El Gobierno de Mendoza, a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, rechazó formalmente el recurso de alzada Impropio presentado por el Colegio de Escribanos, Delegación San Rafael, que denunciaba un supuesto “direccionamiento intencional e irregular” en la asignación de escrituras de hipotecas por parte del Fondo de Transformación y Crecimiento de la provincia.
Si bien el recurso fue rechazado en lo formal por no cumplir con los requisitos procesales de la Ley Nº 9003, el decreto dejó en claro que la grave denuncia de los notarios está siendo investigada en profundidad por la Oficina General de Sumarios.
La denuncia
La presentación inicial, encabezada por el abogado Matías Correa y la presidente del Colegio de Escribanos Delegación San Rafael, Vanesa Sorroche, apuntaba a la Delegación San Rafael del Fondo por supuestamente “sugerir” a los tomadores de crédito hipotecario que designaran a profesionales determinados.
Según la denuncia, esta práctica, además de no respetar la libre elección dentro de la nómina de escribanos, configuraba una “verdadera desviación de poder” con el fin de “beneficiar a ciertos escribanos en desmedro de sus colegas”. Los denunciantes argumentaron que esta asignación recurrente y concentrada violaba la transparencia y la ética pública.
La situación se agrava, según el Colegio Notarial, porque se les habría recomendado a los ciudadanos elegir a ciertos profesionales bajo el argumento de que eran “más rápidos y baratos”, a pesar de que la Ley Nº 5053 establece que los honorarios notariales están tabulados y son idénticos para todos.
Información pública y sumario en marcha
Ante la falta de respuesta y la negativa a entregar la lista de escribanos actuantes en 2024 por parte de la Directora Ejecutiva del Fondo, los recurrentes debieron apelar a la información pública del Registro de la Propiedad Inmueble para constatar la “recurrencia de asignación de hipotecas al mismo escribano”.
No obstante el rechazo formal al recurso de alzada, el decreto gubernamental confirma que la denuncia administrativa fue recibida y que el Fondo para la Transformación y el Crecimiento ya ordenó, mediante Resolución Nº 519/2025, instruir un sumario a fin de determinar si los hechos constituyen una falta administrativa.
El Gobernador decretó el rechazo del recurso al considerar que no hubo una denegatoria tácita o falta de resolución, sino que el caso se encuentra “en plena etapa de investigación” en la Oficina de Sumarios Administrativos, lo que puede ser constatado por los recurrentes.
La denuncia del Colegio de Escribanos advirtió que la conducta del funcionario público podría configurar un incumplimiento de deberes previsto en el Artículo 248 del Código Penal, reservándose el derecho de iniciar acciones por daños.