Una auditoría del Tribunal de Cuentas dejó al descubierto un entramado de irregularidades administrativas, falta de control interno y actos ilegítimos que generaron un daño millonario al erario público de la Municipalidad de Las Heras durante el año 2023, el último de la administración de Daniel Orozco.
La resolución, contenida en el Fallo Nº 18.198, aplicó cargos y multas por casi de $84,5 millones a exfuncionarios clave de la gestión Orozco, entre ellos su esposa, Janina Ortiz, exsecretaria de Gobierno, y Osvaldo Oyhenart, exsubsecretario de Políticas Sociales.
El documento también estableció sanciones individuales a otros altos funcionarios por su intervención u omisión en los hechos observados.
Los tres ejes principales del fallo son contundentes:
- Programa de carne subsidiada.
- Cargo solidario por $33.941.030.
- No se comprobó la entrega a beneficiarios ni se documentó el cobro de la parte no subsidiada por el municipio.
- El proveedor no estaba habilitado para operar en Las Heras y parte de la facturación fue emitida desde Godoy Cruz.
- No hay comprobantes, remitos, ni constancias de entrega.
- Los funcionarios que pedían, certificaban y adjudicaban eran los mismos, configurando un conflicto de intereses.
- Contratación de la cooperativa fantasma “Manos a la Obra”.
- Cargo por $36.568.000.
- El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) certificó que no estaba activa.
- Se usaron planillas firmadas por operarios que luego negaron haber trabajado.
- Se constataron pagos por servicios no justificados.
- Faltantes de bienes comprados por la comuna.
- Cargo por $7.673.091.
- Desaparecieron camas, colchones, computadoras, cortinas, un horno eléctrico y una bicicleta fija que habían sido destinados a alojar estudiantes en el Polimeni.
- “Durante la etapa de fiscalización se detectaron faltantes (…) los bienes fueron adquiridos durante el período en que Ortiz ejercía funciones y su obligación de rendir cuentas es indelegable”, sostuvo el Tribunal.
Hay que diferenciar que cuando el Tribunal de Cuentas dicta un fallo, puede imponer cargos o multas.
- El cargo es el dinero que “uno o más responsables solidarios deben restituir por salidas de caudales ilegítimas o no comprobadas o por faltante de bienes”.
- La multa es una “sanción de naturaleza económica que se impone en razón de un procedimiento administrativo irregular u otro incumplimiento de las personas que intervienen en la administración de fondos públicos”.
Responsabilidades políticas y administrativas
El fallo del Tribunal de Cuentas detectó actos ilegítimos, procedimientos administrativos irregulares y falta total de trazabilidad en subsidios y bienes entregados. Fue aprobado de forma unánime por los miembros del órgano de control que preside Néstor Parés.
“Los responsables incurrieron en Procedimientos Administrativos Irregulares por deficiencias señaladas por la Auditoría (…) y no justificaron documentadamente los actos necesarios para garantizar la transparencia del gasto”, se lee en la resolución que no solo impuso multas y cargos, sino que también dejó expuesto un modelo de gestión sin trazabilidad ni controles efectivos.
El fallo además abrió la puerta a potenciales acciones judiciales ya que se ordenó dar vista al fiscal de Estado, Fernando Simón, para que analice posibles responsabilidades penales.
Cargos y multas impuestas
Las exautoridades sancionadas fueron:
- Daniel Orozco (intendente)
- Janina Ortiz (secretaria de Gobierno)
- Osvaldo Oyhenart (subsecretario de Políticas Sociales)
- Diego Tolín (director de Contaduría)
- Daniel Herrera (director de Contaduría)
- Carlos Nofal (secretario de Hacienda y Director de Contaduría)
- Patricia Díaz (directora de Tesorería)
- Carlos Magallanes (director de Rentas)
Las defensas: qué dijeron los sancionados
Janina Ortiz intentó desligarse del caso de los bienes desaparecidos señalando que dejó su cargo el 23 de noviembre de 2023. El Tribunal refutó: “Los bienes fueron adquiridos durante su gestión y el control de su destino era su responsabilidad directa”.
En relación al programa de carne subsidiada, afirmó haber seguido los procedimientos establecidos. Sin embargo, intervino en todas las etapas: nota de pedido, informe de preadjudicación y certificación de entrega. Para el Tribunal, esto configura “una clara oposición de intereses y falta de control interno”.
Por su parte, Osvaldo Oyhenart sostuvo que “la carne fue entregada” y que los informes de recepción estaban firmados. Pero la Auditoría demostró que no había constancias firmadas por los vecinos ni legajo de beneficiarios.
El exfuncionario de confianza del matrimonio Orozco-Ortiz también avaló pagos millonarios a la cooperativa trucha “Manos a la Obra”, sin documentación respaldatoria.
Mientras que Daniel Orozco fue multado por autorizar pagos sin firma y emitir el Decreto Nº 84/2023 de adjudicación del programa de carne. En su descargo, alegó que “la responsabilidad operativa recaía en las áreas técnicas”.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas consideró que “la firma del Intendente es condición de validez legal de la orden de pago (…) su omisión implica una transgresión directa al artículo 132 de la Ley 1079”.
Asimismo, Carlos Nofal y Javier Tolín afirmaron haber dado curso a las rendiciones o realizado reclamos “por mail” o verbalmente. El fallo reveló que no se acreditaron esas gestiones con documentación válida y que eran responsables de consolidar las rendiciones mensuales y anuales.
En tanto, Patricia Díaz argumentó que los pagos se hicieron “por orden de superiores”, pero el fallo concluyó que “la ejecución de una orden de pago sin las firmas del Intendente y el Secretario de Hacienda es violatoria de la Ley 1079 y configura responsabilidad propia”.
Otras observaciones del fallo
- Kits escolares por $23 millones. No se documentó la entrega ni se cargó en el legajo social de los beneficiarios.
- Falta de sistema de control de stock en el depósito municipal, a pesar de advertencias del Tribunal en fallos anteriores (2020 y 2022).
- Relojes biométricos inutilizados. Solo tres de los 22 instalados funcionaban. La asistencia se controlaba con planillas firmadas a mano.
- Viáticos sin rendir: el caso del torneo de boxeo.
- Una agente municipal recibió $263.600 en concepto de viáticos para asistir a un torneo de boxeo femenino en Formosa.
- No rindió el dinero ni fue descontado de sus haberes, lo que motivó una sanción al Director de Contaduría, Carlos Nofal.
- “Se configura un Procedimiento Administrativo Irregular y hecho o acto ilegítimo (…) no se acredita la rendición del viático ni descuento sobre haberes”, determinó el Tribunal.