El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, enfatizó que, como resultado de las diferentes reformas implementadas en el Poder Judicial dentro del fuero laboral, cada año se registran menos causas laborales en la provincia. Además, detalló las próximas modificaciones que planean realizar para 2025.
A siete años de que el gobernador Alfredo Cornejo pusiera en marcha su plan para eliminar la “industria del juicio“, en lo que va de 2024, en Mendoza, 12.454 causas laborales han llegado a juicio. Esto representa un 20,7% menos en comparación con 2023, cuando se registraron un total de 15.660 procesos judiciales.
Para Garay, el conflicto laboral “siempre va a existir“, pero la clave está en que el Poder Judicial ofrezca “un servicio de calidad” que prevenga los litigios. Asimismo, remarcó que la “industria del juicio en Mendoza se ha eliminado“, ya que las estadísticas de los últimos años reflejan una marcada disminución en los procesamientos laborales y un alto índice de conciliación, que alcanza el 49%.
“La industria del juicio en Mendoza se ha eliminado porque lo muestran los números. Entre 2017 y 2023, redujimos en un 50% los juicios, comenzando con 24.448. En 2018, bajamos a 12.000. En 2022 y 2023 ingresaron 15.600 juicios debido al rebote de la pandemia, y en lo que va de 2024, hay 12.454. Además, tenemos un promedio del 85% en la tasa de resolución en toda la provincia“, precisó Garay.
Aunque aún faltan dos meses y medio para que termine el año, el presidente del máximo tribunal de Justicia de la provincia aseguró que “seguirán ingresando juicios laborales“, pero que al finalizar 2024, el total será menor al de 2023.
“En 2024, el paro de empleados judiciales afectó el ingreso de causas. En agosto tuvimos un pico de 2.000 ingresos, en septiembre ya comenzó a bajar con menos de 1.700, y en octubre solo ingresaron 800. Hay una clara tendencia a la baja de juicios, por lo que tendremos menos que en 2023“, agregó Garay.
La provincia se divide en cuatro circunscripciones judiciales: de los 12.454 juicios laborales, 8.824 corresponden a la primera jurisdicción, que incluye el Gran Mendoza.
En la segunda, que abarca los tres departamentos del sur, hay 1.590 causas; en la tercera, que comprende el este, hay 1.300 juicios. En la cuarta circunscripción, que cubre al Valle de Uco, apenas 684 litigios laborales.
Otro punto que destacó el exministro de Gobierno durante la primera gestión de Cornejo, es la reducción de los tiempos de los procesos judiciales. Antes de las reformas, un juicio podía durar aproximadamente cuatro años hasta llegar a una sentencia; actualmente, el plazo es de menos de 20 meses.
“Hoy, entre 60 y 90 días, se puede resolver una conciliación, y si se va a juicio, en un año y cuatro meses ya tienes sentencia. En promedio, es un año y ocho meses, pero estamos reduciendo esos tiempos gracias a la implementación de la oralidad“, explicó Garay.
Del total de los 12.454 juicios ingresados en 2024, el 46% corresponden a causas laborales, el 29% están relacionadas con enfermedades y accidentes, y apenas el 10% son por despidos e indemnizaciones. El resto se debe a diversas temáticas, como el cobro de honorarios por parte de abogados, entre otros.
“Las reformas han ayudado a la economía, ya que al reducirse la conflictividad laboral entre empleadores y empleados, se genera un incentivo para contratar a más personas en blanco. Lo mismo ocurre con los riesgos laborales, pues las ART se han ahorrado cerca de 88 millones de dólares desde 2017, y la alícuota ha bajado del 3.3% al 2.7%“, afirmó Garay.
Las reformas
Las modificaciones en el fuero laboral comenzaron en 2016, cuando el Poder Judicial creó la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria y se adhirió a la Ley de Riesgos del Trabajo. Estos cambios se realizaron en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.
A finales de 2018, se avanzó con la reforma del Código Procesal, que permitió la incorporación de la oralidad, agilizando la presentación de pruebas y estableciendo la prueba anticipada, previa a la audiencia inicial. Además, se pasó de tener tres jueces por causa a uno solo.
“El primer paso fue evitar llegar a juicio, lo que logramos con la Oficina de Conciliación Laboral y la adhesión a la Ley de Riesgos del Trabajo. Luego avanzamos en cómo gestionar los juicios con la reforma del Código Procesal Laboral, apuntando a la oralidad completa e implementando dos audiencias, con un plazo máximo de 180 días entre ellas“, explicó Garay.
En 2021, se creó el Cuerpo de Peritos Oficiales, el Modelo Único de Pericia Médica, y se avanzó en la digitalización de los expedientes. De esta manera, el Poder Judicial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo comenzaron a trabajar de manera más articulada.
Garay destacó tres puntos clave en las reformas: la exclusión del perito como parte del juicio, la inclusión de los plazos de prescripción y caducidad.
Respecto a la prescripción, establece que las demandas por accidentes laborales o enfermedades profesionales tienen un límite de dos años desde su comprobación. En cuanto a la caducidad, si el demandante no está de acuerdo con el dictamen y no se presenta en la Justicia dentro de 45 días hábiles, la causa caduca, perdiendo el derecho a demandar.
En cuánto al rol del perito, antes era parte del juicio y cobraba un porcentaje del total de la demanda. Luego de la Reforma del Código Procesal, se estableció que esta figura quede afuera del proceso y se fijó un precio por su trabajo, que consta de medio JUS (Unidad de Medida Arancelaria).
“Antes el perito tenía un rol importante porque cobraba, en razón, de un porcentaje, el monto de demanda, entonces ese era otro incentivo. Terminaba siendo socio del pleito judicial. En la Reforma lo separamos y pusimos que su trabajo tiene un valor de medio JUS, hoy son 200.000 pesos”, subrayó Garay.
Para 2025, el Poder Judicial se centrará en fortalecer los controles internos del Cuerpo Oficial de Peritos, avanzar en la implementación de un fondo para que los peritos puedan cobrar antes de que finalice el proceso judicial, y espera la aprobación de cinco concursos solicitados en el presupuesto del próximo año.
“La intención de la Corte es seguir haciendo más eficiente la calidad de los servicios. Vamos a avanzar con un fortalecimiento del Cuerpo Médico de peritos y queremos seguir mejorando el tiempo de los juicios laborales y el control del sistema para empezar a automatizar los procesos. Eso nos va a ayudar a la calidad del servicio”, finalizó el presidente de la Suprema Corte.