La Inspección General de Seguridad atraviesa desde hace varias semanas una crisis interna política que caldea los ánimos de sus integrantes y los efectivos que allí trabajan. La IGS es el órgano de control de los policías y penitenciarios de la provincia, el que inicia investigaciones administrativas y pide, cuando encuentra pruebas que la sostengan, sanciones que pueden llegar a la exoneración. Si bien el espíritu de la ley que la creó con la reforma policial, a fines de los 90, tenía como objetivo que se convierta en un área independiente para que no influyan en sus resoluciones, esto nunca llegó a concretarse y el poder político siempre mantuvo injerencia en sus decisiones.
Traslados de policías cuando la ley no es muy clara al respecto e impide que sea de manera arbitraria, también de los miembros políticos; reuniones entre la cúpula del Ministerio de Seguridad y los integrantes, cambios de cerraduras de las puertas y de computadoras de la oficina más importante del edificio de la sede central de calle Montecaseros 1474 de Ciudad, entre otros inconvenientes, forman parte de este escenario de incierto desde que comenzó el año.
Todo, mientras el Gobierno busca modificar la ley para ganar mayor presencia oficial en el Directorio (ya tiene media sanción en el Senado). El Ejecutivo se basa para el cambio en que, durante últimos años de gestión justicialista, con efectivos que respondían al ex vicegobernador Carlos Ciurca, “reinó la corrupción y no se investigaron más de 2.000 causas”.
Lo más destacado –y preocupante, aseguran sectores vinculados a la Inspección– se dio a mediados y fines de febrero pero trascendió hace pocas horas: un memorándum firmado el 17 de ese mes por el subjefe de la Policía, Ricardo Tahan, que ordenó el traslado de los efectivos que integraban el área de Asuntos Internos a diversas distritales, como comisarías, subcomisarías y unidades especiales de patrullaje de toda la provincia. Ese mandamiento de Tahan venía con los nombres de los miembros de la fuerza que iban a ocupar los cargos y el destino de los que debían irse.
En un primer momento, el Directorio de la IGS resolvió mantener al personal que presenta servicios en sede central y delegaciones mediante la resolución 81, sosteniendo que será así mientras “no se disponga lo contrario conforme a lo establecido en la ley 6721”. En la resolución, señaló: “La dependencia orgánica y funcional que dispone la ley hace referencia a que los funcionarios policiales y penitenciarios que prestan servicios en esta IGS dependan laboralmente de este organismo, haciendo necesario que el personal que ingrese o el que sea trasladado cuente con el aval de este Cuerpo Colegiado mediante la correspondiente resolución”.
Básicamente, los efectivos de la IGS no debían ser trasladados por imposición, salvo que les iniciaran sumarios o por un pedido propio, para resguardar la independencia del organismo. Además, los policías que investigan a colegas sufren persecuciones en la misma fuerza, por el trabajo que desempeñan.
Sin embargo, una semana después, llamativamente, el Directorio de la IGS cambió de parecer y volvió a emitir una resolución con respecto al memorándum que ordenaba los traslados, la 82 del 25 de febrero: “Artículo 1º: Autorizar los traslados del personal policial que presta servicios en esta IGS y sus delegaciones de conformidad con los considerandos de la presente resolución”.
El Directorio de la IGS, con Marcelo Puertas (URC) a la cabeza, modificó la idea inicial de mantener a los efectivos que tienen la responsabilidad de investigar a sus pares, después de una reunión que mantuvo con el ministro y el jefe de Gabinete de Seguridad, Gianni Venier y Hugo Sánchez, respectivamente. De acuerdo con fuentes consultadas por El Sol, el encuentro se desarrolló cuando el ministro tomó conocimiento de que la IGS había decidido ir en contra de la resolución de la Dirección de la Policía. En ese sentido, emitieron un nuevo dictamen señalando que lo hacía “por estrictas razones de servicio”. De esta forma, poco más de 20 policías –tres de los que trabajaban en la IGS lograron mantener el puesto–, fueron remplazados en la sede central, San Rafael y Zona Este.
Las críticas se acrecentaron cuando se conocieron los nombres de los policías que fueron designados para la nueva etapa, debido a que varios han sido investigados penalmente y hasta les iniciaron sumarios administrativos por delitos. “¿Cómo un efectivo que fue investigado por violencia de género, por citar uno de los casos más graves, va a investigar a un colega por ese mismo delito?”, se preguntó un miembro de la IGS sobre el tema. Consultado por esto, el titular de la Inspección, Marcelo Puertas, aseguró que conocía los antecedentes de los policías que ingresaron a Asuntos Internos, pero aclaró que ninguno de ellos tuvo condena.
Lo que sí, por citar algunos casos, al nuevo titular de esa área, el subcomisario Oscar Darío Agüero, se le abrió el 15 de setiembre del 2010 mediante oficio, un expediente por amenazas y lesiones (lo que sería hoy violencia de género), el P-40419/10, tras una denuncia de quien era su esposa, ya fallecida. Se originó en la Oficina Fiscal Nº 10 y esto dio inicio al sumario administrativo Nº1216/10 en la IGS. Al caso de este subcomisario, señalado también de cambiar las cerraduras de las puertas de ingreso de Asuntos Internos sin razón específica alguna, se le suman otros compañeros, a quienes también les abrieron sumarios en el órgano de control por diversos casos, como sustracción de su arma reglamentaria, de una moto secuestrada en una comisaría, estafas y acoso a personal policial femenino.
Así, la interna en la IGS está en su punto de ebullición, porque se trata del control de la Policía y de las sanciones que pueden recibir sus integrantes. Algunos sostienen que los efectivos fueron trasladados porque estaban plagados de sospechas y otros los defienden, afirmando que se dio la orden de hacerlo para mantener el manejo sobre el organismo, que debería ser independiente.
Judicializado
Los traslados policiales de la IGS generaron que una de las afectadas, la auxiliar Noelia Aros, presentara un amparo en el 17º Juzgado Civil buscando que se dé marcha atrás con la resolución. La representa el ex ministro de Seguridad Carlos Aranda, hombre del riñón de Carlos Ciurca.
Algunos de los nuevos efectivos, con sumarios
Los policías que investigan a sus colegas forman parte del área de Asuntos Internos en la IGS. Lo que llamó la atención es que a algunos de los nuevos efectivos que la integran les iniciaron sumarios por diversos casos.
Al del subcomisario Agüero, se suman el de Guillermo Bravo, con ese mismo rango, a quien se le inició el sumario administrativo Nº2066 del 2002 por estafa y malversaciones de caudales públicos, “recibiendo una sanción”, según fuentes consultadas. Actualmente, agregaron, se encuentra en proceso concursal de quiebra, por lo que tiene prohibida la salida del país.
Es el caso del oficial principal Fabián Hugo Martínez, a quien se le instruyó un sumario en la IGS –Nº 1105 del 2011– “por la sustracción de una moto que estaba secuestrada en la Comisaría 45ª de Dorrego”. O el de Mariano Gatica, que posee un sumario administrativo en la IGS –el 3186, del 2013– en averiguación de faltas al régimen disciplinario policial. También le iniciaron una investigación administrativa el 18 de mayo del año pasado cuando prestaba servicio en la UEP Maipú, al parecer, por acoso que le hacía al personal femenino.
Este y otros casos, como el del comisario de la delegación Este de la IGS –la Dirección de Policía le asignó personal pero todavía no está creada–, Raúl Antonio Arias –sumario 3554 porque le sustrajeron su arma reglamentaria–, generaron que, en las últimas horas, se ordenara una revisión del personal nuevo asignado.