Después de que el juez del Tercer Juzgado Concursal de Mendoza admitiera a la Provincia como principal acreedor en el concurso preventivo al que se presentó la concesionaria a cargo de la ex Obras Sanitarias Mendoza (OSM), el tribunal llamó a conformar el comité de control, para terminar con el secreto en el proceso y dar un paso, mediante el cual, la Provincia de Mendoza podrá controlar la actuación de la liquidadora de la ex OSM, solicitar documentación y analizar balances, entre otros aspectos.

Así lo confirmaron el fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández, y el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini, quienes se refirieron a los diferentes procesos que se llevan en la Justicia provincial relacionados con la empresa. En primer término, desde la fiscalía se confirmó que después de la sentencia en primera instancia de marzo de este año, en la que el juez concursal declaró admisible el crédito de la Provincia por más de 400 millones de pesos y la pone como acreedor mayoritario en el concurso de OSM, la decisión fue recurrida por la concesionaria a través de diferentes recursos legales, pero todos fueron rechazados.

“En el proceso de concurso hemos tenido que cumplir todos los  trámites para que el crédito de la Provincia quede protegido y verificado”, dijo Fernández, confirmando que, con esos antecedentes y la formación del ente de control, el crédito quedó firme. Esta deuda se basa, según explicaron, en reclamos por multas, la devolución de infraestructura en malas condiciones y falta de cumplimiento del plan de obras o plan de operaciones. 

Esta falta de inversiones es uno de los argumentos que esgrimió el Ejecutivo provincial para justificar el aumento del agua, que superará 40% hasta fin de año, y también es la base del financiamiento que tiene aprobado Aysam para mejorar las condiciones del servicio en toda la provincia. 

Pero, más allá de los montos, el jueves de la semana pasada, el mismo tribunal que declaró como admisible el crédito de la Provincia llamó a los acreedores mayoritarios para formar un comité de control, para el cual, tanto el Estado provincial, como tal, y también la Administración Tributaria Mendoza (ATM) –con un crédito de más de 40 millones de pesos– tendrán que nombrar un profesional para que sea parte y pueda tener control de, entre otras cosas, lo que está haciendo el síndico, los liquidadores de obras sanitarias, pedir documentos o analizar balances. Con los organismos provinciales estarían otros acreedores como la Municipalidad de Godoy Cruz y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Todo este proceso es parte del concurso, al cual recurrió la ex OSM –Saur Internacional– para sanear las cuentas con la ayuda del tribunal sin necesidad de declarar la quiebra y buscando salvar la compañía. En ese sentido, y como parte de este proceso, la concesionaria negociaría con los acreedores en busca de un acuerdo, el cual debe ser confirmado por el juez de la causa, por lo que no necesariamente la Provincia cobraría el monto total de lo que indica el crédito admitido.

EL PROCESO PARALELO. Sin embargo, este no es el único proceso  que se lleva en la Provincia relacionado con la empresa sanitaria, ya que en la Suprema Corte local hay una Acción Procesal Administrativa (APA), a través de la cual Obras Sanitarias busca la nulidad, tanto de la intervención durante el gobierno de Celso Jaque, como también de la rescisión del contrato de concesión. 

En ese sentido, Mosso Giannini manifestó: “Se produce porque ellos han cuestionado no sólo la intervención, sino también la rescisión contractual, entonces, esos dos actos no están firmes en la medida que están recurridos judicialmente y la Corte dirá si esos actos son nulos. Nosotros tenemos totales esperanzas y creemos que son válidos, creemos que se va a resolver su validez”.

Parte del crédito que admitió el juez en el concurso de OSM está ligado al resultado de este proceso, ya que, dependiendo del resultado, se podría concretar el pago.

Con respecto a este proceso que se lleva en el máximo tribunal, la abogada de la fiscalía, Adriana Barrancos, dijo que hay pruebas fundamentales en la que se sustenta la defensa de la decisión que tomó el Estado mendocino. Una de ellas es el informe que la Provincia le encargó a la Universidad Nacional de Cuyo y que arrojó irregularidades desde el punto de vista contractual, jurídico y técnico, el cual fue muy importante a la hora de terminar con la concesión. 

A eso se suma una pericia contable que debería estar finalizada a fin de año. Está a cargo de tres peritos que tenían plazo hasta julio para finalizarla, pero que, por la complejidad, pidieron una prórroga de cinco meses. También se cuenta en el proceso un informe del Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS), que también advierte de irregularidades de la concesionaria.

Más allá de lo que pasa en organismos internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), hay mucha atención en lo que sucede en los tribunales locales, porque también podrían tener un efecto en ese proceso.

“La Provincia y la fiscalía hemos contestado bien a esa demanda y estimamos que no va a prosperar la demanda de nulidad que ellos han planteado contra esos actos”, dijo Mosso Giannini, sobre la causa en la Suprema Corte de Mendoza. Por su parte, Fernández apuntó al trabajo conjunto y sus beneficios: “Nosotros estamos muy convencidos porque se ha trabajado seriamente y se han presentado elementos de relevancia”.

Causa penal

Además de las mencionadas, la Provincia también tiene causas penales en contra de la ex OSM. Este proceso, según informaron desde la fiscalía, está avanzando, ya hay pronunciamiento de primera instancia y se encaminaría a elevarse a juicio.

Las consecuencias del juicio penal han sido incorporadas al juicio de rescisión que se lleva en la Corte. Esta causa tiene un pronunciamiento que es equivalente al  procesamiento y en ella están siendo apuntados directivos y segundas líneas de mando por “desmanejos” durante la gestión en OSM.