Cristian Oliva (39), uno de los 28 procesados del megajuicio que tiene como principal protagonista a Walter Bento, declaró este miércoles en la reanudación del debate que se desarrolla en los Tribunales Federales. Se trata de un narco sentenciado a fines de julio de 2020 a ocho años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Era, además, la mano derecha de Daniel “Rengo” Aguilera, el ex jefe de la barra brava del club Godoy Cruz Antonio Tomba que también fue condenado en la misma causa.
“Nunca he pagado nada, no hay pruebas, no tengo recursos. Y nadie me vino a ofrecer que pagara por una domiciliaria”, señaló en su declaración ante el Tribunal Oral Federal 1. Es que Oliva está imputado en el llamado Bentogate como “sobornador”: la sospecha de los fiscales es que pagó coimas a través de los abogados Luciano Ortego y Javier Angeletti para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria antes de su condena. Ambos letrados están acusados de formar parte de la banda presuntamente liderada por Bento.
Oliva aseguró que obtuvo la prisión domiciliaria por los carriles legales, luego de solicitarla en reiteradas oportunidades, debido a los problemas de salud de su madre y su hermanastro. Además manifestó que su solicitud fue denegada constantemente, lo que llevó a que incluso le reclamara en persona ese beneficio a Bento, en una visita que el ex magistrado y otras autoridades judiciales realizaron al penal de Cacheuta.
Sin embargo, Oliva entró en contradicciones al señalar cómo se vinculó primero con Angeletti y luego con Ortego. En tal sentido, admitió que inicialmente contrató a otra letrada y que también fue representado por defensores oficiales. Pero el dato que no dejaron pasar los fiscales es que recién logró el beneficio cuando su caso fue tomado por los abogados señalados como integrantes de la asociación ilícita que tenía como cabecilla al destituido juez federal.
Oliva relató que llegó a Angeletti a raíz de charlas con otros presos alojados en el penal federal de Cacheuta. “Me vino a visitar al complejo y me preguntó por la forma de pago. Le ofrezco el vehículo y me contestó que no era agenciero. Nunca pude vender el auto así que no quedé en nada con Angiletti. Luego pongo defensor oficial y se empieza a tramitar la domiciliaria”, declaró.
Si bien Oliva dio a entender que Angeletti no lo defendió, el fiscal Dante Vega exhibió documentos que confirman que fue representado por el abogado durante aproximadamente cinco meses.
Mientras que con respecto a su relación con Ortego, Oliva declaró que también lo contactó gracias a las recomendaciones de otros presos federales.
– “¿Tuvo Eugenio Nasi algún papel en la designación de Ortego?”, le preguntó Vega.
– “No”, respondió sin dudar Oliva.
Nasi, que en junio del 2022 fue condenado por una megacausa de contrabando, también está procesado en el Bentogate como sobornador y fue compañero de Oliva en una celda el penal de Cacheuta.
En ese momento, el fiscal solicitó la reproducción de un video de la declaración de Oliva durante la instrucción de la causa.
– “¿Quién le presenta a Ortego?”, indagó Vega.
– “Nasi”, contestó en esa oportunidad el procesado.
Tras ese hecho, Vega insistió este miércoles con su pregunta: “¿Eugenio Nasi le presentó a Ortego?”. Esta vez, la respuesta no fue tan contundente: “No sé, creería que sí. Hay un montón de compañeros en el pabellón, capaz que en su momento fue Eugenio Nasi. A mí me pasaron el número y hablé con Luciano Ortego”.
Posteriormente, ante una consulta del propio Ortego, Oliva negó haber recibido sugerencias para declarar contra Bento a cambio de beneficios.
La polémica por las capturas de pantalla
El primer testigo en declarar fue Federico Ponce, jefe de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza que se encargó de extraer y analizar la información de la tarjeta SIM “duplicada” de Bento.
Hay que recordar que Bento se negó a entregar a los investigadores su teléfono celular, cuya línea estaba a nombre del Concejo de la Magistratura. Por ese motivo, con autorización judicial, se solicitó a la empresa Movistar que se sustituya ese chip para que la Policía pudiera “recolectar la mayor cantidad información asociada a ese número de abonado”, explicó Ponce.
El capítulo de la línea de celular de Bento es uno de los más llamativos de la causa. Cada vez que se su teléfono se quedaba sin conexión, el ex juez se acercaba a las oficinas de Movistar para recuperarla. Así, los investigadores se quedaban sin posibilidad de seguir analizando sus comunicaciones.
El ida y vuelta se repitió al menos en tres oportunidades, hasta que un oficio judicial prohibió a Movistar entregar un nuevo chip a Bento. Sin embargo, según Ponce, cuando podía ingresar nuevamente a las aplicaciones de mensajería, la cantidad de mensajes “era cada vez menor”.
Así, Ponce dio a entender que las conversaciones fueron borradas. También justificó su decisión de realizar capturas de pantalla a las comunicaciones que logró extraer de las cuentas de Bento en Whasapp y Telegram, principalmente.
Ese hecho es uno de los más cuestionados por la defensa del magistrado, que este miércoles insistió con presuntas irregularidades y falta de control en el acceso, descarga y manejo de esa información clave en la causa.