Las elecciones en el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, programadas para el próximo mes de abril, han dejado de ser un trámite institucional para transformarse en una batalla estratégica por espacios de poder real. Este martes cierran las listas y son 2.769 los abogados habilitados a emitir su voto para el directorio. “Es un número alto. Se nota que hay un movimiento político fuerte”, deslizaron.
Según destacaron importantes fuentes a este diario, la contienda no es solo por la conducción del Colegio, sino por el peso específico que la institución tiene en el Consejo de la Magistratura, el órgano clave encargado de la selección, suspensión y remoción de jueces.
Actualmente, esa silla fundamental -por la Primera Circunscripción- la ocupa Pablo Teixidor, quien asumió en marzo de 2025 por un periodo de dos años, pero el resultado de estos comicios marcará el pulso de la influencia política en el derecho mendocino. Teixidor es querellante en una causa que le interesa al Gobierno: las cooperativas truchas y el entramado que incluye al exintendente lasherino Daniel Orozco y la diputada provincial suspendida Janina Ortiz.
A la relevancia del Consejo de la Magistratura se suma el control del Tribunal de Ética y Disciplina, un organismo vital para el ejercicio de la profesión, ya que es el encargado de dictar sanciones y, en los casos más graves, de la quita de matrículas ante denuncias contra los letrados. En este escenario, los nuevos presidente y vicepresidente tendrán la tarea de reemplazar a la conducción saliente, integrada por Sergio Molina y Jazminka Mihaljevic.
La lista que representa al oficialismo provincial está encabezada por Alejandra Lanci, hija del histórico dirigente de la UCR, Hugo Lanci, que se desempeña actualmente en la Asesoría de Gobierno, un órgano que depende directamente del Poder Ejecutivo. La fórmula se completa con Claudio Tejada, un abogado estrechamente vinculado al mundo de las empresas aseguradoras.
Desde el entorno oficialista argumentaron a El Sol que la lista busca una“oxigenación” al estar integrada por profesionales más jóvenes. Entre ellos destaca María Ángeles De Blasis, abogada laboralista, quien ocupa el lugar de primera vocal.
En el armado oficialista también se observan movimientos sugerentes en relación con la interna del Gobierno. Se destaca la salida de Nuria Olivera, una pieza de confianza de la vicegobernadora Hebe Casado que se desempeña como secretaria Legal y Técnica en el Senado. Sin embargo, la influencia de la vicegobernadora persiste a través de Joaquín Faliti, uno de sus principales asesores jurídicos, quien se desempeña como titular de la Junta Electoral.
En la vereda opuesta, la lista opositora de tintes peronistas se agrupa bajo el nombre “Alternativa Profesional Autónoma (APA)”. Al frente se ubica Alejandro Poquet, un reconocido penalista y fundador del estudio que lleva su nombre, quien posee una vasta experiencia en la gestión pública tras haber sido subsecretario de Justicia entre 1995 y 1999, en momentos donde se produjo una reforma histórica en Seguridad.
Poquet es recordado también por su aceitada relación académica -y de amistad- con el exjuez de la Corte nacional, Eugenio Zaffaroni, cuyas posturas garantistas suelen ser eje de debate. Lo acompaña como candidata a vicepresidenta Susana Stefanelli, abogada de familia que en 2021 incursionó en la política partidaria como candidata a legisladora por Compromiso Federal (peronismo) y que ya fue candidata a presidir el directorio del cuerpo colegiado.
El primer vocal titular de APA es Gustavo Gaido, un abogado penalista cuya figura conecta directamente con el poder territorial: es cuñado del intendente de Maipú, Matías Stevanato. Gaido ya tuvo un intento de salto a la política en las legislativas de 2021, cuando integró la lista de “Cambia Ya”, el ala empresaria que en aquel momento disputó la interna de Cambia Mendoza.
La jornada electoral se desarrollará el miércoles 22 de abril. Las urnas estarán habilitadas desde las 8 hasta las 20, bajo la supervisión de la Junta Electoral. En esta oportunidad, los matriculados deberán elegir un presidente, un vicepresidente, cinco vocales titulares y tres suplentes para el Directorio, además de siete miembros titulares y siete suplentes para el Tribunal de Ética.
Un dato no menor, que suele generar tensiones en el padrón, es el criterio de habilitación según el estado de las cuotas sociales. Podrán votar para ambos órganos aquellos profesionales que se encontraran al día al 31 de diciembre de 2025 o que regularicen su situación antes del 31 de marzo de 2026. El total de es de 2769 personas.
Aquellos que tienen deudas y no las cancelaron antes de la fecha límite de marzo, quedaron restringidos y solamente podrán emitir su voto para elegir a las autoridades del Tribunal de Ética y Disciplina, quedando excluidos de la elección del Directorio que conducirá los destinos del Colegio hasta 2028.