La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la defensa de la diputada suspendida Janina Ortiz, en el marco de la causa por presunta malversación de fondos públicos, mejor conocida como “cooperativas fantasmas” o “cooperativas truchas” de Las Heras.
La resolución fue firmada por los ministros Julio Gómez, María Teresa Day y José Valerio, integrantes de la Sala 2 del máximo tribunal provincial. En el fallo, la Corte resolvió “denegar la concesión del recurso extraordinario federal” interpuesto por la defensa de Ortiz y además impuso las costas a la parte vencida.
Con esta decisión, la dirigente que ingresó a la Legislatura por la Unión Mendocina sufrió un nuevo revés judicial en una investigación que lleva tres años e involucra a exfuncionarios de la gestión municipal de Las Heras, incluido el exintendente Daniel Orozco, pareja de Ortiz.
La causa investiga presuntas irregularidades en contrataciones y pagos realizados a cooperativas, especialmente a la entidad “Manos a la Obra”, en el marco de licitaciones para tareas de limpieza y mantenimiento urbano. El monto investigado ronda los 36 millones de pesos. Según la acusación, esos fondos habrían sido desviados mediante contrataciones irregulares.
Ortiz fue imputada por peculado y malversación luego de que avanzara la investigación encabezada por el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli. La Justicia sostiene que existieron maniobras vinculadas al direccionamiento de licitaciones y pagos por servicios que presuntamente no se habrían prestado.
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La defensa de Ortiz había impugnado con distintos recursos los avances de la causa. La elevación a juicio fue avalada por el juez de Garantías, luego por el Tribunal Oral y finalmente por la Suprema Corte. Tras esto, se presentó el recurso extraordinario para involucrar a la Justicia Federal, lo que el máximo tribunal rechazó al juzgar que no están dados los requisitos. Por este motivo, el expediente continuará su curso en fueros locales.
La defensa de Ortiz, a través del abogado Raúl Burela, confirmó la presentación de un recurso de queja, que es el próximo paso que tiene para avanzar en estas impugnaciones. Tiene cinco días para hacerlo.
Igualmente, el debate del mismo no detiene el proceso local. El letrado de Ortiz puede solicitar en su queja suspender el debate hasta que la Corte resuelva de fondo la cuestión. Aunque la Corte nacional puede no responder de manera inmediata y el procedimiento de igual forma realizarse.
Lo más relevante que se aproxima es la conformación del Tribunal que juzgará a Ortiz y el llamado a la producción de prueba. Tras esto, se determinará la fecha del juicio, momento en el cual se definirá su condena o absolución en primera instancia.
Al tratarse de un expediente de complejidad con varios imputados y buen volumen de prueba a analizar, la fecha podría demorarse aún más que el plazo que le queda a la diputada para recuperar su banca. Asumió en 2023, por lo que debe dejarla en 2027, independientemente de que no la ejerza por estar suspendida.
Mas aún considerando que la estrategia defensiva ha girado en torno siempre a la impugnación, lo que demora los plazos del juicio.
La banca suspendida
La situación judicial de la exsecretaria de Gobierno de Las Heras tuvo consecuencias en el plano político. La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por unanimidad su suspensión mientras avanzan las causas penales en su contra.
En este contexto, María Belén Castillo, quien es la próxima en la lista que podría beneficiarse de la vacancia del lugar de Ortiz, presentó una denuncia penal contra el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, por presunto “abuso de autoridad” y “omisión de los deberes de oficio”, al considerar que no instrumenta los medios para agilizar el reemplazo.
Cabe destacar que Castillo era la segunda en la línea de sucesión pero quedó en la primera posición tras el fallecimiento de José Pedro Caviglia.
Tras la denuncia, Andrés Lombardi justificó que la banca no estaba vacante sino que se trataba de una suspensión vigente mientras avance la causa, por lo que no era considerable el reemplazo. Señaló igual que el voto de la suspensión fue unánime.
Tras esto, Castillo dio marcha atrás y decidió no ratificar la presentación ante la Justicia, por lo que el procedimiento judicial quedó sin efecto.