El ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, se refirió a la audiencia que se realizó este lunes el Tribunal encabezado por María Teresa Day, para definir si los presos mendocinos podrán mantener los teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza.
“Una parte plantea que se deje de utilizar los teléfonos debido a los delitos que se han producido desde adentro de las cárceles. La respuesta de la defensa fue que se presenten las pruebas correspondientes. También aseguraron que se ha bajado el nivel de violencia entre los internos”, explicó Valerio, que integra la sala con Day y Dalmiro Garay.
Mientras para el Ministerio Público Fiscal, como para el Gobierno de Mendoza, la medida ya no tiene sentido y debería terminarse, el juez Sebastián Sarmiento ha extendido la utilización de los celulares, teniendo en cuenta el DNU 70/23, que declara la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2025.
“Hay cerca de 4.000 teléfonos registrados, luego se encuentran los que están en negro”, reconoció el supremo.
En otro orden, durante la entrevista en el programa “Opinión” de LVDiez, Valerio analizó el poder de la toma de decisiones que tienen los jueces en la provincia. El análisis surgió a raíz de las críticas que tuvo Sarmiento por el asesinato del policía retirado Héctor Pelayes, en un intento de robo.
El asesino, Roberto Pereyra -quien también perdió la vida-, se encontraba en libertad condicional desde abril de 2023, otorgada por el propio Sarmiento. El interno había sido condenado por el caso de Cristian Verdugo en 2016, a quien asesinó en otro intento de robo.
“Es parte del oficio del juez, la toma de decisiones. Por eso es importante que sea consciente del poder que tiene basándose en un bagaje constitucional. A veces en las decisiones no se valoran las posturas y no deja conforme a una parte”, remarcó Valerio.
En la misma línea, el supremo finalizó que “no podemos pasar a desvirtuar nuestro modelo constitucional. Hay que ser prudente con los planteos que se realizan”.
La audiencia
Hasta el momento, se decidió fijar una nueva instancia judicial para el próximo 7 de octubre, donde se tomará una decisión final.
En el cuarto piso del Palacio de la Justicia, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría Pública expusieron los pro y contras para que los internos puedan utilizar celulares hasta diciembre de 2025.
Una vez que las partes dieron sus argumentos, la presidente del Tribunal, María Teresa Day, decidió realizar un informe al Servicio Penitenciario para que brinde información sobre los planteos realizados. La decisión final será tomada entre la jueza y los supremos Dalmiro Garay y el propio Valerio.
Uno de los puntos de críticas del MPF fue el reconocimiento de hechos delictivos que provinieron de teléfonos que se encontraban dentro las cárceles. También, sobre el cese del uso de los mismos, ya que el sistema penitenciario de Mendoza garantiza los derechos de la visita de familiares, educación como judicial de las personas privadas en libertad.