El Gobierno provincial inició acciones para recuperar el dinero que demandó el operativo policial desplegado tras la difusión de una falsa denuncia por el robo de un bebé en Plaza Italia. El Ministerio de Seguridad y Justicia busca determinar cuánto costaron las tareas de investigación y avanzar con un reclamo de reintegro por las vías legales correspondientes.
La medida se tomó tras confirmar que el supuesto secuestro del recién nacido nunca ocurrió. La historia había comenzado a circular en redes sociales este sábadoy generó una búsqueda que involucró recursos policiales y judiciales durante varias horas.
Según informó la cartera que encabeza Mercedes Rus, las actuaciones administrativas tienen como objetivo evaluar el costo del despliegue y establecer las responsabilidades que correspondan.
Cómo se descubrió la falsa denuncia
La alerta se originó el fin de semana mediante publicaciones en redes sociales que solicitaban ayuda para dar con el paradero de un recién nacido. Según el relato difundido en las plataformas digitales, el menor habría sido sustraído de su cochecito en la vía pública mientras su madre auxiliaba a otra persona en la Plaza Italia.
Tras la repercusión del caso, efectivos de Investigaciones comenzaron de oficio las tareas de verificación. En la revisión inicial de los registros oficiales, constataron que no existían denuncias radicadas en el Ministerio Público Fiscal ni llamadas de emergencia al 911 vinculadas a este suceso, limitándose la alerta de manera exclusiva a las publicaciones que circulaban en las redes sociales.
A partir de las tareas investigativas, los efectivos determinaron que el episodio era falso: el bebé mencionado en los mensajes no existía y la fotografía utilizada para difundir su búsqueda había sido tomada de una cuenta de Instagram ajena al caso.
El costo del operativo
La investigación obligó a destinar recursos policiales y judiciales durante varias horas para esclarecer un delito que nunca había ocurrido. Ese despliegue es ahora el eje de las actuaciones iniciadas por el Gobierno.
“Los recursos de seguridad son de todos los mendocinos y no pueden ser comprometidos por hechos inventados. Cada efectivo y cada hora destinados a investigar una falsa emergencia son recursos que dejan de estar disponibles para atender situaciones reales”, indicaron desde el Ministerio de Seguridad. En ese sentido, se busca cuantificar los gastos generados por la falsa alerta y determinar quiénes podrían ser responsables de afrontarlos.
El objetivo oficial es avanzar en el recupero del dinero mediante los mecanismos legales correspondientes. “La utilización injustificada de los recursos públicos debe tener consecuencias”, agregaron desde Seguridad.