El Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza emitió fallos correspondientes a las rendiciones de cuentas del ejercicio 2023 a los municipios de Tupungato, Luján de Cuyo y San Rafael.

En sus informes, el organismo detalló diversas irregularidades administrativas y contables, aplicó multas a funcionarios responsables y formuló una serie de recomendaciones para fortalecer la transparencia y eficiencia en la administración municipal.

La sanción a Tupungato

En el caso de Tupungato, se observaron contrataciones de servicios sin la debida certificación (como reparaciones de vehículos), inconsistencias en el inventario de bienes de uso y falta de rendición de subsidios otorgados.

Las sanciones económicas alcanzaron a cuatro funcionarios comunales: Jorge Gastón Galdame, secretario de Hacienda, quien deberá pagar una suma de $150.000; Néstor Osvaldo Cannata, director general de Obras, que fue penalizado en $100.000; Gonzalo Gabriel Tejerina, auxiliar de Gestión Impositiva y Contable -$50.000-; y Ariel Maximiliano Granizo, director de Compras y Suministros -$50.000-.

El caso de San Rafael

Por su parte, la Municipalidad de San Rafael, realizó contrataciones directas sin justificación de urgencia, efectuó gastos sin los procedimientos adecuados y concretó pagos indebidos por variación de precios en obras públicas. También se observaron fallas en la registración de deuda pública y conciliaciones bancarias.

En este fallo, el Tribunal de Cuentas mendocino dispuso que las multas más elevadas fueron para el intendente y varios secretarios. El por entonces mandatario departamental y actual titular del Partido Justicialista, Emir Félix, deberá responder con $200.000. Misma cifras deberán afrontar el titular de Hacienda, Marcelo Manuel Gómez; y el contador municipal, Francisco Javier Cofano.

En tanto, tres secretarios de Obras también fueron castigados económicamente: Roberto Peña ($100.000), Roberto Zaratiegui y Enrique Ferraro, $50.000 cada uno.

Las faltas de Luján de Cuyo

Por último, en el ejercicio de Luján de Cuyo, el TdC expuso irregularidades administrativas por incumplimientos normativos, demoras en procesos de cobro de deudas, deficiencias en el registro de créditos por ILT y errores en bases de datos de contribuyentes, entre otros.

Con base en esto, el órgano de control dispuso aplicar multas a María Laura Noseda (contadora general) y Luis Ferrigno (encargado de Tesorería) por la suma de $100.000.

Además de las sanciones correspondientes, el Tribunal instó a los municipios a mejorar el control de inventarios de bienes de uso, asegurando así una adecuada identificación y registración. También exigió un seguimiento más riguroso en la rendición de subsidios, solicitando la documentación de respaldo en tiempo y forma.