La Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza lanzó un duro comunicado calificando de “triste y desoladora” la sentencia de la Suprema Corte provincial en el caso de la “Cláusula C”. Pese a que el máximo tribunal reconoció la validez del acuerdo paritario y el incumplimiento del Gobierno provincial, el fallo mayoritario decidió devolver el conflicto salarial al ámbito de la negociación, lo que el gremio considera un “fraude de etiquetas” que anula su derecho tras diez años de litigio.
La disputa se centra en la “Cláusula C” , un compromiso firmado en 2013 que establecía que “no debe ampliar la brecha existente entre el salario de los funcionarios y el salario de los magistrados”. Este acuerdo, ratificado por ley, buscaba mantener la relación histórica entre escalafones.
El fallo mayoritario de la Corte, integrado por los ministros Julio Gómez, María Teresa Day, Norma Llatser, José Valerio y Dalmiro Garay, generó una paradoja judicial. El Tribunal sostuvo que la cláusula “tenía operatividad” y que el Ejecutivo “incumplió la obligación asumida en 2013” . De hecho, calificó la resistencia del Gobierno de “ilegítima y de mala fe”.
Sin embargo, la mayoría se declaró incompetente para “sustituir a la paritaria” , fijar porcentajes o liquidar automáticamente las diferencias. En su lugar, la Corte intimó al Ejecutivo a formular una “propuesta razonable” de recomposición salarial en el ámbito paritario.
Para la Asociación de Funcionarios Judiciales, esta decisión equivale a “no hacer lo que deben: JUSTICIA”. El comunicado gremial critica con vehemencia que la sentencia, ya que consideran que se “retrotrae al ámbito paritario la determinación de los alcances de un derecho que los trabajadores ya habían obtenido”. Esto conduce a la “renegociación de algo que ya había sido objeto de negociación”.
Además, desde el gremio señalaron que si el acuerdo fue homologado por ley y la Corte ahora dice que la cláusula “no es operativa; no puede exigirse; no es fuente de obligación” , ¿qué diferencia hay “entre una paritaria y una charla de café?”.
Incluso, desde el gremio señalaron que la Inteligencia Artificial pudo resolver en un segundo lo que la Corte demoró dos años en definir. De hecho, le preguntaron a ChatGPT que se debía hacer con la aplicación de la Cláusula C.
“Si aumenta el sueldo de magistrados, también debe aumentarse el de funcionarios en una proporción que mantenga la misma relación. Prohibición de regresividad salarial (art. 7 y 8 PIDESC)“, respondió la IA y desde el gremio agregaron con ironía “no era tan difícil…”
La disidencia
El voto de los ministros Mario Adaro y Omar Palermo confirmó la magnitud del perjuicio salarial y la presión fiscal que rodeó el caso.
La disidencia propuso admitir plenamente la demanda y ordenar el pago directo de las diferencias. El Dr. Palermo criticó que la solución de la mayoría es “regresivamente utilizada en perjuicio de los derechos de los trabajadores”.
Según lo mencionado en la argumentación de la dicidenciamencionadas en la disidencia , la brecha salarial acumulada entre funcionarios y magistrados entre 2014 y 2019 alcanzó cifras de hasta el 97,99% en algunos períodos.
La Asociación cierra su comunicado citando al Dr. Palermo: “Lo cuestionable… es que la misma es regresivamente utilizada en perjuicio de los derechos de los trabajadores”.