que oscila entre el 55% y el 60%, los ingresos propios representan solo el 28% del presupuesto comunal, por lo que la caída de la recaudación provincial impacta de lleno.
Para sostener los servicios básicos y evitar conflictos con la planta (integrada por 1.200 empleados y 400 contratados), la comuna mantuvo congelados los sueldos de la planta jerárquica y apeló a acuerdos paritarios que incluyeron bonos no remunerativos destinados exclusivamente a los trabajadores de categorías más bajas. Ahora se acerca la última paritaria del año y el objetivo es concluir el 2026 sin inconvenientes. En tanto que ya se convive con el hecho de que en 2027 será dificultoso encarar obras.
Las Heras
En Las Heras destacan una reducción de la estructura de gobierno, que pasó de 200 funcionarios a aproximadamente 50, sumado a un tijeretazo en la planta de personal general, pero también los golpea que la morosidad de ingresos por tasas municipales ronde el 40%.
No es novedad que el municipio tiene problemas en lo que refiere a la prestación de servicios vinculados al ABL (alumbrado, barrido y limpieza), aunque -más allá de esto- en la comuna aseguran tener las cuentas ordenadas para el tramo final del año.
“Siempre hubo razonabilidad y acuerdo, así que la proyección es que se mantenga en el mismo sentido”, lanzaron en la previa de la paritaria.
Un dato a tener en cuenta es que, para cubrir compromisos con proveedores por obras ejecutadas en 2025, el municipio también requirió un adelanto de coparticipación de $1.500 millones. Solamente Francisco Lo Presti y Ulpiano Suarez lo hicieron.
La mirada gremial: la prioridad es mantener el empleo
Desde las dirigencias sindicales de los empleados municipales el diagnóstico sobre el momento económico es igual de reservado, pero remarcan una clara diferencia entre la situación de Guaymallén y la del resto de las comunas.
“El panorama sigue siendo malo. No es alentador, pero estamos trabajando”, indicaron voceros gremiales en estricto off the record. “Lo de Guaymallén fue un recorte generado por el desorden del propio intendente. Todo el mundo está con problemas, pero en los otros departamentos no se le metió la mano en el bolsillo a la gente”, diferenciaron.
De cara a las paritarias pendientes de fin de año, las fuentes sindicales coincidieron en que la estrategia será priorizar la estabilidad laboral de las plantas antes que exigir incrementos salariales desmedidos que puedan poner en riesgo los puestos de trabajo.
“Hay que tirar de la soga, pero sin que se corte. El empleado la pasa mal, desde el recolector de residuos hasta el oficinista, pero la prioridad absoluta es cuidar la fuente de trabajo”, concluyeron.
Radiografía económica: la recaudación provincial cayó 1,2% real
El ahogo financiero de las municipalidades responde directamente al comportamiento de las cuentas provinciales. Según el último informe de recaudación de la Administración Pública Provincial, entre enero y septiembre de 2026 Mendoza acumuló ingresos por $3.720.710 millones (sumando recursos de origen nacional y provincial).
Sin embargo, descontado el efecto de la inflación, la recaudación total registró una caída real del 1,2% en comparación con el mismo período de 2025. La contracción se profundizó en los recursos estrictamente provinciales, que cayeron un 2,4% en términos reales.
Ingresos Brutos, principal motor de la caja local, sumó $1.045.623 millones pero tuvo un retroceso real del 0,7%.
Las regalías hidrocarburíferas aportaron $161.948 millones, marcando un desplome del 7,8% real debido a la menor producción de petróleo, bajas alícuotas en nuevas concesiones y la retracción del tipo de cambio real.
Por su parte, Impuesto a los Sellos cayó un 15,8% en términos reales, motivado por la política provincial de reducción gradual de alícuotas.