En el anexo de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, presentó el presupuesto del 2025 del máximo órgano de Justicia. En su exposición, reveló que el Gobierno de Alfredo Cornejo le otorgó 8,500 millones de pesos menos de lo que habían solicitado. Por este motivo, en el Palacio de Justicia debieron reacomodar las cuentas.
La Suprema Corte contará para el próximo año con un presupuesto de 136,500 millones de pesos. Lo que había solicitado el órgano era una partida de cerca de 145.000 millones. Garay precisó que el 38% se destinará a gastos de funcionamiento, que incluyen los salarios, mientras que el 54% se destinará a inversiones en infraestructura.
Por qué se redujo el presupuesto para la Suprema Corte
Garay analizó que la reducción en el presupuesto se debe a la recaudación del Poder Ejecutivo durante este año y confía en que la situación económica mejorará en 2025, lo que repercutirá en la posibilidad de contar con mejores pautas de gasto en el futuro.
“Por la merma presupuestaria, tuvimos que readecuar nuestras partidas. Esto se produjo a raíz de la pauta de recaudación del Poder Ejecutivo. Esperemos que la evolución del presupuesto del próximo año sea positiva y que haya una mejora en la actividad económica, lo que nos permitirá solicitar fondos para seguir invirtiendo”, afirmó.
Frente al reacomodamiento de las cuentas, el exministro de Gobierno durante la primera gestión de Alfredo Cornejo explicó que los gastos de personal se financiarán a través de los ingresos que genere el régimen 00, que se refiere a las rentas generales recaudadas por impuestos por el Poder Ejecutivo.
Todos los gastos de funcionamiento del Poder Judicial y las inversiones se cubrirán con la tasa de justicia, que son recursos generados por el propio orgáno. A estos fondos de financiamiento se suman los depósitos judiciales, que se destinarán a obras de infraestructura física y tecnológica, entre ellas, la construcción del Polo Judicial de Tunuyán.
Esta obra representa el 70% del plan de infraestructura de la Suprema Corte, con una inversión que supera los 5,000 millones de pesos. El Polo Judicial de Tunuyán constará de dos edificios: uno de planta baja, de 3,362 m², y otro, de 1,715 m², que tendrá planta baja y primer piso.
Ambos edificios albergarán oficinas del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de la Defensa y del Ministerio Pupilar, junto con todas las dependencias de la Suprema Corte.
“En infraestructura, este año hemos hecho un gran avance, y en 2025 esperamos comenzar la obra del Polo Cívico de Tunuyán, que dará a la cuarta circunscripción su edificio cabecera y ofrecerá a los vecinos de las zonas aledañas la posibilidad de acceder a todos los servicios de justicia en un mismo lugar, incluido el Ministerio Público Fiscal y la Defensa”, expresó Garay.
Otras obras anunciadas por la Suprema Corte incluyen dos proyectos de ampliación y remodelación del fuero de familia en Maipú y Las Heras. En materia de innovación, Garay adelantó que continuarán modernizando las áreas del Palacio de Justicia, principalmente en el fuero civil, y que realizarán una “fuerte inversión” en la compra de equipamiento.
“La innovación vinculada a la organización, no implica un gasto presupuestario, pero sí un reordenamiento interno, es lo que venimos haciendo. Estamos generando muchos productos que permiten que el litigio sea más eficiente, que el acceso a la justicia sea más rápido y que las decisiones judiciales lleguen en menor tiempo y con mayor calidad”, subrayó.
En ese sentido, la Suprema Corte estableció un concurso de innovación dentro de su presupuesto, para que empleados del Poder Judicial y abogados independientes puedan presentar proyectos que mejoren el sistema.
“Vamos a destinar 14,000 dólares para financiar proyectos presentados por empleados junto con abogados, con el fin de innovar y mejorar el sistema judicial. Sabemos que de aquí pueden surgir grandes ideas que serán beneficiosas para el sistema”, explicó Garay.
Convenios con los gremios
En su presentación, el presidente de la Suprema Corte anunció que se está trabajando con los gremios de Empleados Judiciales y Funcionarios en la elaboración de un convenio colectivo de trabajo. Hasta el momento, se han llevado a cabo cuatro reuniones entre las partes, en las que se formaron cuatro comisiones.
El convenio busca actualizar la ley 4322, sancionada en la década de 1950, que regula el rendimiento, la asignación y el funcionamiento de los trabajadores del Poder Judicial. El objetivo tanto de la Corte como de los gremios es establecer un marco de trabajo para los próximos 20 años.
Garay mencionó que ya cuentan con un relevamiento de información sobre escalafones y personal. El próximo paso es que las comisiones de escalafón y regulación de derechos y obligaciones comiencen a articular los datos elaborados por el área de Recursos Humanos.
“Esperamos trabajar en un esquema que contemple un escalafón con clases y adicionales que permitan mayor movilidad dentro del Poder Judicial, identificando las capacidades de los empleados y asignándolas a los lugares que se requieren. Actualmente, tenemos muchas demandas de personal con conocimientos tecnológicos”, justificó.
La incertidumbre en el Palacio de Justicia gira en torno a cuándo se finalizará el convenio y su implementación. Según Garay, las partes se han puesto como meta concluir en los próximos seis meses.
“No sé cuándo podremos tenerlo listo. Nos hemos propuesto un plazo de más de seis meses, pero veremos si podemos cumplirlo. De todos modos, hay voluntad para avanzar”, concluyó el presidente de la Suprema Corte.