El debate por el polémico artículo 90 del proyecto de Presupuesto 2023, que beneficia a las distribuidoras eléctricas en detrimento de las provincias, tuvo un nuevo capítulo este martes en la Cámara de Diputados de la Nación.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, encabezó la defensa de esa normativa que prevé que las provincias deberán hacerse “responsables solidariamente” si las distribuidoras eléctricas no regularizan su deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

“Es ese artículo o cortar el servicio”, amenazó la funcionaria que responde al ministro de Economía, Sergio Massa.

La normativa prevé que el Gobierno Nacional podrá retener fondos coparticipables de las provincias si no se pagan las facturas “emitidas y que en un futuro emita” la empresa responsable del despacho de electricidad en el país, que integran representantes privados y del sector público.

En el caso de Mendoza, la principal distribuidora eléctrica (Edemsa) mantenía al 30 de junio pasado una deuda exigible con Cammesa por $11.343 millones.

La diputada nacional Jimena Latorre (Juntos por el Cambio) apuntó con sus preguntas contra Royón y su equipo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, desarrollada este martes.

“¿Usted sabe que no pueden compensarse deudas de distinto origen y con distintos sujetos? ¿Que los Estados provinciales son terceros ajenos a la relación acreedor/deudor que existen las distribuidoras con sus proveedores por la energía vendida y cobrada? ¿Que Cammesa, como sociedad anónima, tiene herramientas para garantizarse el cobro de sus acreencias que en muchos casos no ha utilizado, esperando lobbies extorsivos de algunos de sus socios para procurarse condonaciones como las que se incluyen en este artículo 90?”, lanzó la legisladora radical.

“Es una cláusula a todas luces inconstitucional”, agregó La ex titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

La respuesta llegó a través del subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti. “Los titulares del servicio son las provincias o municipios, por ende corresponsables de cumplir con las obligaciones básicas como pagar la electricidad”, explicó.

La deuda que arrastran las distribuidoras con Cammesa supera los 500 mil millones de pesos, y desde comienzos de este año aumentó más de la mitad. Edenor y Edesur, las empresas que prestan el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), representan el 43% de ese saldo.

En su intervención, Latorre hizo mención a esa situación. Y también destacó que ambas distribuidoras del AMBA tienen las tarifas congeladas por el propio gobierno nacional.

“Es cierto que la deuda más grande es de las empresas de Amba, pero tienen un atraso de 8 o 10 meses. No 11 años”, contestó Royón, haciendo una comparación con el caso de la cooperativa de Comodoro Rivadavia, que durante más de una década no le pagó a Cammesa y recién la semana pasada accedió a una regularización.

Yanotti defendió la eventual aplicación del artículo 90. “Es menos gravoso cobrarlo de forma directa sobre el titular del servicio (las provincias) y no sobre el administrador (las distribuidoras)”, indicó.

También consideró que la propuesta del artículo 90 es menos perjudicial que la normativa actual, que data de comienzos de la década del 90, y que permite la interrupción de la venta de energía de Cammesa a las distribuidoras morosas. Se trata del artículo 84 de la ley 24.065, que está vigente, pero fue morigerada durante la crisis del 2002. Entonces, en vez de cortar el servicio, la mayorista puede disminuir la demanda en un 10% del promedio histórico.

Además, Yanotti  informó que las distribuidoras de 17 provincias están al día con Cammesa y que la deuda corresponde a empresas de siete jurisdicciones. “Es una evidente falla regulatoria que instamos a resolver”, manifestó.

Qué dice el artículo 90

En los presupuestos anteriores, habitualmente se incluía un artículo donde se establecía un régimen especial de regularización de obligaciones de las distribuidoras, pero no eran las provincias las que debían hacerse cargo de las deudas.

El artículo 90 del proyecto de Presupuesto 2023 cambió ese panorama. Y un dato que no pasó desapercibido en el Congreso es la íntima relación de Massa con Daniel Vila y José Luis Manzano, los empresarios mendocinos dueños de Edemsa y de Edenor. El punto en debate es el siguiente:

El Poder Ejecutivo Nacional, las Provincias y los Municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción, deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción.

A tal efecto, se establece un período de seis (6) meses, desde la entrada en vigor de la presente ley, a fin de que cada jurisdicción concedente determine, establezca y/o adecúe su regulación, de ser ello necesario, para que se asegure y garantice el pago de las facturas que emitidas y que en un futuro emita la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por los citados conceptos.

Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen. En tal sentido, y vencido dicho plazo, la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del Ministerio de Economía, podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del Sector Público Nacional, la suma que por consumos de energía y potencia adeude a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) el prestador del servicio público de distribución de energía eléctrica a su cargo.