El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza abrió una Licitación Pública para contratar servicios de alojamiento destinados a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), Aduana y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, en el marco del Acta Compromiso N° 2970/2011. El concurso público es paralelo al acuerdo que se ratificó este lunes con Nación para mejorar la infraestructura aduanera en el paso al vecino país, en las que la Provincia aclaró que no hará obras.
Esta medida tiene por objetivo garantizar condiciones dignas para el personal chileno que trabaja del lado argentino en el corredor internacional, especialmente en la cabecera de cargas ubicada en la Villa de Uspallata.
El llamado contempla un presupuesto oficial de $402.025.917,55, autorizado mediante la Resolución Nº 3015 SyJ del 22 de julio de 2025. La apertura de las propuestas será el miércoles 20 de agosto a las 9.
El servicio licitado prevé una duración de 12 meses y contempla la provisión diaria de 7 habitaciones dobles y 4 triples, con un total anual estimado de 2.555 servicios de habitaciones dobles y 1.460 triples, calculados para albergar a 26 funcionarios.
El pliego especifica que las habitaciones deberán contar con baño privado, servicio de mucama y desayuno con infusión y refrigerio (como tortita, medialuna o sándwich de jamón y queso). Además, los oferentes deberán contar con una antigüedad mínima de dos años en el rubro y estar registrados en la Secretaría de Turismo o cámaras afines.
Un convenio en revisión
Esta contratación forma parte de las funciones asumidas por Mendoza tras un convenio firmado años atrás con Nación, por el cual la provincia tomó responsabilidades que originalmente correspondían a la Nación. No obstante, el esquema actual está siendo revisado por las autoridades.
Según explicaron a El Sol desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, la ministra Mercedes Rus mantuvo oportunamente una reunión con Lisandro Catalán, titular de la vicejefatura de Gabinete de Interior de la Nación. En ese encuentro se discutió la posibilidad de avanzar hacia un nuevo modelo integral de gestión fronteriza, que contemple mejoras edilicias, mayor control operativo y eventualmente la participación de un actor privado que se haría cargo de la concesión del servicio.
Una vez en funcionamiento, este esquema implicará la disolución del convenio vigente y la reasignación de responsabilidades al Estado nacional.
El anuncio de esta licitación se da en un contexto de reclamos sostenidos por parte de funcionarios chilenos, quienes han denunciado en reiteradas ocasiones las “pésimas condiciones edilicias” del complejo argentino Horcones, donde desarrollan sus tareas. Las quejas apuntan a deficiencias estructurales que afectan tanto la seguridad como el confort del personal, y que han generado tensiones en la cooperación binacional.
El llamado a licitación
De qué se hará cargo la Provincia con el nuevo acuerdo
Consultado por El Sol sobre el trasfondo institucional del acuerdo, el subsecretario de Relaciones Institucionales, José Videla Saenz, explicó que “se empezó a trabajar apenas comienza el gobierno actual después de ver el estado del Paso Cristo Redentor y tratar de ayudar de alguna manera al Gobierno Nacional a agilizar y mejorar la gestión y el mantenimiento del paso internacional”.
Lo más relevante, señaló, es que la cláusula segunda establece que el Gobierno Nacional aportará los recursos técnicos y financieros, mientras que la Provincia de Mendoza pondrá a disposición su capacidad operativa y administrativa. “Esto permitirá que, cuando se asignen prioridades para obras de mejoramiento, Mendoza actúe como brazo ejecutor de forma más rápida y eficiente que la Nación”, sostuvo.
Videla Sáenz confirmó además que el convenio ya fue aprobado y está listo para ejecutarse: “Solo resta que el Gobierno Nacional asigne las obras. La provincia está totalmente dispuesta a colaborar y actuar lo más rápido posible. A mediados de agosto se pondrá en marcha un Comité de Optimización del Paso Internacional Cristo Redentor, donde se reunirán autoridades argentinas y chilenas para definir prioridades“.
El funcionario remarcó que las rutas y los complejos aduaneros son responsabilidad nacional, pero que Mendoza actúa como facilitador: “Es el paso más importante para que todo lo que exporta el Mercosur hacia Asia llegue a los puertos del Pacífico”.
Por último, aclaró que el acuerdo no incluye obras viales, sino que se focaliza en los aspectos relacionados con los complejos aduaneros. “Está firmado por la Secretaría del Interior, representada por Lisandro Catalán, y por el gobernador Alfredo Cornejo. Interviene la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, a cargo de Ricardo Botana. El eje está en la modernización, infraestructura, conectividad y agilidad de los trámites aduaneros“, explicó.
“La expectativa es generar mejoras lo antes posible, tanto para el comercio exterior como para los turistas y ciudadanos que utilizan este corredor estratégico”, concluyó.