La designación de la jueza Norma Llatser como candidata a ocupar la vacante que dejó Pedro Llorente en la Suprema Corte calmó las especulaciones políticas que se estaban tejiendo fuera de la estructura del Poder Judicial. Sin embargo, puertas adentro hay mucho barullo. Y nada tiene que ver con la magistrada.
El fárrago tiene que ver con los conflictos en la serie de evasivas que entre la Justicia y el Poder Ejecutivo aplican para no resolver ya de fondo las constantes discusiones salarial y laboral en el fuero penal. Cuando se habla de crisis de inseguridad en Mendoza, mucho tiene que ver con las discusiones sin solución en los tribunales. En algunos casos, decisiones y fallos parecen pases de facturas entre jueces y fiscales.
Ayudantes fiscales, un amparo sin respuesta y la candidata a jueza civil
Uno de los conflictos está planteado por los ayudantes fiscales y el amparo que han presentado en contra de las jornadas laborales superiores a 8 horas. ¿Por qué? Porque la Constitución de Mendoza, en su artículo 45, indica: “Respecto de las obras o servicios públicos en establecimientos del Estado, queda fijada la jornada de ocho horas, con las excepciones que establezca la ley”.
Los ayudantes fiscales son la primera línea de contacto entre quienes tienen que hacer una denuncia y el sistema judicial. Son los que hacen el trabajo de trinchera en las Fiscalías. En términos libertarios, el ayudante es el trabajador llano y el fiscal es miembro de la casta judicial.
El tema es que, como no existe una ley para reglamentar el accionar de los ayudantes fiscales, elevaron el caso a la justicia civil para establecer si es legal o no el régimen horario. El caso quedó en manos de la conjueza María Paula Culotta, que después de más de 5 meses no resolvió una medida que se caracteriza precisamente por la rapidez y la diligencia.
Un conjuez –o conjueza- es un abogado que es nombrado eventualmente por el Poder Judicial para actuar como magistrado en determinadas situaciones. En el caso de Culotta, en particular, además tiene rendido y aprobado un examen para ocupar un cargo en la Justicia Civil. Y hay más: el 8 de noviembre, el Consejo de la Magistratura la incluyó en una terna (primera en orden de mérito) para cubrir el lugar que quedó vacío tras la renuncia de la jueza Beatriz Fernanda Salvini.
De esa terna, el gobernador Alfredo Cornejo eligió a uno de los postulantes para enviar el pliego al Senado. Y el nombre elegido fue el de Culotta. Es decir: tiene que resolver un tema que impacta de lleno en la estructura política judicial mientras espera que esa misma política la convierta en magistrada con todas las de la ley. Cuando fue presentada en el Senado esta semana se la destacó por “su cualidad de amable firmeza y su destacada trayectoria como luchadora del feminismo”.
Se empacaron los secretarios
Los secretarios de los juzgados colegiados están en pie de guerra. En la rutina, son los que reciben en un celular corporativo los pedidos de allanamiento que hacen desde las fiscalías y se los transmiten a los magistrados. Las tareas, en general, se dividen en dos turnos.
Como la discusión salarial se encuentra en estado de ebullición, han comunicado que dejarán de prestar colaboración después de las 14 y que tampoco lo harán sábados y domingos. Por lo tanto, esa carga pasa directamente a los magistrados.
Además, desde la Asociación de Funcionarios Judiciales notificaron un paro para el 26, 27 y 30 de diciembre. Y, en el caso del personal especializado, como los que operan en el Cuerpo Médico Forense, el Registro de Huellas Genética o los integrantes de los equipos de abordaje en caso de abusos sexuales, también dejarán de trabajar el 28 y 29 de diciembre.
Este viernes, cuando cobraron el mes de noviembre, la tensión aumentó. Aseguran que recibieron un aumento del 4,5 por ciento sin haber acordado en paritarias ni haber sido notificados por decreto.
La larga historia de la “cláusula C”
Hace 11 años, durante el gobierno de Francisco Pérez, y para evitar desajustes en el Poder Judicial, se pactó en paritarias la denominada “cláusula C”, por la cual, se iba a mantener la brecha salarial existente entre magistrados y empleados judiciales. Se trataba de una suerte de herramienta para evitar desigualdades. Y su puesta en vigencia es uno de los reclamos que se viene escuchando en los últimos meses desde el sector sindical.
El cálculo de los sueldos en la justicia mendocina va por dos caminos diferentes. Funcionarios y empleados deben acordar con el Poder Ejecutivo en paritarias. No les queda otra que negociar como cualquier estatal.
Para jueces y fiscales, la historia es diferente. La ley de enganche los hace ir detrás de los porcentajes de incremento que impone la Corte Suprema de la Nación. Por eso, en los últimos años, habría existido un desfase entre los aumentos recibidos por unos y otros. Y, como consecuencia lógica, la brecha se habría estirado.
Al menos eso se desprende de la nueva pericia contable que recibió la Suprema Corte de la Provincia, que debe resolver el planteo hecho por los Funcionarios Judiciales en contra del Ejecutivo, pero, como suele ocurrir con el máximo tribunal, no hay fecha para hacerlo. Y, de esa manera, los días –que podrán ser usados para pedir un retroactivo- siguen corriendo.