Fiscalía de Estado publicó una resolución que amplía y endurece los mecanismos de control sobre sociedades, fideicomisos, asociaciones y otras figuras privadas utilizadas por el Estado provincial para administrar fondos públicos, ejecutar políticas o gestionar contrataciones. La medida, firmada por el fiscal de Estado Fernando Simón, obliga a esos entes a someter determinadas decisiones al control preventivo del organismo antes de concretarlas.
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La resolución parte de un diagnóstico explícito: en los últimos años hubo una “tendencia sostenida” del Gobierno provincial a descentralizar funciones públicas mediante estructuras de derecho privado. Según el texto oficial, estas herramientas permiten “agilizar y eficientizar” la gestión estatal, aunque advierte que no pueden quedar al margen de los controles institucionales previstos por la Constitución y las leyes provinciales.
El nuevo esquema establece que las entidades alcanzadas deberán remitir sus actuaciones a Fiscalía de Estado cuando exista relevancia económica o patrimonial, trascendencia institucional o complejidad jurídica.
Entre los casos que pasarán a revisión obligatoria aparecen operaciones financieras, toma de deuda, transferencias accionarias, inversiones, contratación de auditorías, distribución de dividendos, conciliaciones y actos de disposición patrimonial. También quedarán bajo análisis las contrataciones que excedan el presupuesto habitual o generen controversias legales.
El texto sostiene que el objetivo es evitar un control “a posteriori” que derive en nulidades, litigios o perjuicios económicos para el Estado. En ese sentido, la Fiscalía argumenta que el control preventivo resulta más eficiente para resguardar el patrimonio público y transparentar el manejo de recursos provinciales.
Además, advierte que la falta de remisión de expedientes podrá derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales, civiles o incluso penales para funcionarios y autoridades intervinientes.
La resolución también obliga a los entes alcanzados a informar un domicilio legal electrónico y habilita al fiscal de Estado a dictar normas complementarias específicas para cada organismo, según su estructura y operatoria.
La decisión se publica en un contexto donde distintas sociedades estatales y estructuras mixtas comenzaron a ganar protagonismo en áreas sensibles de la administración provincial, especialmente en materia de infraestructura, financiamiento y contratación de servicios.
Qué empresas están incluídas
El documento establece que estarán bajo esta nueva lógica de control los siguientes tipos de entidades : Empresas públicas, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), Sociedades Anónimas del Estado, Sociedades de economía mixta, Sociedades del Estado, Entes Interestatales e Interjurisdiccionales y Empresas y Entes residuales.
Entre ellas, las más conocidas son Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa), Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa), Sociedad de Transporte Mendoza (STM), entre otras.