El Gobierno dispuso la intervención administrativa plena de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios por un período de seis meses, debido a irregularidades institucionales, dificultades para su regularización y una situación de virtual acefalía que, según los antecedentes oficiales, afectaba el funcionamiento de la entidad.
La medida fue establecida mediante el Decreto N° 2146, firmado el 7 de octubre por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. La intervención comenzará a regir desde la puesta en funciones del interventor y contempla el desplazamiento total de las autoridades de la Federación.
La cadena de irregularidades que terminó con la intervención de la Federación de Bomberos
La intervención de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios no fue una decisión repentina. Según informó el Gobierno provincial, llegó a esa instancia después de casi cinco años de intimaciones, documentación incompleta, mandatos vencidos, asambleas declaradas ineficaces y dificultades…
El Ejecutivo provincial designó como interventor a Sergio Fabián Quinzano, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Ciudad de Mendoza. Según consta en el decreto, la Dirección de Defensa Civil propuso su designación debido a su experiencia en la actividad y a que no habría integrado la Comisión Directiva de la Federación durante los últimos años.
La decisión se tomó luego de un análisis de la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público, que constató la existencia de irregularidades tanto en la Federación como en varias de las asociaciones que la integran. El organismo señaló además que se habían realizado reiteradas intimaciones para avanzar en la regularización, sin resultados suficientes, y que entidades federadas en situación regular habían denunciado una situación de virtual acefalía.
Qué deberá hacer el interventor
La intervención tendrá carácter excepcional, temporario y provisional y tendrá como objetivo central normalizar el funcionamiento institucional de la Federación. Quinzano asumirá las atribuciones, facultades, deberes y responsabilidades correspondientes a los órganos de gobierno de la entidad.
Entre sus principales obligaciones estará regularizar y actualizar la documentación y los estados contables, adecuar el estatuto a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y poner en orden el Libro de Registro de Asociados. También deberá realizar las actuaciones necesarias para normalizar el funcionamiento de la Federación conforme a la Ley 9577.
El decreto señala que la intervención no deberá extenderse más allá de lo necesario para resolver las circunstancias que motivaron la medida y encaminar la normalización institucional. Una vez cumplido el plazo de seis meses, la continuidad de la intervención dependerá de la evolución del proceso de regularización.