Hace unos veinte años, sentados en el cordón de la acequia, un periodista y un policía de Investigaciones elucubraban sobre qué había ocurrido en ese departamento del callejón Güemes, en pleno microcentro. Adentro, los efectivos de Policía Científica hacían las primeras pericias, la morguera se llevaba el cadáver de un hombre mientras una mujer protagonizaba escenas de dramatismo y gritaba que a su marido lo habían asesinado en medio de un robo.
El detective era poco ortodoxo. Acostumbrado a manejarse en el barro, no era muy bien visto por sus superiores; por eso y por su particular forma de moverse en el mundo del hampa. Era fácilmente reconocible para quienes cubrían crónicas policiales. Alto y algo desgarbado, vestía bermudas, soquetes, barba crecida y gozaba de una increíble simpatía para entrarle a cualquiera y obtener la información que quería. Y otros dos distintivos: un gorro tipo Piluso y la riñonera donde llevaba el bufoso reglamentario. Era especialista en resolver casos . Por eso lo querían y por eso lo odiaban. Era un bando, pero tenía la perspicacia y la sagacidad de los sabuesos de antaño.
“El tipo la fajaba y la mina sabía que en la casa había un arma guardada. Si no, quién viene a robar con un rifle. Estaba harta; lo esperó, le disparó y lo mató. Ya vas a ver que tengo razón”, tiró.
Unos días más tarde, la mujer confesó. Era víctima de violencia de género (figura que por esos días no existía); su pareja tenía un rifle guardado, ella lo sacó, lo cargó y, cuando tuvo oportunidad, se vengó de un balazo. Asunto resuelto; ahí, a un golpe de vista.
El caso sirve como ejemplo de todo lo que está bien y de todo lo que está mal. En estos veinte años, las ciencias forenses han tenido avances formidables. La tecnología, incluida la inteligencia artificial, otorgaron herramientas para convertir lo que antes eran indicios en pruebas concretas. Dan certidumbre. Con margen de error, claro, pero aportan datos que antes eran impensados. Ni hablar de los sistemas de videovigilancia. Es cuestión de mirar hacia arriba y hacia los costados y sentirse inmerso en un Gran Hermano social. Hay cámaras por todos lados.
Aun así, hay un factor que suele ser determinante: la agudeza para investigar. Y la Justicia se está quedado sin pillos. Está repleta de fiscales con capacidad de rendir un examen de ingreso; de superar esa prueba clave. El tema es que no tienen ni calle ni astucia. Se pasan de burócratas y no soportan la presión.
En menos de un año hubo tres episodios que le generaron aturdimiento en la justicia mendocina. Todos en el fuero penal que, en definitiva, es el que más repercusión mediática tiene. Y es justamente eso, la prisa por tratar de instalar agenda, que provocó el desboque.
Desde el supuesto ataque de un preso a una fiscal en un juicio hasta la muerte de un empresario en su casa de Chacras de Coria. En el medio, el caso de los rugbiers franceses acusados de abuso sexual.
En los tres hechos hubo reacciones intempestivas, apresuradas y, llamativamente, oficiales. Como si salir a decir algo fuera una obligación y la cautela del tiempo y la paciencia hubiesen dejado de ser una virtud.
Caso 1
La fiscal Claudia Ríos aseguró que, en medio de una audiencia de un juicio oral, un detenido se zafó de los guardias, tomó un puñal y fue derecho a acuchillarla. Que logró esquivarlo, que luego lo persiguió, le dio alcance y que, como había tomado rehenes, lo sometió con un gas pimienta.
Institucionalmente, esta versión fue irrefutable. De hecho, se avanzó en una causa basada en ese relato. Hubo declaraciones formales que convalidaron el hecho. Y nadie indagó ni cuestionó.
Unos días después, cuando trascendió el video, todo se desmoronó. Y no porque la fiscal haya mentido, sino porque las imágenes mostraban conductas diferentes. Hubo un poco y un poco, pero la objetividad del video era clara. Que Claudia Ríos haya pensado que era un ataque hacia ella era lógico. Fue una situación extremadamente traumática para ella. El problema es que nadie se tomó el trabajo de ver el video. Y, si lo hizo, lejos de poner paños fríos, potenció un relato inexacto.
Caso 2
Una mujer denuncia a dos jugadores de rugby de la Selección de Francia. Dice que la violaron. Va al Cuerpo Médico Forense y confirman que tiene marcas en el cuerpo. Punto.
En plena feria judicial, el relato parece que tiene color. Los jóvenes de 20 y 21 están a punto de dejar el país. Por eso se emite un pedido de captura nacional e internacional. Se los aprehende en la Ciudad de Buenos Aires y se los traslada a Mendoza. Entre una cosa y otra, pasan cuatro días.
En ese lapso, la abogada de la denuncian hace un raid mediático. Aparece en medios provinciales, nacionales e internacionales. En cada entrevista aparece un dato nuevo. Lejos de evitar la revictimización, la declaración de la denunciante recorre todas las redacciones.
En los pasillos del Polo Judicial nadie conoce a la abogada. Dicen que tiene escasa experiencia en materia penal, pero que sí es muy conocida en la Justicia de Familia; tiene fama de dura y chicanera. Del otro lado, aparece Rafael Cúneo Libarona; un abogado con apellido mediático y de renombre político y judicial para tomar la defensa de los rugbiers. El combo es completo. Se pelean para ver quién tiene más espacio frente a las cámaras.
En el Poder Judicial vuelven a alborotarse por la repercusión. Salen, hablan, dan datos y aseguran que hay pruebas suficientes. ¿Para qué? Se vieron avasallados por un par de abogados. Y quedaron en el medio.
No esperaron. No tuvieron prudencia. Y el tiempo y sobre todo la evidencia los está haciendo recular. Se movieron bajo estado de emoción violenta y guiados por cuestiones ideológicas. Instalaron la narrativa de “perspectiva de género”, una figura rentable que nada tiene que ver con una investigación. Los hechos son sagrados. Después, el contexto servirá para determinar agravantes o atenuantes. Pero lo que se investigan son hechos.
Hoy por hoy, ningún juez con algo de experiencia se animaría a condenar a los dos jugadores. No con esas pruebas ni con las declaraciones que conforman el expediente. Mínimo, absueltos por el beneficio de la duda, aseguran. Es prematuro, es cierto.
Caso 3
Un empresario es encontrado sin vida, flotando en la pileta de su casa. Tiene precintos en pies y manos. Hacía unos días había publicado en las redes sociales que no pensaba suicidarse. También hizo denuncias de todo tipo y color por la misma vía. Si esas acusaciones eran creíbles o si era un denunciante serial, es otro cuento.
¿Pudo ser un suicidio? Claro que sí. Las primeras pericias indican eso. ¿Es pronto para confirmarlo? También; en especial, por todo ese “color” que antecedió su muerte. Pero el caso ya está prácticamente cerrado.
El Ministerio Público Fiscal saca un comunicado con premura. Y crece el morbo y los militantes de las teorías conspirativas ven complots por todos lados. Se arma un festival de confabulaciones.
El titular del Ministerio de Público, Alejandro Gullé, se pone en el medio de la tormenta. Intenta hacer equilibrio entre las pujas de poder que, por razones obvias, confluyen ahí. El corazón de la Justicia es el fuero penal. Todo, tarde o temprano, se dirime ahí. Controlar la Justicia es el sueño de cualquier político; manejar los hilos de las investigaciones es hacerlo realidad.
En el medio, la pelea con los ayudantes fiscales y el reclamo interminable de las horas extras. Resoluciones cruzadas con marchas y contramarchas. Intereses políticos que juegan en causas clave. El avance de expediente según la cara del denunciado y su simpatía partidaria. Fiscales que se le paran de manos a sus jefes. Y una coordinadora (Andrea Chaves) que parece desconocer principios básicos de la administración pública, como que nadie puede tener dos sueldos estatales, salvo que sea docente.
Eso generó un escándalo con el Conicet y con el Sistema Penitenciario. Primero, por querer incorporar a una conocida en el Cuerpo Médico Forense; segundo, por contratar a una allegada como adiestradora de perros que ya tenía un cargo estatal. Cuando trascendió lo que ocurría, dibujaron un concurso público para evitar más polémica y evitar que el Ministerio Público sea un club de amigos.
El Poder Judicial se Mendoza está atravesado por diversas luchas internas que, por temporadas, van ganando en trascendencia. Actualmente, la pelea de fondo es la del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y la del ministro del máximo tribunal y coordinador en asuntos penales, José Valerio.
Garay viene de la política más dura. Le gusta el coqueteo entre poderes. Sabe que siempre es necesaria una hendija abierta para que puedan darse canales informales de comunicación. El tema es determinar los límites. Hasta dónde sí y hasta dónde no.
Valerio llegó a la Corte de la mano del mismo gobernador que puso a Garay allí, Alfredo Cornejo. Sin embargo, más allá de su simpatía política, es un bicho de tribunales. Entiende que los temas de la Justicia se resuelven allí. Y, en todo caso, que sea el Poder Judicial el que imponga condiciones, y que nadie le venga a decir cómo tiene que hacer su trabajo.
La discordia tiene correlatos en diferentes ambientes; no sólo en la Corte. La cruzada abarca, además, el sistema de selección y evaluación de magistrados, con un capítulo especial en el manejo del Consejo de la Magistratura.
Esas dos posturas están chocando de frente desde hace meses. Y los estruendos se sienten en todos lados.