El crimen de César Darío Rodas, el hombre de 41 años que fue descuartizado y calcinado en una vivienda de Dorrego, sacudió a Mendoza no solo por la brutalidad del hecho, sino también por las circunstancias que rodeaban a una de las personas imputadas: Adriana Valeria Suárez, quien al momento del asesinato se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se pronunció este lunes sobre el caso y manifestó su preocupación por los beneficios judiciales otorgados a Suárez desde hace varios años por el juez Sebastián Sarmiento, a quien ya han cuestionado abiertamente desde el Gobierno en distintos casos.
“Lo estudiamos mucho. Esta mujer empezó con beneficios en materia de su prisión desde el 2020, desde la pandemia. Todos estos beneficios se habían otorgado judicialmente, con informes del Servicio Penitenciario”, explicó.
Según detalló Rus, Suárez atravesó distintos regímenes de control a lo largo del tiempo, desde el monitoreo por GPS hasta salidas autorizadas para cuestiones médicas o escolares, en referencia al traslado de sus hijas. “Tenía distintas autorizaciones para llevar y traer a sus hijas al colegio, y también para salidas médicas”, dijo la ministra.
En agosto de 2024, la mujer fue equipada con una tobillera electrónica con sistema de alertas. Y fue justamente ese dispositivo el que marcó una señal de advertencia el 16 de junio, apenas horas antes del crimen.
“Tenemos alertas. De hecho, la última alerta por un incumplimiento de esta mujer respecto de sus obligaciones bajo prisión domiciliaria fue el 16 de junio, justamente muy próximo al hecho”, señaló Rus.
El informe con la infracción fue remitido al Juzgado de Ejecución Nº 1. Según la funcionaria, existen constancias de otros episodios similares en los que Suárez habría incumplido las condiciones del régimen.
“El Servicio Penitenciario dio aviso al juzgado porque nosotros no podemos revocar el beneficio. Eso es competencia del Poder Judicial”, explicó. En ese punto, la ministra remarcó que todas las anomalías detectadas estaban debidamente informadas y en manos del juzgado correspondiente.
La funcionaria también recordó que Suárez había sido condenada por un robo violento ocurrido en 2019 en Luján de Cuyo, causa por la cual fue privada de la libertad. “Se trata de una persona violenta que, además, incumplió en alguna medida las condiciones que le habían fijado para tener un determinado beneficio”, remarcó.
El asesinato de Rodas, que conmocionó a la comunidad por la saña con la que fue ejecutado, llevó a la ministra a recalcar que, si se confirma la responsabilidad de Suárez en el hecho, la imputada enfrentará una pena de prisión perpetua.
“El desenlace y el hecho son absolutamente violentos. Estamos ante un caso extremo. Obviamente, si se confirma que ella es la autora, estamos frente a un delito cuya amenaza punitiva es la máxima”, aseguró.
Aunque evitó emitir juicios sobre el accionar del Poder Judicial, Rus dejó entrever una crítica al sistema que permitió que una persona con antecedentes de violencia accediera a un beneficio que —según lo ocurrido— habría sido aprovechado además para perpetrar un crimen atroz.
Anteriormente, el Gobierno ha salido al cruce contra el juez Sebastián Sarmiento en distintos temas: uno de ellos estuvo relacionado a que fue la autoridad que decidió frenar con la quita de los celulares a los presos y también por darles beneficios de domiciliaria o libertad a delincuentes que luego reinciden en otros delitos como robos u homicidios.