Dos celulares, 30 envoltorios de nylon negro y 88.500 pesos en efectivo. Esos fueron algunos de los elementos secuestrados a Enzo Ariel Salcedo durante un procedimiento policial en Luján de Cuyo, en marzo del año pasado. Sin embargo, el contenido de los teléfonos terminó adquiriendo un peso central en la investigación: los especialistas que analizaron los dispositivos detectaron al menos 147 conversaciones relacionadas con presuntas infracciones a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
Ese hallazgo modificó el rumbo del expediente. Este joven de 26 años oriundo del barrio Huarpes de Godoy Cruz, que inicialmente había sido imputado por tenencia de drogas, terminó acusado de tener estupefacientes con fines de comercialización.
Ahora deberá sentarse en el banquillo durante un juicio oral previsto para el mes próximo, en el que se analizará la evidencia reunida para determinar si la hipótesis del Ministerio Público puede ser probada. No se descarta un arreglo previo con la defensa en juicio abreviado.
Una requisa que abrió otra investigación
Todo comenzó el 19 de marzo del año pasado, a las 20.50. Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) lujanina circulaban por calle Norton cuando, al llegar a la intersección con Córdoba, recibieron información de una vecina que prefirió no identificarse por temor a represalias.
La mujer alertó sobre la presencia de un hombre que, según conocía, vendía sustancias ilícitas junto al lateral sur de la plaza General Enrique Mosconi, entre las calles Norton y Federico Evans. También aportó una descripción del vehículo en el que se movilizaba: una moto blanca sin patente.
Los policías se dirigieron al lugar y encontraron a un joven que luego fue identificado como Enzo Ariel Salcedo. Según el acta incorporada al expediente al que accedió este diario, cuando advirtió la presencia de los uniformados, guardó algunos elementos en un bolso tipo morral e intentó alejarse.
Los efectivos lo interceptaron y, durante la requisa realizada con la intervención de una testigo, encontraron 30 envoltorios de nylon negro, dos teléfonos celulares -uno Samsung y otro Xiaomi- y los 88.500 pesos distribuidos en billetes de distintas denominaciones, los que serían producto de la comercialización.
El procedimiento derivó en el secuestro de los elementos y en el inicio de una causa por infracción a la ley de drogas en la Justicia federal. El joven fue informado formalmente de la imputación: en ese momento era por tenencia de estupefacientes, contemplada en el artículo 14, primer párrafo, de la Ley 23.737.
Pero los investigadores todavía tenían que determinar qué contenían los envoltorios y qué información podían aportar los celulares, como sucede generalmente en este tipo de investigaciones federales.
El contenido de los teléfonos, bajo la lupa
Así fue que, el 30 de mayo de ese mismo año, los especialistas del Laboratorio de Análisis Técnico de Telecomunicaciones, Anexo Regional Mendoza, dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), realizaron la extracción de los datos almacenados en los dispositivos.
Después de recuperar la información, examinaron las conversaciones y detectaron al menos 147 diálogos que, según el informe incorporado a la causa, estaban vinculados con hechos que podrían constituir infracciones a la ley de estupefacientes y con la participación que le atribuyen al imputado.
Uno de los equipos era un Samsung negro que tenía una cuenta de WhatsApp identificada como “Rotisería al paso”. El otro, un Xiaomi azul oscuro, registraba una cuenta denominada “Enzooh”, cuya vinculación con Salcedo fue establecida a partir de los datos examinados por los profesionales.
Entre los intercambios que la Fiscalía consideró relevantes, detectaron una conversación con un contacto guardado como “El Nelson”. Ese usuario envió tres puntos y recibió como respuesta un número telefónico, seguido de dos mensajes: “Ese es el número de la roti” y “Hablame ahí”.
El intercambio fue incluido entre los elementos de interés para la causa porque relaciona el segundo dispositivo con el número asociado a la cuenta identificada como “Rotisería el paso”.
La importancia de la evidencia digital radicó en que, para los pesquisas, el contenido de los teléfonos aportó elementos que excedían las circunstancias del procedimiento callejero. Así, la Fiscalía entendió que las conversaciones permitían sostener una hipótesis de comercialización y no solamente de tenencia simple de drogas.
El número de diálogos detectados se convirtió así en uno de los datos más relevantes del expediente. Su contenido, contexto y alcance deberán ser examinados durante el juicio, junto con las restantes pruebas admitidas.
El cambio de imputación
Con el análisis de los celulares incorporados a la instrucción, la fiscalía solicitó modificar la calificación legal. El 24 de abril de este año, Salcedo pasó a estar acusado como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La diferencia entre ambas imputaciones es sustancial: la acusación ya no se limita a sostener que el joven tenía drogas en su poder, sino que plantea que esa tenencia estaba destinada a la venta. Esa finalidad es uno de los puntos que deberán discutirse en el debate oral.
El expediente llegó a la etapa de juicio después de la audiencia de control de la acusación celebrada la semana pasada. En esa instancia, el juez de Cámara Manuel Alberto Pizarro declaró admisible la acusación fiscal y dispuso la apertura del debate.
El próximo mes, el contenido de los celulares ocupará un lugar central en la discusión: la acusación deberá sostener por qué las 147 conversaciones, sumadas a los envoltorios de cocaína y al resto de los elementos reunidos, permiten atribuirle al joven una tenencia destinada a la comercialización de drogas.