El Gobierno terminó de tensar su relación con los jueces y salió a mostrar una lista de casos testigo con personas que, aún teniendo más de 30 causas judiciales, se encuentran en libertad. Los entredichos entre el gobernador Julio Cobos, quien achacó a la Justicia la culpa por la creciente inseguridad, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, quien contraatacó al Ejecutivo acusándolo de falta de gestión, llegaron a su punto máximo ayer cuando el ministro de Seguridad salió a dar nombres de peligrosos delincuentes que se encuentran en libertad.

     Los casos, que serían más de 500, fueron obtenidos de los sistemas informáticos policiales que maneja la Dirección de Investigaciones.Ayer, el ministro de Seguridad,Miguel Bondino, y el subsecretario de Justicia,Gustavo Castiñeira de Dios, le enviaron a Nanclares un listado de estas personas y públicamente pidieron que tengan un tratamiento distinto cuando vuelvan a cometer un delito. “Estas son personas de extrema peligrosidad para la sociedad, inclusive, operan en bandas que no están desarticuladas, pero están libres”, dijo Bondino, pidiéndoles a los jueces mano dura con las condenas. Los casos testigo fueron entregados a la prensa sin identificación de los delincuentes.

     Pero en el listado, que detalla el tipo de hecho delictivo y el juzgado donde se encuentra, hay medidas judiciales que Bondino confundió con causas. Por ejemplo, pedidos de captura, averiguación de paraderos y citaciones. Además, no muestra si las personas han sido condenadas y ahora están en libertad o, simplemente, están imputados en causas. Bondino, con la expresión más desencajada que se le vio desde que asumió la gestión, intentó culpar a los fiscales por la falta de elementos probatorios al momento de otorgar las condenas, y dijo que muchas veces “no están en las comisarías cuando ese debería ser su único lugar de trabajo”.

     Por su parte, el subsecretario de Justicia pidió a los jueces que si necesitan una modificación de leyes o normativas, retomen el diálogo con el Poder Ejecutivo, y mostró predisposición para comenzar a trabajar en reformas del Código Procesal Penal que den más poder a la Justicia para mantener encerrados a los delincuentes.

RECLAMO.

     Las acusaciones cruzadas signaron la jornada. Por la mañana, Cobos profundizó su contrapunto con la Justicia por la inseguridad, al reclamar “castigo para los culpables” y mayor compromiso de los fiscales en el esclarecimiento de los delitos. El gobernador pegó en dos tiempos. Primero, encaró el tema de los fiscales, sobre quienes recae la responsabilidad de investigar los delitos, y dijo que “hicimos una readecuación de los comisarías y les dimos a los fiscales los mejores espacios físicos pero, en la mayoría de los casos, ellos no están en las comisarías.

     Tal vez, está un ayudante”. Pero cuando la inseguridad había dejado de ser tema de diálogo con la prensa, le llegó la noticia del fuerte reproche de la Corte (ver aparte). Apenas conoció el escueto comunicado, rebatió: “Aquí hay delincuentes frecuentes que entran y salen de la cárcel. Esto no lo dice el gobernador, lo dicen los vecinos y todo el mundo”, expresó. La crítica de Cobos a la Justicia late desde hace tiempo y brotó la semana pasada, cuando un fiscal frenó un allanamiento en Guaymallén e impidió detener a un grupo de delincuentes.

     El caso derivó en una protesta explícita que el ministro de Seguridad, Miguel Bondino, le hizo al jefe de los fiscales, el procurador Rodolfo González. La nueva crítica a los jueces demostró que la carta de la Corte no lo había hecho recular. Sin embargo, cuando le preguntaron si la gestión del ministro de Seguridad, Miguel Bondino, alcanza para un aprobado, se limitó a responder: “Está trabajando, está trabajando”.