El Gobierno oficializó una serie de decretos vinculados a la situación administrativa y disciplinaria de efectivos policiales y penitenciarios. Las normas, publicadas en el Boletín Oficial este jueves, avanzan sobre no confirmaciones en cargos interinos y el rechazo de recursos administrativos interpuestos por agentes sancionados o desafectados.
Las decisiones se apoyan en dictámenes de Asesoría de Gobierno y de la cartera de Seguridad y Justicia, y remiten a los regímenes previstos en las leyes 6.722 y 7.493.
Lo echaron porque causó disturbios y dio positivo en el control de alcoholemia
El Gobernador firmó el decreto de no confirmación y desafectación de un oficial subayudante, luego de protagonizar un violento episodio en Las Heras mientras aún se encontraba en su periodo de prueba.
El incidente que selló el destino del efectivo ocurrió la madrugada del 14 de junio de 2025. Según el preventivo policial, Ferreyra Milesse se encontraba en el local junto a otra mujer policía. Ambos ocasionaron daños materiales y desórdenes en el lugar.
El oficial arrojó un dosaje de 1,33 g/l de alcohol en sangre, casi el triple de lo permitido para un conductor particular y una falta gravísima para un miembro de las fuerzas de seguridad. El Juzgado Contravencional N° 2 ya lo condenó al pago de 400 Unidades Fijas de multa como autor responsable de infringir el Código de Contravenciones de la provincia.
A pesar de que el oficial no registraba sanciones disciplinarias previas en su legajo, la gravedad de este hecho fue suficiente para que la Dirección General de Policía emitiera un informe demoledor. La cúpula policial estimó que Ferreyra no posee las “características y habilidades éticas” necesarias para guiar la actividad policial.
Lo demandan porque un adicional que cobró de manera indebida
El Ejecutivo provincial ordenó iniciar acciones legales contra un oficial principal, con el objetivo de anular un beneficio salarial que se le otorgó en 2022. En aquel momento, se hizo lugar a un reclamo del oficial para que se le pagara el adicional por su título de Licenciado en Niñez, Adolescencia y Familia, con retroactividad a agosto de 2021.
Sin embargo, tras una revisión técnica de la Dirección de Asesoría Letrada, el actual Ministerio de Seguridad y Justicia detectó un “vicio grave” en esa decisión. Según el dictamen jurídico, la resolución original se dictó con un “exceso de la facultad reglamentaria”, lo que significa que el título no encuadraría en la normativa vigente para percibir ese suplemento salarial específico.
Desafectación de un auxiliar policial investigado
El Decreto 2874 resolvió la no confirmación y desafectación de un auxiliar policial que había sido designado en octubre de 2024. La medida se encuadra en el artículo 47 de la Ley 6722, que también fija un período interino de doce meses sujeto a evaluación expresa.
El efectivo estaba vinculado a actuaciones por “abandono de servicio” y a una compulsa judicial en el marco de una causa por “instigación o ayuda al suicidio”. La Dirección General de Policías consideró que “no es conveniente que continúe su tratamiento”, al entender que no demostró adaptación ni subordinación al régimen policial. El decreto deja abierta la vía recursiva prevista en la Ley 9003.
Tuvo un incidente con un arma y lo expulsaron
El Gobierno de Mendoza ha dejado firme la decisión de desplazar de sus filas a un joven oficial de policía tras un incidente grave con su arma reglamentaria.
El caso tomó un giro particular cuando el ex Oficial Subayudante presentó su descargo. Alegó que, al momento de los hechos, carecía de experiencia laboral y que desconocía los procedimientos de actuación.
Incluso, su defensa intentó encuadrar el hecho como una simple “negligencia o impericia”, argumentando que no hubo intención de atentar contra sí mismo ni contra terceros. Sin embargo, para el Ministerio de Seguridad y Justicia, estas explicaciones no hicieron más que confirmar que el agente no estaba apto para la responsabilidad que conlleva portar un arma del Estado.
Demandan a una Comisario Inspector para anular el pago de un título de odontología
La lupa del Ministerio de Seguridad y Justicia sobre los adicionales salariales no hace distinciones de jerarquía. El decreto en cuestión apunta a demandar judicialmente a una Comisario Inspector, con el fin de anular una resolución que le permitió cobrar un suplemento por título técnico de manera irregular.
El conflicto se remonta a diciembre de 2021, cuando el entonces Ministerio de Seguridad emitió una resolución, reconociéndole a la funcionaria —quien pertenece al Personal Policial de Apoyo— el pago del título de Auxiliar Técnico en Odontología. Este pago incluía un retroactivo por el periodo comprendido entre 2009 y 2013.
Sin embargo, tras una auditoría de la Dirección de Asesoría Letrada, se determinó que dicha resolución adolece de un “vicio grave o grosero”. Según el dictamen, se dictó con un exceso de facultades y está en discordancia con las normas vigentes, lo que genera un perjuicio económico directo para el Estado Provincial.
Otra demanda para anular el pago de un título de Criminalística
El conflicto se remonta al año 2020, cuando en plena pandemia, el entonces Ministerio de Seguridad dictó dos resoluciones (la 1630-S y la 3300-S) para reconocerle al efectivo este título expedido por el Instituto Técnico Superior Juan Vucetich.
Sin embargo, tras una revisión técnica profunda, la Dirección de Asesoría Letrada concluyó que esas resoluciones se dictaron con un “vicio grave o grosero”. El argumento legal es que hubo un “exceso de la facultad reglamentaria”, lo que en la práctica significa que ese título no debería haber sido habilitante para cobrar el adicional según el orden normativo actual.
Ratificaron la sanción disciplinaria contra una auxiliar policial
Finalmente, el Decreto 73 rechazó el recurso jerárquico presentado por una auxiliar policial contra una sanción de 36 días de suspensión. La agente había sido sobreseída en sede penal por el beneficio de la duda en una causa por lesiones, pero cuestionó la sanción administrativa.
Los dictámenes recordaron que, según el artículo 141 de la Ley 6722, la responsabilidad disciplinaria es independiente de la penal. El Ejecutivo ratificó que el sobreseimiento judicial no impide la aplicación de sanciones administrativas y confirmó la resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia.