Una nueva etapa se inició este miércoles en el juicio contra el suspendido juez Walter Bento, quien se encuentra procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a presos a cambio de beneficios judiciales.
El magistrado que se encontraba a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza se volvió a sentar en el banquillo de los acusados, junto a una treintena de procesados, entre los que se encuentran su esposa Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel. Su defensa hizo numerosos planteos y cuestionó fuertemente a la Fiscalía.
En la última jornada del debate, que se celebró hace casi dos semanas, se dio por finalizada la lectura del requerimiento de la elevación a juicio, a través de la cual los acusados escucharon las pruebas más importantes en su contra.
Este miércoles, se abrió juicio y la fiscal de Cámara María Gloria André, solicitó la introducción de dos nuevos testigos: Ignacio Aliaga y Sergio Carreño.
El primero es hijo de Diego Aliaga, ex despachante de aduanas asesinado en 2020 y señalado como una figura clave dentro de la banda presuntamente liderada por Bento. El joven era uno de los procesados que tenía la megacausa, por el delito de falso testimonio, pero en las primeras audiencias accedió a una suspensión de juicio a prueba o probation.
En tanto, el segundo es un abogado mendocino que denunció recientemente, en el marco de otra causa, que un cliente suyo fue blanco de intentos de soborno por parte de los dos procesados arrepentidos que tiene el caso: los letrados Martín Ríos y Matías Aramayo.
Posteriormente, tomó la palabra el abogado Mariano Fragueiro Frías, uno de los defensores del Bento y cuestionó la incorporación de estos dos nuevos testigos. Con respecto a Aliaga sostuvo que no es la oportunidad para evaluar su declaración y que sólo se podría ofrecer como testigo a partir de lo que surja durante el debate.
Además, sostuvo que al acceder a una probation, continúa vinculado a los efectos del delito por el que se encontraba acusado y que, en caso de no cumplir con las pautas establecidas durante la suspensión de juicio a prueba, podría volver a estar procesado. También indicó que sería una contradicción que sea citado a declarar bajo juramento una persona que estuvo imputado por falso testimonio en la misma causa. “No es acertado. El Ministerio Público Fiscal, en base a irregularidades, pretende llevar adelante un proceso para juzgar otras irregularidades”, agregó.
Continuando con su exposición, procedió a cuestionar la conformación del Tribunal para el debate. Destacó la situación del juez Pablo Salinas, quien confirmó la elevación de la causa a debate, pero luego se inhibió para ser parte proceso: “Se ha hecho todo mal. Hizo la citación a juicio un juez que no era competente”, reclamó Fragueiro Frías.
Asimismo, hizo mención a la jueza Maria Paula Marisi, quien jamás fue tenida en cuenta como una de las posibles magistradas para conformar el Tribunal: “No estaba ni recusada, ni inhibida, simplemente se la salteó”, refirió el defensor de Bento.
Por otro lado, el letrado hizo hincapié en la digitalización del expediente y la falta de algunos elementos para “garantizar el derecho al debido proceso”. Esto, principalmente, porque hubo una imposibilidad de acceder y conocer la totalidad de las pruebas y medidas realizadas durante la instrucción. Incluso, afirmó que esa situación fue denunciada en seis oportunidades por otros colegas que participaron de diferentes audiencias a lo largo de la investigación y que, aun así, todavía hay prueba que no está ingresada.
Fragueiro Frías también opinó que ciertos casos deberían haber sido tratados en otro juicio, principalmente en los que encuentran procesados la esposa y los hijos de Bento -por enriquecimiento ilícito y lavado de activos-, ya que “no todos los delitos participan en las mismas reglas constitucionales”.
Por último, el abogado cuestionó a decenas de testigos que tiene la megacausa. Explicó que se le tomó declaración juramentada a condenados por delitos conexos, lo que va en contra de lo establecido por el artículo 249 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual indica: “Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas por falso testimonio y prestará juramento de decir verdad, con excepción de los menores inimputables y de los condenados como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo”.
En ese sentido, enumeró a 16 testigos que fueron condenados por causas de contrabando o narcotráfico investigadas por el juez Bento: Gonzalo Ramírez Madrid, Juan Carlos Iniguez, Roberto Dante Flores, Ruben Héctor Riveros, Carlos Felipe Giménez, Raúl Cuquejo, Raúl Alfredo Ahumada, Ángel Arias, Nelson Alfredo Bravo, Enzo Diego Stuto, Sebastián Angel Palumbo, José Rodríguez Núñez, Paulo Lorenzo Rivas, Jorge Alejandro Rojas Huerta, Adrián Fourcado y Daniel Orlando Aguilera. Y agregó que estos hombres “tienen un interés”, ya que “quieren declarar la nulidad de sus sentencias”.
Una vez terminado el turno de Fragueiro Frías, la jueza Gretel Diamante, que preside el Tribunal, ordenó pasar a un cuarto intermedio para que luego continuarán con las exposiciones el resto de los defensores.