El Gobierno publicó este jueves 24 de septiembre una serie de decretos relacionados con procedimientos disciplinarios contra integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial. Las actuaciones incluyen sanciones expulsivas, suspensiones laborales, desafectaciones y resoluciones de recursos administrativos presentados por los propios agentes.
Los documentos corresponden a expedientes iniciados en distintos períodos y contienen tanto medidas adoptadas por el Ejecutivo como revisiones de sanciones anteriores. En varios casos, el Gobierno admitió formalmente las impugnaciones presentadas por los trabajadores, pero rechazó sus argumentos y mantuvo las decisiones administrativas originales.
Cesantías y desafectaciones en el Servicio Penitenciario
Uno de los expedientes corresponde a un agente penitenciario que recibió una sanción de cesantía por no acreditar la finalización de sus estudios secundarios, requisito establecido por el régimen de personal de la institución.
El trabajador cuestionó la medida por considerar que se habían vulnerado sus derechos de defensa y debido proceso. También sostuvo que la acción disciplinaria estaba prescripta y que la sanción resultaba desproporcionada.
Sin embargo, la Asesoría de Gobierno consideró que el incumplimiento del requisito educativo se había prolongado en el tiempo y que las actuaciones administrativas se habían desarrollado dentro de los plazos correspondientes. En consecuencia, el Ejecutivo rechazó el recurso jerárquico y mantuvo la cesantía.
Un comisario investigado
Otro de los decretos aborda la continuidad de un sumario administrativo contra un comisario investigado en dos causas penales, una de ellas vinculada con una denuncia de violencia y la otra con presuntos delitos contra la integridad sexual de una menor de edad.
La defensa había solicitado suspender el procedimiento administrativo hasta que se resolvieran las actuaciones penales. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó el recurso de alzada, respaldando el criterio de que las investigaciones disciplinarias pueden continuar de manera independiente de los procesos judiciales.
Las disposiciones publicadas también contemplan la revisión de sanciones anteriores, cuestionamientos a calificaciones anuales y pedidos de nulidad de procedimientos disciplinarios. En los casos en los que se agotó la vía administrativa, los agentes conservan la posibilidad de recurrir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa.
Suspensiones y recursos administrativos
Las publicaciones también incluyen la revisión de sanciones laborales aplicadas a efectivos policiales y penitenciarios.
Entre ellas, figura una suspensión de cinco días a un policía, que fue confirmada luego de que el Ejecutivo rechazara su recurso jerárquico. El agente había cuestionado la fundamentación de la medida y denunciado una presunta vulneración de su derecho de defensa.
También se registraron expedientes correspondientes a suspensiones de 50 días impuestas a integrantes del Servicio Penitenciario, sujetas a una eventual exoneración. Estas actuaciones fueron objeto de recursos administrativos mediante los cuales los agentes solicitaron revisar las sanciones.